El PSPV exige "transparencia" en el COR por la crisis de los terrenos de Llanera
El partido acusa a la presidencia y la gerencia del organismo de poner en cuestión a los servicios técnicos y pide que se solicite un dictamen urgente de la Abogacía de la Generalitat para aclarar si la falta de disponibilidad del suelo puede derivar en la nulidad del millonario contrato de la basura con Vytrusa
Paqui Momparler, secretaria de Mancomunidades y Coordinación de Consorcios del PSPV provincial. / Perales Iborra
La crisis interna desatada en el Consorcio de Residuos V5 (COR) tras los informes técnicos que ponen en duda la disponibilidad real de los terrenos de Llanera de Ranes vinculados al contrato con la concesionaria Vytrusa ha traspasado a la esfera política. El PSPV-PSOE de la provincia de València ha reclamado este miércoles "mayor transparencia y responsabilidad institucional" en el organismo con sede en Xàtiva que gestiona el tratamiento y la eliminación de la basura de cinco comarcas.
Tal como Levante-EMV ha venido informando en exlusiva en las últimas semanas, el Técnico de Administración General (TAG) del COR sostiene en sus escritos que la empresa no ha acreditado la titularidad ni la disponibilidad efectiva de las parcelas donde debía construirse la planta, ya que el derecho de superficie previsto no llegó a inscribirse en el Registro de la Propiedad y estaba supeditado a una condición suspensiva. El funcionario también advierte de embargos y posibles subastas sobre parte del suelo, lo que comprometería el propio contrato.
El PSPV considera “incomprensible” la respuesta de la presidencia y la gerencia del consorcio, a quienes acusa de poner en cuestión el trabajo de los servicios técnicos. Paqui Momparler, secretaria de Mancomunidades y Coordinación de Consorcios del PSPV provincial, critica que la dirección haya restado importancia a la falta de acreditación de los terrenos, “un requisito esencial del contrato”, y reprocha que se haya intentado “minimizar el problema”.
Para los socialistas, la gestión de la crisis ha generado dudas sobre si se está actuando en defensa del interés público o si se está favoreciendo a la concesionaria. Momparler también subraya que la trayectoria profesional de la gerente obliga a extremar las garantías de imparcialidad para evitar cualquier sombra de parcialidad.
El PSPV-PSOE exige solicitar de forma urgente un dictamen independiente a la Abogacía de la Generalitat para aclarar si la situación puede derivar en una nulidad del contrato. “Debe ser un órgano externo quien marque el camino jurídico”, concluye Momparler.
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