Compromís lamenta que se han "tumbado" todas sus alegaciones a la tasa de basura en l'Alcúdia de Crespins

El grupo municipal de Compromís en l'Alcúdia de Crespins ha lamentado que "el gobierno local del PP ha dado la espalda a la ciudadanía y ha rechazado todas las alegaciones a la ordenanza de residuos, castigando especialmente a las personas con una minusvalía del 33%, lo que afecta a más de 100 vecinos".

Así, el portavoz municipal Pepe Garrigós ha "denunciado públicamente la actitud autoritaria e insensible del equipo de gobierno, que ha decidido rechazar en bloque todas las alegaciones presentadas a la modificación de la ordenanza de la tasa de residuos, sin aceptar ni una sola propuesta de mejora social".

"Especialmente grave resulta el tratamiento dado a las personas con discapacidad. La ordenanza fija una bonificación únicamente a partir del 34% de minusvalidez, dejando fuera de cualquier ayuda a centenares de vecinos y vecinas con un 33% de discapacidad reconocida, un umbral que no es casual, sino que marca el acceso a derechos básicos en muchas normativas públicas. Esta decisión es arbitraria, injusta y socialmente cruel, y demuestra una absoluta falta de sensibilidad hacia uno de los colectivos más vulnerables del municipio", prosiguen las mismas fuentes.

"Resulta incomprensible que el Javier Sicluna presuma de criterios sociales mientras niega bonificaciones a pensionistas con ingresos mínimos, familias monoparentales, personas que viven solas, parados de larga duración o personas con discapacidad, muchas de ellas con serias dificultades económicas. La bonificación del 25% aprobada es claramente insuficiente y excluyente, y se utiliza más como coartada política que como una verdadera medida de justicia social", comentaron desde Compromís.

Además, exponen que "el propio expediente reconoce que no se realizó la consulta pública previa, amparándose en el hecho que la ordenanza no tiene impacto significativo. Una afirmación que frota el sarcasmo cuando hablamos de una tasa que afecta el 100% de las viviendas y comercios del municipio y que supone un nuevo golpe al ya castigado bolsillo de la ciudadanía".

"El mensaje que lanza el equipo de gobierno está claro: recaudar primero y escuchar después… si queda tiempo, priorizar números frente a personas e ignorar las aportaciones ciudadanas aunque estén razonadas y fundamentadas", apuntan.

Por último, Garrigós exige "la revisión inmediata de la ordenanza, la inclusión de la bonificación desde el 33% de discapacidad, sin trampas ni exclusiones y la ampliación de ayudas a colectivos vulnerables reales". Además, piden "la apertura de un verdadero proceso de participación ciudadana, transparente y honesto". "Gobernar no es imponer. Gobernar es escuchar, corregir y proteger a quién más lo necesita. En esta ordenanza, el Ayuntamiento ha hecho exactamente el contrario", apostillan.

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