El Consell estudia legalizar un almacén de vehículos pesados con orden de cierre en Ontinyent

El servicio territorial de Urbanismo de la Generalitat ha admitido a trámite la solicitud de declaración de interés comunitario (DIC) solicitada por una empresa de excavaciones y transportes para la regularización de una actividad de almacenamiento de vehículos pesados en suelo no urbanizable de Ontinyent sobre la que pesa una orden de cierre dictada por el ayuntamiento de esta localidad.

La mercantil Excavacions Germans Esteve, SL presentó en julio un proyecto de legalización acompañado de un estudio de integración paisajística ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para evitar el desmantelamiento de su base logística y operativa, ubicada junto al camí de la Farola de Ontinyent, en la partida Caputxins. La parcela en cuestión se ubica en suelo no urbanizable protegido, la mayor parte catalogado como de especial protección agrícola y paisajística, mientras que la franja oeste de los terrenos (la que recae al camino de titularidad municipal) afecta a suelo no urbanizable de protección por Infraestructuras (carreteras).

Las edificaciones de la actividad -que consiste en el almacenamiento de vehículos industriales, remolques y maquinaria pesada- ocupan cerca de 100 metros cuadrados de superficie, aunque hay otros 1.000 m2 ocupados por viales y zona de aparcamiento en la parcela.

La documentación presentada defiende que el citado emplazamiento lleva en funcionamiento sin cambios sustanciales desde antes del 20 de agosto de 2014. Una circunstancia a la que se acoge la empresa para defender la improcedencia de adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto a las construcciones existentes.

El promotor de la actuación proponía abonar un canon de 534,51 euros por la DIC, tomando como referencia la valoración de las edificaciones en el año 2000. Sin embargo, la conselleria no acepta este cálculo porque entiende que ello supondría "dar legitimidad jurídica a unas obras realizadas sin las correspondientes autorizaciones y licencias". Por eso, la administración autonómica estima que el canon debería elevarse a unos 1.046,87 euros, al tomar como base los precios a fecha de 2025, dado que es ahora cuando se pretenden regularizar los elementos que confoman la actividad. En cualquier caso, deberá ser el Ayuntamiento de Ontinyent el que proponga el canon a cobrar, valorando tanto el planteamiento de la empresa como las consideraciones de la conselleria.

DIC para 30 años

Aunque la promotora ha pedido que la duración de la DIC sea de 30 años, no ha justificado la disponibilidad de los terrenos más allá del 1 de julio de 2030 (cuando vencería el contrato de arrendamiento que firmó en julio con la propiedad del suelo), por lo que Urbanismo recalca que no será posible conceder un plazo más amplio a la DIC salvo que, a lo largo del procedimiento, la empresa proceda a aportar dicha justificación por el plazo de tres décadas pretendido.

El servicio autonómico ha sometido a información pública el inicio del procedimiento para la concesión de la DIC y ha solicitado los correspondientes informes de los distintos departamentos y órganos competentes de las administraciones estatal, local y autonómica que pudieran verse afectados en sus respectivas competencias sectoriales. También se solicita un informe al Ayuntamiento de Ontinyent que deberá versar sobre el contenido de la propuesta de regularización, las cuestiones a valorar indicadas en el documento y otras consideraciones que se crean oportunas.

La empresa defiende que la consolidación de su base logística y operativa entraña una serie de beneficios relevantes, como dar estabilidad al empleo local que genera o proporcionar "eficiencia operativa" al sector de la construcción. También sostiene que la actividad aporta una contribución económica al municipio a través del pago de tasas e impuestos, a tiempo que evita el estacionamiento disperso e inadecuado de vehículos pesados en diferentes parcelas, al concentrarlos en un recinto controlado. La instalación de módulos prefabricados en lugar de edificaciones permanentes, aseguran además, minimiza el impacto sobre el terreno. El estudio de la promotora plantea también una serie de medidas para reducir las posibles afecciones sobre el medio.

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