El secretario del COR pide llevar a la Fiscalía las presuntas irregularidades en la contrata de la basura

El desconcierto se ha acrecentado entre los representantes políticos que integran la cúpula del Consorcio de Residuos V5 (COR) con sede en Xàtiva a tenor de los últimos acontecimientos desatados por los diferentes informes emitidos de oficio en las últimas semanas por el Técnico de Administración General (TAG), que aprecian posibles indicios de delito en la actuación de la empresa encargada de la millonaria contrata de la basura.

Ante las discrepancias entre el criterio del funcionario público y el del letrado-asesor jurídico del organismo supramunicipal, que evacuó un contrainforme a petición de la gerencia que descarta la existencia de cualquier indicio de criminalidad por parte de Vytrusa, el secretario del COR se ha pronunciado y ha trasladado a los miembros de la Comisión de Gobierno la procedencia de remitir al Ministerio Fiscal ambos puntos de vista, para que esta institución sea la que "disponga de las actuaciones que correspondan".

En su informe, emitido este pasado miércoles, el secretario justifica también su postura debido a la "complejidad de las cuestiones planteadas", antes de recalcar que no es especialista en derecho penal. El funcionario de mayor rango del Consorcio, por ello, evita "prejuzgar en modo alguno la apreciación que corresponda efectuar" a la Fiscalía.

Como ha venido informando en exclusiva este diario, el TAG del COR aprecia la posible existencia de un incumplimiento culpable por parte de la empresa concesionaria, derivado de la presunta falta de acreditación de la plena disponibilidad de los terrenos de la planta de Llanera de Ranes con los que ganó el concurso para la gestión del tratamiento y la eliminación de la basura de cinco comarcas en 2009. Esta circunstancia, según admite el secretario en su informe, "podría dar lugar a la resolución del contrato de concesión y a la exigencia de los daños y perjuicios ocasionados al Consorcio". En este escenario, el habilitado nacional considera procedente que el citado funcionario informante "instruya y tramite el procedimiento administrativo correspondiente, con sujeción estricta a los requisitos y trámites procedimentales legalmente aplicables".

La comisión de gobierno convocada por la presidencia de la entidad para el próximo martes incluye en el orden del día un primer punto que contempla dar cuenta a los integrantes de las "actuaciones para la comprobación de la situación de los terrenos de la planta de Llanera". Algunas fuentes en la cúpula del COR confiesan estar "en shock" por las últimas informaciones, y de momento reina la prudencia.

Polémica

El último informe emitido por el TAG del Consorcio amplía a cuatro los indicios de delito observados en torno a la no disponibilidad efectiva del suelo de Llanera por parte de la concesionaria, una situación que, según el funcionario, se ha "ocultado" durante 15 años, generando -añade- una "relación contractual viciada por un engaño esencial". Vytrusa constituyó un derecho de superficie sobre las parcelas en cuestión -propiedad de otra empresa-, condicionado a la concesión de los permisos para la construcción de la planta de Llanera de Ranes. Las escrituras, sin embargo, todavía no están inscritas en el Registro de la Propiedad. Según ha revelado el técnico, además, la contratista ha promovido el embargo de una parte de los terrenos, que podrían salir a subasta pública.

En sus alegaciones durante el procedmiento, Vytrusa negó la ocultación de información y defendió que los títulos aportados en su día relativos a la disponibilidad de los terrenos fueron valorados positivamente por el COR y cumplen los requisitos legales. La empresa también apeló a las diferentes vicisitudes de los últimos años que obligan a modificar el proyecto inicial y al redimensionamiento de las instalaciones de eliminación, haciendo hincapié en que en la actualidad no están definidos cuáles serán los terrenos finalmente destinados para la planta de residuos. Una argumentación similar señala el informe del asesor jurídico del COR, que defiende la validez del contrato y considera "imprudente" e "improcedente" actuar contra la concesionaria, al descartar incumplimientos culpables y considerar que la empresa sí podría disponer de los terrenos.

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