La tasa de recogida de la basura rozará los 100 euros en 15 municipios de la Costera

A escasos meses para la puesta en marcha del nuevo modelo de recogida selectiva de la basura puerta a puerta, la Mancomunitat de la Costera-Canal ha aprobado de forma inicial una nueva ordenanza reguladora de la tasa que sitúa en 98,58 euros la tarifa media que pagarán la mayoría de las viviendas en los 15 municipios agrupados en la prestación conjunta del servicio (Barxeta, Cerdà, Enguera, El Genovés, la Granja de la Costera, Llocnou, Llanera, la Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà, Torrella, Vallada y Vallés).

En el caso de residir en un chalé de un diseminado residencial, la cuantía se rebajará un 70%, hasta los 29,57 euros. Las viviendas de uso turístico pagarán 189,27 euros.

Este mismo lunes, la entidad supramunicipal ha dado un nuevo paso hacia la adjudicación definitiva del nuevo contrato (por 1,8 millones de euros anuales) que sustituirá los contenedores por la recogida individualizada. El presidente de la Mancomunitat, José Luis Gijón, estima que el sistema 'puerta a puerta' podría comenzar a implantarse a partir de Pascua, puesto que la nueva concesionaria de la basura precisará de un periodo transitorio para incorporar el material y la maquinaria necesarias correspondientes a la gestión. Un escenario similar al que se maneja en Ontinyent.

La ordenanza abre la puerta a que los municipios integrantes puedan proponer la aplicación de bonificaciones o reducciones específicas en la tasa para sus vecinos. En ese caso, la iniciativa correrá a cargo de cada ayuntamiento y deberá ser posteriormente aprobada por el pleno de la Mancomunitat. Este organismo también podrá establecer con carácter general las bonificaciones que considere procedentes dentro de la ley.

Según las tarifas inicialmente aprobadas, los comercios al por menor, los de juego o espectáculos recreativos pagarán 215,99 euros por el recibo de la recogida, mientras que para las actividades de restauración y educación la tarifa oscilará entre los 414 € y los 1.976 euros en función de las dimensiones del local. Los comercios de alimentación, supermercados y bazares pagarán entre 243,9 € y 1.619 €, mientras que las oficinas, talleres y resto de actividades abonarán de 133 € a 1.623 € y las gasolineras, entre 683 € y 1.646 €. En cualquier caso, la ordenanza recalca que las tarifas medias aplicables se corregirán "en función de los ingresos generados por el sistema en cada localidad en relación con la media de esos ingresos para el conjunto de los 15 municipios".

Aunque durante el primer año de la puesta en marcha del 'puerta a puerta' la tasa será la misma para todas las poblaciones, de cara a 2027 la Mancomunitat prevé comenzar aplicar una fórmula de pago por generación para compensar la subida y premiar a las familias y los negocios que cumplen con el reciclaje para incentivar las buenas prácticas. En ese sentido, el organismo quiere impulsar una gran campaña de concienciación para reducir los residuos que van a parar a vertedero. Gijón recalca que la Unión Europea obliga a cumplir con unos estándares de reciclaje y recuerda que el 'puerta a puerta' es la única opción planteada por los técnicos consultados para poder alcanzar dichos objetivos y evitar sanciones.

Las discrepancias en torno al incremento del coste vinculado al sistema propició la salida del modelo mancomunado de la recogida de basura de los ayuntamientos de l'Alcúdia de Crespins y la Font de la Figuera, que han preferido apostar por el quinto contenedor para la fracción orgánica, al igual que Xàtiva. El gobierno de l'Alcúdia presumió la semana pasada de quem en 2026 la tasa de recogida en este municipio será de solo 49 euros, contraponiendo este importe con el resto de localidades de la Costera donde "pagarán el doble". En Ontinyent, donde también se implantará el 'puerta a puerta' en 2026 para todas las fracciones, la tasa subirá un 20%, hasta los 125 euros, aunque el consistorio prevé compensar ese incremento en 2027 a los vecinos que reciclen.

Cabe recordar que la tasa de recogida es independientemente del recibo correspondiente al tratamiento y la eliminación de la basura, que gira el Consorcio de Residuos (COR) y que también se estima que subirá de media un 17% en 2026, hasta los 125 euros como promedio.

Alegaciones en l'Alcúdia de Crespins

Por otra parte,el portavoz de Compromís en l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, ha presentado ante el Ayuntamiento una serie de alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, "con el objetivo de conseguir una regulación más equitativa, participativa y adaptada a la realidad social del municipio".

La iniciativa, registrada dentro del plazo de información pública, pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales, especialmente en aquellas que afectan directamente la economía de las familias y el tejido comercial local. n sus alegaciones, Garrigós destaca que la subida prevista de la tasa "podría tener un impacto económico y social desproporcionado", sobre todo para las familias con menos recursos, las personas mayores con pensiones bajas y los pequeños comercios que hacen frente al encarecimiento general del coste de vida.

El escrito pide que se tenga en cuenta la necesidad de elaborar un estudio de impacto social antes de consolidar ningún incremento y propone ampliar las bonificaciones actuales del 25% —previstas para hogares en riesgo de exclusión social o con discapacidades superiores al 34%— para incluir también otros situaciones de vulnerabilidad real como por ejemplo familias numerosas o monoparentales, pensionistas con ingresos mínimos, personas paradas de larga duración, vecinos que viven solos o personas con discapacidad a partir del 33%.

Otra de las cuestiones centrales para Compromís la ausencia de una consulta ciudadana previa, tal como recoge el artículo 133.1 de la Ley 39/2015. Según Garrigós, “una medida que afecta todos los hogares y empresas del pueblo tendría que haber contado con un proceso abierto de participación y debate público”.

En este sentido, solicita que se convoque una audiencia pública o reunión informativa antes de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza, para fomentar la transparencia y la confianza entre administración y ciudadanía.

"La presentación de estas alegaciones no tiene un carácter de confrontación, sino de colaboración y mejora", apunta Garrigós, para quien “nuestro objetivo no es oponernos a la necesidad de sostener los servicios públicos, sino garantizar que la contribución de cada vecino sea proporcionada, solidaria y ajustada a la realidad social actual”.

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