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El gobierno de Xàtiva augura un retraso de otra década con el Palacio de Justicia tras desechar el Consell Santa Clara

La parte anexa del antiguo convento que se cedió a la conselleria en 2022 es el único suelo dotacional de uso administrativo-institucional libre en la ciudad, requisito indispensable para albergar los juzgados

El alcalde Roger Cerda y el regidor Ignacio Reig, en un pleno.

El alcalde Roger Cerda y el regidor Ignacio Reig, en un pleno. / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

El 12 de febrero de 2021, el pleno del Ayuntamiento de Xàtiva aprobó, con el voto favorable de todos los partidos políticos sin excepción, la cesión a la Conselleria de Justicia de una parte del suelo anexo al antiguo convento de Santa Clara para la construcción de los nuevos juzgados. El expediente se había iniciado en 2019 y tuvieron que pasar un año y tres meses hasta que se recabaron todos los informes técnicos y trámites favorables, de común acuerdo con la administración autonómica, que adquirió una serie de obligaciones en cuanto a las obras que iba a costear.

Esos compromisos se han convertido en papel mojado con el golpe de timón anunciado por la consellera Nuria Martínez, que ha decidido cancelar el proyecto ya diseñado tras ocho de gestiones -y un presupuesto de 25 millones de euros- para trasladar el Palacio de Justicia a un nuevo emplazamiento a las afueras de la ciudad todavía pendiente de definir. Este jueves, el gobierno municipal de Xàtiva sacó adelante una moción que exige la reactivación del plan inicial después de que el Ministerio de Justicia haya devuelto las competencias de violencia de género al partido judicial y haya anunciado la creación de una nueva plaza judicial en la actual sede del Palau d'Alarcó, plagada de deficiencias insalvables.

Desde el consistorio ponen el foco en que, ahora mismo, Santa Clara es la única parcela libre en la ciudad que cumple la condición de suelo dotacional de uso administrativo-institucional exigida para albergar los juzgados, adquirida tras un proceso de alteración jurídica de la naturaleza del bien, iniciado también en 2019 atendiendo al requerimiento de la conselleria. Fuentes del ejecutivo hacen hincapié en el criterio del consistorio de situar los servicios públicos en el núcleo urbano, a poder ser en el casco antiguo, y auguran que cambiar de ubicación el Palacio de Justicia "puede suponer un retraso de otros diez años" en el proyecto. Primero ha de encontrarse un terreno idóneo en los polígonos, sin impedimentos técnicos, que permita la implantación de oficinas. Y después habría que comenzar de cero la tramitación para -si se considerara viable- cambiar el régimen del suelo a la definición específica de dotacional de uso administrativo-institucional.

Cruce de reproches

En el pleno, el PP votó en contra de la moción. Su portavoz, Marcos Sanchis, dijo que “el Palacio en Santa Clara no es viable" porque el emplazamiento "no es accesible y no permite crecer". Según Sanchis, la sede judicial "se decidió sin contar con los operadores jurídicos". El portavoz popular instó al equipo de gobierno a "salir de la confrontación y a colaborar con la Generalitat". Los populares también apuntaron a los inconvenientes por los actos multitudinarios que se celebran en la Avenida Selgas.

Para el portavoz del PSPV-PSOE, Ignacio Reig, la decisión de la conselleria "resulta incomprensible, injustificada y profundamente lesiva para los intereses generales de Xàtiva y de su partido judicial”. El edil negó que la parcela de Santa Clara no permita futuras ampliaciones. Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, defendió "un modelo de ciudad respetuoso con el casco antiguo y con su patrimonio, y para cumplirlo es necesario dotarlo de servicios públicos que le den vida”.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, recordó al PP que "votó a favor de todos los procedimientos que se han llevado a cabo para sacar adelante este proyecto durante todos estos años y que ahora, cuando toca defenderlo, no han estado a la altura ni han puesto los intereses de Xàtiva por delante de los suyos”. Cerdà añadió que “no se trata de una decisión técnica, como ustedes han defendido, porque no existe ningún informe técnico, sino política. Ustedes lo que quieren es que no se invierta en esta ciudad", sentenció, antes de afirmar que hay soluciones previstas para los inconvenientes en los que se apoya la conselleria para cancelar la inversión de 25 millones.

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