Una inversora suiza logra los permisos para instalar 9.400 paneles solares en Agullent
La Generalitat concede la autorización administrativa previa y de construcción a la planta fotovoltaica Catalí, con un presupuesto de 2 millones de euros y pese a la oposición del Ayuntamiento de Agullent
Se trata de la tercera central autorizada en la Vall d'Albaida en lo que va de año

La central fotovoltaica proyectada por la multinacional suiza en la zona de Catalí de Agullent. / GVA

La multinacional suiza EBL, a través de su filial en España Besolar Energy, SL, ha obtenido la autorización administrativa previa y de construcción de la Generalitat para ejecutar el proyecto de planta solar "Agullent-Catalí", conformado por 9.408 módulos fovoltaicos, con una inversión próxima a los 2 millones de euros y una potencia instalada de 4,48 megavatios.
La instalación, a la que se opone el Ayuntamiento de Agullent, es la que se encuentra en una fase de tramitación más avanzada de las tres que se contemplan en esta localidad de la Vall d'Albaida, junto a los parques solares previstos en las zonas de Buenos Aires (promovido por la misma empresa) y la Mayansa, ambos ya con pronunciamientos ambientales favorables.
La administración autonómica también ha declarado la utilidad pública de la línea eléctrica de evacuación de 2 kilómetros de longitud entre Agullent y Albaida, que conectará la planta con la red de distribución de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, compañía que ya ha dado luz verde a los permisos necesarios. La declaración lleva implícita la necesidad de urgente ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados en virtud de la Ley de expropiación forzosa: se trata de 12 parcelas, de las cuales 9 pertenecen a los ayuntamientos de Albaida y Agullent (al transitar en su mayoría el trazado por un camino público) y tres a una empresa o a particulares privados.
Las autorizaciones concedidas por el servicio territorial de Industria, Energía y Minas están sujetas a una serie de condicionantes y medidas correctoras. La promotora deberá presentar, en el plazo más breve posible y antes del inicio de las obras, la documentación justificativa de la elevación a público del contrato de arrendamiento de las dos parcelas donde se asentará la central eléctrica. La empresa tiene un plazo máximo de 11 meses para solicitar la autorización de explotación de las instalaciones.
Condicionantes ambientales
Además, durante los trabajos deberá garantizarse la conservación en su totalidad de las dos zonas de vegetación forestal arbolada de 6.650 m2 de superficie incluidas en la zona de actuación. También se mantendrán los abancalamientos del terreno, evitando nivelaciones desproporcionadas, se plantarán y conservarán zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia, se utilizarán zanjas de drenaje o balsas de recogida de agua de escorrentía, se realizarán labores del suelo para facilitar la infiltración y se establecerá una zona de transición y continuidad con la vegetación circundante en los bordes de la instalación, entre otras exigencias.
Antes de poder iniciar las obras, la promotora todavía tiene que recabar la licencia de construcción del Ayuntamiento de Agullent y pagar el correspondiente canon, por una cuantía equivalente al 2% de los costes estimados de las obras. En 2023, el consistorio ya manifestó a la Generalitat su oposición a la planta solar por "consumir nuevos recursos territoriales ocupando suelo no urbanizable", cuando "se dispone de suficiente espacio en las cubiertas de los edificios industriales". Desde la entidad local también defendieron que los suelos productivos que destacan por su valor agrícola "deberían mantenerse en su estado natural" y consideraron improcedente el enterramiento de la línea de evacuación eléctrica bajo el dominio público del Camí del Catalí. Igualmente, la corporación advirtió de posibles dificultades con el tráfico del vecindario que utilza el antiguo Camí Ontinyent-Albaida y de deterioros en los caminos municipales durante la construcción de la planta.
El promotor respondió al ayuntamiento indicando que el porcentaje de ocupación de suelo no urbanizable en la localidad por el proyecto resulta "muy poco relevante" y que, en cualquier caso, las parcelas escogidas como emplazamiento tienen "un valor medio-moderado de capacidad agrológica". La empresa defendió el cumplimiento de la normativa y el trabajo de minimización de impactos paisajísticos.
El servicio de Industria también desestimó el escrito de alegación presentado por dos particulares vinculados a terrenos agrícolas colindantes de vid y olivos que señalaban las posibles afecciones sufridas y cuestionaban el trazado de la línea eléctrica. La promotora respondió recalcando que el proyecto se había diseñado para respetar accesos, sistemas de riego y labores de maquinaria, minimizando la ocupación real. Y declaró su "compromiso de diálogo y minimización de perjuicios" durante las obras.
Plan de desmantelamiento
La resolución de la Generalitat también aprueba el plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y el entorno afectado una vez caduque la vida útil de la planta (en 25 años), con un presupuesto de 275.108 euros. La empresa que proyecta los trabajos deberá constituir una garantía económica para el cumplimiento de estas obligaciones, por un importe de 101.606,40 €.
La planta solar Agullent-Catalí lleva casi seis años tramitándose y ha salido a información pública en dos ocasiones, puesto que la empresa tuvo que introducir una serie de modificaciones para adaptar el proyecto a los requerimientos del Consell en lo relativo a la distribución de paneles y la red viaria para respetar los taludes, caminos y zonas arboladas afectadas. Se trata del tercer parque fotovoltaico que obtiene los permisos de construcción del Consell en lo que va de año en la Vall d'Albaida, tras haber pasado también el filtro otras dos centrales previstas en Castelló de Rugat y Bufali-El Palomar.
Dado que el trazado eléctrico proyectado cruza el barranco Prego, la empresa deberá contar con una autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) antes de iniciarse las obras en la zona de policía del cauce.
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