El Consell descarta Santa Clara como sede del Palacio de Justicia de Xàtiva y busca "nueva ubicación"

La Conselleria de Justicia ha confirmado su decisión de renunciar al proyecto de transformar el antiguo convento deSanta Clara en la sede del nuevo Palacio deJusticia de la capital de la Costera, una obra que llevaba varios años incluyéndose en los presupuestos autonómicos y que iba a suponer una inversión global de 25 millones de euros.

La intención ahora es buscar una nueva ubicación fuera del casco antiguo, en un espacio más «accesible, cómodo, funcional y adecuado a las necesidades reales y actuales de la ciudadanía y los operadores jurídicos», según el departamento autonómico. que está buscando una nueva ubicación para el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva para que "pueda localizarse en un espacio más accesible, cómodo y funcional y adecuado a las necesidades reales y actuales de la ciudadanía y los operadores jurídicos". Tal como adelantó Levante-EMV, las dudas del Consell habían creado mucha incertidumbre en la capital de la Costera. Ahora, después de ocho años de gestiones y una inversión ya realizada en el proyecto, se confirma que se descarta el BIC como sede.

Así se lo ha trasladado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en la reunión mantenida esta mañana en la Conselleria para abordar el avance de esta nueva infraestructura judicial "tan demandada y necesaria para este municipio".

“La búsqueda de un nuevo espacio es una prioridad para este Consell. Somos conscientes de lo necesario que es dotar a Xàtiva de un nuevo Palacio de Justicia. Por eso, por una cuestión de interés general, para estar a la altura de lo que precisa la ciudadanía y los operadores jurídicos, se hace necesario hallar una nueva ubicación para que esta infraestructura sea más accesible, más cómoda y más funcional”, ha explicado la consellera.

A su vez, desde la conselleria de Justicia defienden que "en los últimos años, la Generalitat está construyendo las infraestructuras, sobre todo aquellas de carácter supramunicipal donde confluyen un mayor número de usuarios -como es el caso de las sedes judiciales- en las afueras de las ciudades, con el objetivo de garantizar la correcta accesibilidad, movilidad y seguridad, como es el caso de las últimas sedes como Gandia, Llíria, Alzira, Vila-real o las Ciudades de la Justicia de Valencia o Castellón, o de las que están en fases iniciales como Ontinyent o Sagunto".

"A todo ello se añade la propia idiosincrasia de la administración del Servicio Público de Justicia, que precisa de espacios muy específicos para su correcta prestación; además de los cambios que se han generado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce la necesidad de espacios más flexibles", prosiguen las mismas fuentes de la administración autonómica.

Un informe encargado por la propia conselleria, sin embargo, determinó que el edificio de Santa Clara era apto para adaptarse a esta normativa estatal. Como avanzó este diario el lunes, en su última visita a Xàtiva en diciembre, la consellera ya había abordado con los abogados —mayoritariamente contrarios al emplazamiento deSanta Clara— posibles ubicaciones alternativas para construir la sede judicial, aunque por ahora no hay una propuesta sólida encima de la mesa.

“Con esta decisión, madurada y consensuada con los operadores jurídicos, buscamos dar respuesta a las necesidades reales y actuales de un proyecto que debe realizarse con garantías y pensando en el uso eficiente de los recursos públicos y en el interés ciudadano”, ha defendido la titular de Justicia.

"Un erro rhistórico"

“Hablamos de un proyecto clave no solo para Xàtiva, sino también para La Costera y La Canal de Navarrés, y así lo entendemos. Y, por ello, Xàtiva cuenta con el compromiso de la Generalitat para que este proyecto, que se ha prolongado en el tiempo por más de 20 años, sea una realidad lo más pronto posible”, ha explicado la consellera.

"Debemos ver más allá y pensar en términos de partido judicial y de comarca, más allá del municipio. No se trata de ofrecer un servicio que se dirige únicamente a los setabenses, se trata de dar cobertura a los más de 87.000 habitantes de los 26 municipios que conforman el partido judicial", ha comentado Núria Martínez.

La decisión ha despertado un hondo malestar en el Ayuntamiento de Xàtiva, que rechaza frontalmente el cambio de ubicación. El alcalde, RogerCerdà, la califica como «un error histórico e incomprensible» y acusa a la conselleria de «tirar por tierra un proyecto ya hecho y presupuestado». El consistorio defiende que el antiguo convento de Santa Clara es la opción que «había sido trabajada, planificada y defendida institucionalmente durante los últimos años». A juicio del equipo de gobierno setabense, lo que está en juego es «invalidar casi una década de trabajo técnico, administrativo y político llevado a cabo por el ayuntamiento y la propia conselleria, con el objetivo de dotar a la ciudad y a su partido judicial de una sede judicial moderna, digna y funcional».

"La decisión no es técnica, es política"

La corporación municipal de Xàtiva adquirió en 2018 el Convento de Santa Clara, un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la voluntad de destinar una parte del complejo a la nueva sede judicial. Posteriormente, en 2021, la parcela correspondiente fue cedida a la Conselleria de Justicia, cumpliendo todos los requisitos necesarios para hacer viable el proyecto.

En 2023, además, la Generalitat adjudicó la redacción del proyecto del nuevo Palacio de Justicia en dicho emplazamiento a dos de los arquitectos más prestigiosos de la Comunitat Valenciana, Carlos Campos y Ramón Esteve, un trámite que costó más de 1 millón de euros. La planificación, sin embargo, lleva tres años guardada en un cajón y, según ha podido saber este diario, Justicia ni siquiera se ha puesto en contacto con los autores del proyecto. «Esta decisión no es técnica, es política, y va en contra de los intereses de Xàtiva:saca un servicio esencial del centro, perjudica al comercio y abandona el núcleo histórico», sentencia RogerCerdà.