La maldición del convento de las clarisas

La consellera de Justicia -abogada de Canals que tuvo despacho en Xàtiva- se ha apoyado en sus colegas operadores jurídicos y ha decidido sacar los juzgados de la capital de la Costera del centro de la ciudad. Dónde se construirá la sede judicial es aún una incógnita. Si la medida es acertada o no lo dirán las generaciones futuras.

De momento, lo único claro es el carpetazo a una inversión de 25 millones, a 8 años de trámites y a un proyecto contratado por más de 1 millón de euros a dos de los arquitectos valencianos más reputados para levantar un moderno edificio de nueva planta en la parte no protegida del antiguo convento de Santa Clara, un enorme bien patrimonial situado o en un punto estratégico a medio caballo entre la principal arteria de la ciudad y el núcleo histórico.

Seguramente, el volantazo de la Generalitat resultaría más fácilmente digerible si estuviera fundamentado en rigurosos informes técnicos, si hubiera sido comunicado por la consellera en una detallada comparecencia pública o si viniera acompañado de una propuesta alternativa de ubicación para el Palacio de Justicia clara y madurada. Pero no: un compromiso sellado hace casi una década -que desde hace un año tenía licencia para comenzar a ejecutarse- se ha liquidado de cara a la ciudadanía con una somera nota de prensa y un corte de voz que justifican la decisión política apoyándose en argumentos tan genéricos e irrebatibles como la "accesibilidad" o la "funcionalidad". La cuestión del aparcamiento ha sido una de las grandes claves. El coche manda. Llama la atención que Santa Clara haya dejado de ser accesible ahora, en 2026. ¿Lo era en 2024 y en 2025, cuando el Consell de Mazón presupuestó la inversión en las cuentas autonómicas?

No es la primera vez que se paralizan los juzgados de la Costera, reivindicados desde hace décadas. En 2011, el entonces conseller Jorge Cabré anunció, con una sinceridad arrolladora, que el proyecto por aquel entonces gestado en unos terrenos del sector Palasiet no se iba a desarrollar: "hace falta dinero para otras cosas", dijo, con todo su cuajo. Que se lo digan a quienes sufren de primera mano las deplorables condiciones de trabajo y atención en la actual sede judicial del Palau de l'Alarcó. Una infraestructura llena de deficiencias que es pasto para la pérdida de competencias.

En 2007, la administración local de Xàtiva y la Generalitat dejaron escapar la oportunidad de ejercer el derecho de retracto y el histórico convento de Santa Clara acabó siendo vendido por la Iglesia -una vez vaciado todo su contenido artístico- a una promotora zaragozana que ideó un hotel de cuatro estrellas en su seno. Con el tiempo saltó la sorpresa: el proyecto solo era humo. Casi veinte años más tarde, el espacio sigue huérfano de actividad y Xàtiva continúa sin juzgados.

El ayuntamiento compró el convento a un banco en 2018 y cedió la parcela necesaria a la Generalitat. El Botànic tuvo cinco años para dar algún paso más allá de adjudicar el proyecto y dejar atado el Palacio de Justicia. No fue así y ya se sabe: los compromisos se difuminan cuando hay un cambio de gobierno. Que se lo digan a los propietarios que, en la legislatura pasada, acordaron la venta de sus grandes casas en el centro histórico con la conselleria para convertirlas en pisos de alquiler asequible. Tras las elecciones, las operaciones quedaron paralizadas y sus peticiones de explicaciones no obtuvieron respuesta. Si la estrategia es dejar morir el casco antiguo vaciándolo de servicios y contenidos, lo único que queda es quitarse el sombrero.

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