Ontinyent activa la cesión de la depuradora a la Epsar a la espera del fallo del Supremo

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el contrato de la estación depuradora de Ontinyent con Egevasa, la empresa mixta de aguas de la Diputación de Valencia, ha obligado al ayuntamiento de la capital de la Vall d'Albaida a mover ficha para garantizar la seguridad jurídica en la explotación de las instalaciones.

A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de apelación interpuestos por el consistorio ontinyentí contra las dos sentencias contrarias a sus intereses, el corporación local ha iniciado los trámites para ceder la depuradora la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat Valenciana.

El primer paso oficial de este procedimiento se adoptará este mismo jueves, con la aprobación en el pleno municipal de la apertura de un expediente de mutación demanial, una figura que regula el cambio de uso o destino de un bien perteneciente al dominio público. El punto cuenta con el dictamen favorable previo de la comisión informativa.

La medida viene a ejecutar al acuerdo adoptado por la Comunidad de Vertidos Agullent-Ontinyent, la corporación de derecho público integrada por los ayuntamientos de ambas localidades responsable de la correcta gestión de las aguas residuales de la depuradora compartida. Esta entidad es la titular de la autorización de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que permite que las aguas procedentes de los alcantarillados municipales se puedan verter al río Clariano cumpliendo en todo momento los umbrales que marca la normativa.

La regidora de Sostenibilidad de Ontinyent, Sayo Gandia, condiciona en todo caso la cesión de la depuradora a la Epsar al pronunciamiento que termine adoptando el Tribunal Supremo sobre el litigio promovido por la empresa Aqlara, que impugnó el contrato entre el Ayuntamiento de Ontinyent y Egevasa para la explotación de la Edar. Gandia aventura que la tramitación del expediente se demorará en el tiempo, puesto que requiere de diversos pasos administrativos, por lo que recalca que, si durante el procedimiento se produce una sentencia favorable, el mismo podría quedar paralizado y se mantendría la situación actual.

La regidora recuerda que el juzgado de primera instancia desestimó el contencioso presentado por Aqlara, aunque la empresa privada recurrió y vio aceptados sus argumentos por el TSJCV. Este tribunal emitió dos sentencias en 2025 que determinaron la nulidad del contrato con Egevasa, al considerar que el mismo había caducado en 2014 y que sus sucesivas prórrogas y la adjudicación directa a esta firma eran contrarias a derecho.

Gandia subraya que el ayuntamiento ha explorado todas las vías posibles con la Diputación de Valencia y ha dado audiencia a todas las partes implicadas en el proceso, hasta llegar a la conclusión de que ceder la depuradora a la Epsar es la opción que ofrece una mayor seguridad jurídica "mientras no se resuelva la situación del convenio con la diputación", que de momento se mantendrá vigente a la espera de una sentencia firme.

Un convenio iniciado hace 32 años

Fue en 1993 cuando el Ayuntamiento de Ontinyent y la diputación firmaron el primer convenio para que Egevasa -entonces una empresa 100% pública- explotara la depuradora en régimen de gestión directa. En 1999, la corporación provincial privatizó el 49% de la citada mercantil, una circunstancia a la que se agarró Aqlara para exigir la revisión del convenio. En 2004, el consistorio y la diputación renovaron el acuerdo de explotación por un periodo de 10 años prorrogable hasta un máximo de 50, en este caso por gestión indirecta. En 2013 volvió a renovarse el documento, pero según el TSJ la diputación "nunca adoptó acuerdo al respecto", lo cual supuso -según este tribunal- la pérdida de vigencia del contrato.

El Ayuntamiento de Ontinyent también está a la espera de que se resuelva su recurso contra la sentencia del juzgado de lo contencioso nº1 de València que anuló el convenio regulador del servicio de abastecimiento del agua potable firmado con la mercantil Egevasa, igualmente a raíz de un recurso de Aqlara.

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