Un técnico del COR cuestiona la legalidad del millonario contrato de la basura

En 2010, el Consorcio de Residuos V5 (COR) con sede en Xàtiva formalizó un millonario contrato con la UTE Vytrusa que pivotaba en torno a la construcción y explotación de unas instalaciones para la valorización y eliminación de la basura de cinco comarcas: la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora. La adjudicataria ganó el concurso con la oferta de unos terrenos en Llanera de Ranes cuya propiedad correspondía a otra sociedad con la que Vytrusa había pactado poco antes constituir a futuro un derecho de superficie -condicionado a la obtención de la licencia de obras- a cambio de un pago variable en función de las toneladas de residuos que ingresaran en el complejo.

Quince años más tarde de aquella operación, el COR sigue sin disponer de la planta de tratamiento propia, mientras continúa examinando diferentes opciones. En el marco de unas actuaciones de comprobación de la situación jurídica de los terrenos de la planta de Llanera, un Técnico de Administración General (TAG) del organismo supramunicipal ha emitido en los últimos días una serie de informes y diligencias que ponen en cuestión el elemento nuclear que da validez al contrato, al vincular a la concesionaria con una supuesta "ocultación prolongada y deliberada de la falta de cumplimiento de un requisito esencial", como es la exigencia de acreditar la disponibilidad legal de esa bolsa de suelo, controlada por uno de los antiguos responsables de la constructora Llanera. Una tesis que ha llevado incluso al funcionario a informar a la comisión de gobierno del COR de posibles "indicios racionales de criminalidad" por si, llegado el caso, se considera necesario dar traslado al Ministerio Fiscal.

Los informes han generado una sorpresa mayúscula en la misma cúpula del Consorcio de Residuos V5. Su presidente, Elio Cabanes, asegura que han sido elaborados no por encargo, sino "a iniciativa propia" del técnico, aunque señala que van a trasladarse a la asistencia jurídica del COR para que se pronuncie sobre el fundamento de las aseveraciones del funcionario y las repercusiones que las mismas pueden tener.

El autor de la diligencia técnica sostiene que, durante el procedimiento de la licitación del contrato, la empresa "no aportó en ningún momento los títulos de propiedad de la sociedad dueña de los terrenos" ni un informe de valoración de los inmuebles. Tampoco ve acreditada la inscripción en el Registro de la Propiedad del derecho de superficie -condicionado en todo caso a la licencia de obras de la planta para tener validez-, lo que considera un posible incumplimiento de la Ley del Suelo. El técnico sostiene como "constatado" que, hasta la fecha, la empresa "nunca ha ostentado la titularidad dominicial ni el derecho de superficie sobre finca alguna situada en término de Llanera"

Desde la concesionaria niegan tajantemente cualquier tipo de irregularidad y defienden que cuentan con todas las escrituras de los terrenos conforme a la ley. Aunque en la empresa desconocían ayer el contenido de los informes, dado que no se les había dado traslado, estas fuentes aseguran que las acusaciones no se ajustan a la documentación transmitida, la cual, indican, es pública y ya se había puesto en conocimieno del COR.

El 17 de octubre, el técnico requirió a Vytrusa que aportara en un plazo de 5 días hábiles el título acreditativo de la disponibilidad de las parcelas. El 31 de octubre, la concesionaria presentó una serie de alegaciones y diversos documentos relacionados con el proyecto, junto con una copia de las escrituras de constitución del derecho de superficie sujeto a la eventual licencia de obras.

El TAG sostiene que se pueden haber producido "perjuicios económicos (para la administración) y una alteración de la legalidad contractual", tras recordar que la empresa ha gestionado durante más de una década la concesión del COR. Según el técnico, en la situación actual, "los terrenos pueden ser embargados por deudas de los propietarios, lo que produciría una situación perjudicial para los intereses prúblicos".

La concesionaria pidió una ampliación de plazos para aportar más documentación, pero el técnico denegó la petición.

Desavenencias entre empresas

La construcción de la macroplanta de residuos de Llanera de Ranes fue paralizada hace diez años, durante el gobierno del PSPV y Compromís en la Generalitat y el COR, pero nunca acabó de enterrarse. Bajo el reciente mandato de la expresidenta del Consorcio Susana Navarro (PP), se tanteó la posibilidad de reactivar el proyecto reduciendo sus dimensiones y se retomaron las gestiones para intentar que el Consell aprobara el Plan Especial iniciado hace más de una década para dar viabilidad a las instalaciones.

Tras quedar la planta en suspenso, entre Vytrusa y la empresa propietaria de los terrenos surgieron desavenencias que desembocaron en diversos litigios judiciales. Aunque Compañía Valenciana de Contratación quiso romper el contrato para la cesión de los terrenos y reclamó una millonaria indemnización a la concesionaria por no realizar las obras previstas, la Justicia rechazó ambas pretensiones. Entre ambas firmas también hubo un conflicto reciente ante el Registro de la Propiedad en lo relativo a la inscripción del derecho de superficie de los terrenos.

El alquiler de las parcelas se firmó por 25 años a cambio del pago a la propietaria de 8,5 euros por cada tonelada que entrara en la planta de residuos al año. Inicialmente, se calculaba la llegada de una media de unas 145.000 toneladas anuales, lo que implicaba el pago de más de 30 millones de euros como contrapestación, sumado a un canon retributivo.

La adjudicación del contrato para la construcción del vertedero de Llanera contó con el voto particular negativo de los dos técnicos de la Generalitat Valenciana en la mesa de contratación. Las quejas de otros actores interesados en el concurso no tuvieron recorrido legal.

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