Cascada de órdenes de derribo y sanciones en Ontinyent por obras ilegales en los diseminados

El Boletín Oficial del Estado ha publicado en los últimos días una cascada de órdenes de derribo y sanciones urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento de Ontinyent contra propietarios que no han podido ser notificados en sus inmuebles situados en los diseminados de la ciudad por los cauces habituales.

Los procedimientos llevan varios años en marcha. Una de las resoluciones firmadas por la concejalía de Territorio ordena la demolición de un leñero y una pérgola construidos sin licencia municipal entre 2010 y 2022 en una parcela de la partida de la Solana. El edicto concede un plazo de dos meses al infractor para cumplir con el requerimiento.

El consistorio de Ontinyent también ha impuesto una tercera multa coercitiva por importe de 600 euros a los propietarios de otra parcela de la misma zona tras incumplir la orden de demolición dictada en 2021 sobre las obras de construcción de un inmueble para guardar el ganado levantado ilegalmente. El anuncio advierte a los responsables de que pueden imponerse hasta un máximo de diez multas coerctivias con carácter semestral antes de que la administración local proceda a ejecutar subsidiariamente la orden, a cargo del interesado.

Otro propietario acumula hasta cinco multas de 600 euros por saltarse la orden de restauración de la legalidad urbanística infringida desde que en 2014 -hace 12 años- el ayuntamiento le exigió el derribo de una escalera y de otras obras desplegadas sin licencia en un inmueble el camí Cordellat, consistentes en el refuerzo del forjado del techo y el acondicionamiento de la planta baja de la casa.

Un matrimonio también ha sido sancionado por segunda vez con 600 euros después de haber incumplido el requerimiento municipal que en 2021 les emplazó a derribar los trabajos que conllevaron el cierre de la parcela, en la partida de Les Alqueries. Idéntico correctivo ha recibido otra pareja con otras dos multas sin atender para la restauración de una sobras ilegalmente ejecutadas en la calle de la Paz, que comprendieron la renovación del suelo, puertas, instalaciones y revestimientos y la construcción de una cocina en un antiguo trastero, entre otras tareas.

Caducidad de expedientes

A veces vence el plazo máximo previsto en la ley sin que la administración haya dictado y notificado la correspondiente medida de restauración de la legalidad urbanística aplicable. Es lo que ha ocurrido con el expediente disciplinario abierto en 2021 por la instalación de una puerta que cortó un camino público desde la carretera, en suelo no urbanizable de protección agrícola. El titular de la parcela solicitó la licencia de obras, pero el consistorio la denegó. Una decisión que el vecino recurrió en el juzgado, pero que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia. El consistorio ha declarado la caducidad y archivo del expediente, aunque la infracción urbanística no ha prescrito, por lo que se ha iniciado un nuevo procedimiento.

El ayuntamiento, por otra parte, ha revocado las sanciones de hasta 34.264 euros que impuso al propietario de un inmueble de la Solana y al promotor de las obras ilegales de ampliación de la vivienda unifamiliar aislada ejecutadas en su seno. En su lugar, se les imponen multas de 2.430 € y 3.654 € euros.

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