La basura de cinco comarcas, bajo lupa tras 15 años de incertidumbre

La palabra «transitorio» viene del latín transitorius y significa «pasajero, que dura poco tiempo». La basura que generan a diario los 350.000 ciudadanos de la Costera, la Safor, la Canal, la Vall d’Albaida y el Valle de Ayora, sin embargo, lleva casi 16 años vagando sin un destino fijo.

En diciembre de 2009, la asamblea de ayuntamientos adheridos al Consorcio de Residuos V5 (COR) adjudicó a la UTE Vytrusa (FCC-Dimesa) la gestión de los residuos de estas cinco comarcas a cambio de 21 millones de euros al año.

La concesionaria ganó el concurso con una propuesta para ubicar el complejo de valorización y eliminación de la basura en Llanera de Ranes. El proyecto despertó un gran rechazo social y contó con el voto contrario y el informe particular de los dos técnicos representantes de la conselleria en la comisión técnica del consorcio, que dejaron por escrito que disentían «expresamente de la argumentación, criterios, repartos y puntuaciones aplicados» en la baremación, debido a las «omisiones» e «irregularidades» detectadas.

La contrata echó a andar con un «periodo transitorio» hasta la construcción de la planta que debía durar cinco años, pero que se eterniza hasta la actualidad, con la instalación en suspenso y a la espera de decidirse un posible cambio de emplazamiento desde 2016, cuando un giro político y las dudas de todo tipo que suscitaba la actuación —que no había reunido los permisos ambientales necesarios dentro del plazo marcado—abocaron a iniciar una nueva hoja de ruta que tampoco acabó de materializarse.

Mientras tanto, las decenas de miles de toneladas de deshechos del territorio se transportan a diario a otras plantas alejadas del mismo. El millonario contrato de la basura está ahora sujeto a una investigación interna iniciada por la gerencia del COR para determinar si procede resolverlo ante la existencia de un posible «incumplimiento esencial que afecta al interés público».

El expediente se abrió el 26 de noviembre a partir de un informe de la secretaría que lo recomendaba tras las diligencias practicadas de oficio por un Técnico de Administración General (TAG) que apreció irregularidades y hasta 4 posibles indicios de un delito de estafa en torno a la falta de disponibilidad material de los terrenos de Llanera por parte de la concesionaria.

La empresa constituyó un derecho de superficie sobre las parcelas en cuestión —condicionado a la obtención de los permisos para la construcción de la planta— a cambio de un pago variable a la propietaria del suelo —ligada a un conocido promotor inmobiliario—en función de las toneladas de basura que ingresaran en el complejo. Pero las escrituras no figuran todavía inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que, a juicio del funcionario, supondría una «alteración de la legalidad del contrato». La instrucción interna, según la gerencia, permitirá evaluar formalmente el supuesto incumplimiento y, en su caso, aplicar a la firma las penalidades y la indemnización de daños y perjuicios correspondientes.

De forma paralela, la Policía Nacional mantiene otra investigación abierta a raíz de la denuncia que presentó el TAG del Consorcio advirtiendo de una posible manipulación documental en el expediente de la planta de Llanera, por la aparición de una nota simple de los terrenos sin cuñar que, según el funcionario, no estaría con anterioridad a la emisión de sus informes.

Intensa litigiosidad

El COR ha aparcado de momento la decisión de llevar a la Fiscalía las sospechas del TAG -como recomendó el secretario- a la espera de un informe encargado a la Universitat de València (UV). El Consorcio ya solicitó otro informe a un asesor jurídico externo que descartó la existencia de ilícitos penales y consideró improcedente la revisión del contrato. Lo cierto es que la adjudicación se ha enfrentado en los últimos 15 años a decenas de alegaciones, denuncias, recursos y demandas (alguna por la vía penal) que han terminado desestimadas.

El contrato nació envuelto en la polémica dentro y fuera de los despachos y, desde entonces, no ha podido liberarse de ella. En 2010, una decena de ayuntamientos recurrieron el concurso por vía contenciosa señalando que se había obviado el requisito de que las empresas acreditaran previamente la idoneidad geotécnica e hidrológica de los terrenos que proponían para las instalaciones. Una de las licitadoras en el concurso denunció un presunto «pelotazo» en los terrenos de Llanera, cuestionando el precio ligado al acuerdo ganador. Y un constructor declaró en el juzgado una supuesta operación para intentar amañar el contrato, aunque la jueza instructora no apreció indicios de credibilidad y archivó el caso, en 2016.

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