La falta de suelo público en Xàtiva condiciona la búsqueda de ubicación para el Palacio de Justicia

La decisión de la Conselleria de Justicia de dar carpetazo al proyecto para alojar la nueva sede del partido judicial de Xàtiva en el antiguo convento de Santa Clara no va -de momento- acompañada de una propuesta alternativa clara de emplazamiento para un servicio esencial que lleva décadas sufriendo una situación de elevada precariedad en la Plaça de la Trinitat.

Por el momento, desde el departamento autonómico se limitan a indicar que están valorando "varias opciones" para tratar de encontrar un espacio "más accesible, cómodo, funcional y adecuado a las necesidades reales y actuales de la ciudadanía y los operadores jurídicos".

Según ha podido saber este diario, en la reunión que el martes mantuvo la consellera Nuria Martínez y diversos altos cargos del área de Justicia con el alcalde y la primera teniente de alcalde de Xàtiva, se emplazó al ayuntamiento a que presentara con urgencia posibles alternativas de ubicación para el Palacio de Justicia, en un plazo de 15 días.

Los representantes municipales respondieron al ultimátum indicando que en la actualidad no existen solares dotacionales públicos vinculados al consistorio que reúnan las características adecuadas para albergar la infraestructura judicial, por lo que, dado que la intención de la conselleria parece ser sacar fuera del núcleo urbano los juzgados, la única vía que quedaría sería la compra de terrenos a operadores privados, según mantienen en el equipo de gobierno.

Desde la conselleria apuntaron que, en caso de certificarse ese escenario, pondrían la actuación en manos del área autonómica de Patrimonio para tratar de encontrar una salida. Fuentes municipales aprecian una "falta de previsión" de la administración autonómica, cuestionan que exista una voluntad real de construir los nuevos juzgados y defienden el emplazamiento planificado desde la compra del convento en 2018, en pleno centro neurálgico de la ciudad y a las puertas del casco antiguo. Durante la reunión, desde Justicia reconocieron que la cancelación del proyecto ya redactado para levantar un edificio de nueva planta de 4.900 metros cuadrados en la parte sin protección BIC de Santa Clara obedecía a una decisión política que rompe con el compromiso inicial adquirido por la Generalitat con el ayuntamiento en tiempos del Govern del Botànic, avalado por informes técnicos.

Como avanzó este diario el lunes, en un encuentro previo que la consellera mantuvo en diciembre con los abogados en Xàtiva -mayoritariamente contrarios al proyecto en Santa Clara- ya se vislumbró el golpe de timón que Martínez quería darle a la actuación. En dicha reunión, se plantearon posibles alternativas para ubicar el Palacio de Justicia. Entre ellas, los letrados consultados por Levante-EMV han manejado como opciones de ubicación las antiguas oficinas de la constructora Llanera en la Ronda Séquia la Vila, la antigua sede de Adexa en Corts Valencianes, la parcela ubicada junto al CRIS y el CEEM, en la zona de la residencia Solimar, o el edificio privado de la antigua Perelló Junior.

El primer edificio fue adquirido recientemente a la inmobiliaria Solvia por una conocida empresa, según distintas fuentes consultadas. El solar de Corts Valencianes, a la entrada del Palasiet, ofrece dudas por sus reducidas dimensiones, mientras que la parcela antes mencionada ya se barajó para albergar la comisaría de Policía Nacional, pero al parecer se desechó su viabilidad por los obstáculos técnicos que entrañaba. Junto a Les Pereres, el ayuntamiento dispone de otro solar que quiere destinar a una futura y necesaria residencia de mayores. La Conselleria de Justicia tiene trabajo por delante para concretar el nuevo emplazamiento. Mientras tanto, sigue siendo la titular de la parte del antiguo convento de la Avenida Selgas que le cedió el consistorio en 2022, para la que no tiene ningún plan.

El aparcamiento, clave

La cuestión del aparcamiento en la zona de Santa Clara ha sido una de las razones que más preocupaban desde el principio a la consellera y que han pesado en la cancelación del proyecto, junto con el coste (una inversión de 25 millones) y la capacidad del complejo. Los abogados ponían el foco en el problema del aparcamiento, pero también apuntaban al tiempo que durarían las obras, a las posibles complicaciones en caso de hallazgos arqueológicos y a las dificultades que, según estos, podría conllevar el traslado de detenidos en jornadas de especial ebullición en la Avenida Selgas, epicentro de grandes acontecimientos como la Fira y entrada principal al complejo judicial.

Desde el equipo de gobierno se argumentó que las críticas obedecían a un desconocimiento del proyecto. El consistorio se abrió a facilitar plazas a los operadores jurídicos en el parking público de la Glorieta y recalcó que se contemplaba un acceso trasero a los juzgados para los detenidos en caso de dificultades por la Albereda.

El Palacio de Justicia iba a convivir en Santa Clara con el futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC). Su defunción secciona la visión compacta del complejo que había sido diseñada por los equipos de arquitectos encabezados por Ramón Esteve y Carlos Campos. Ahora toca buscar otro proyecto para llenar de contenido el espacio recayente a Selgas que quedará vacío.

El PP respalda la decisión del Consell y Xàtiva Unida la considera una condena

El Partido Popular de Xàtiva manifestó ayer su «respaldo total y sin fisuras» a la decisión del Consell de buscar una nueva ubicación para el futuro Palacio de Justicia, que califican de «sensata, técnica y responsable, pensada en el interés general del partido judicial». «Frente a esta postura seria y constructiva, el alcalde Roger Cerdà vuelve a situarse en el bloqueo permanente, empeñado en imponer la ubicación en el exconvento de Santa Clara, sin consenso con los operadores jurídicos y sin atender a criterios técnicos ni a las verdaderas prioridades de la ciudad», afirman los populares. «El alcalde pretendía hipotecar Xàtiva con una operación cercana a los 40 millones de euros enSanta Clara, con 25 millones para Justicia y 15 millones vinculados al proyecto de Raimon, una cifra completamente desproporcionada e irreal», afirmó el portavoz Marcos Sanchis.

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, atribuyó la cancelación de la inversión a una «decisión política» del Consell del PP por «partidismo», a pesar de tratarse de «un proyecto trabajado durante años, con todas las garantías de accesibilidad y con soluciones a todas las objeciones planteadas». Según Amorós, «la Generalitat está dispuesta a condenar Xàtiva a 10 o 20 años más sin un nuevo juzgado, renunciando así a una inversión de más de 25 millones de euros clave para la revitalización del núcleo histórico».

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