Compromís pide una inspección y sanciones por la gestión de la ayuda a domicilio en Ontinyent

El grupo municipal Compromís per Ontinyent se volvía a reunir este lunes con trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Ontinyent, en este caso de la Zona 3, correspondiente al barrio de Sant Josep, que fue la primera en contar con una gestión privatizada, desde el pasado mes de septiembre. Las trabajadoras han expuesto ante el principal grupo de la oposición municipal, encabezado por el portavoz, Nico Calabuig, y la portavoz adjunta, M. Àngels Moreno, una serie de incumplimientos que están sufriendo en materia salarial, de suministro de materiales de trabajo y de comunicación con la empresa adjudicataria, situada en Galicia.

Ante la "gravedad de los incumplimientos", Compromís per Ontinyent ha registrado este martes dos escritos. En el primero solicitan que se aplique la actividad inspectora por parte del ayuntamiento ante los incumplimientos, y en caso de confirmarse que se haga efectivo el régimen sancionador. En el segundo piden todas las actas y documentación del seguimiento y contacto de los Servicios Sociales Municipales con la empresa y las trabajadoras desde el inicio del servicio privatizado.

En palabras de M. Àngels Moreno, “como denunciamos en el último pleno municipal, la situación del SAD de Sant Josep hace aguas. Las trabajadoras sufren incumplimientos que impactan directamente sobre su trabajo diario, y, por tanto, sobre la posibilidad de ofrecer un servicio adecuado. Hace más de un año que denunciamos que la privatización del SAD iba a suponer esta precariedad para las personas trabajadoras, y dificultades y quejas para las familias usuarias. Tenemos que recordar que esta privatización se aprobó con los votos de Ens Uneix, PP y Vox, y solo Compromís per Ontinyent votamos en contra. Y mientras la situación se vuelve cada vez más insostenible, la regidora de Bienestar Social, Paula Soler, afirma que el servicio privatizado funciona bien y que estamos alarmando injustificadamente”.

“La realidad es otra. Tal como denuncian las trabajadoras, sufren incumplimientos de todo tipo. Los salarios llegan el último día del plazo legal, y después de que la persona coordinadora tuviera que insistir mucho. Además, estas nóminas están mal calculadas y no se corresponden con las horas trabajadas, quedando pendientes de pagar horas de contrato y también horas extra. Así mismo, la empresa no ha remitido a las trabajadoras uniformes completos y calzado adecuado, a pesar de que está obligada por el pliego de cláusulas técnicas. Las trabajadoras no tienen EPIs, y los guantes han llegado con dos meses de retraso, y de una sola talla que no se ajusta a las diferentes personas”, ha expuesto Moreno.

La portavoz adjunta ha destacado que “así mismo, la comunicación de la empresa con las trabajadoras es muy deficiente. Las auxiliares intentan comunicarse por mensaje, correo electrónico o teléfono, y no obtienen respuesta. Así mismo, no tienen una vía estable para comunicar situaciones de enfermedad o necesidades de sustituciones por causas justificadas. Tampoco tienen calendario laboral, y las comunicaciones respecto a pagos pendientes no son atendidas ni contestadas. El pliego de cláusulas técnicas también recoge que tiene que producirse contacto interno constante de la empresa con las trabajadoras, y una coordinación con las auxiliares de manera continuada. Todo esto no está cumpliéndose”. “Esta situación es insostenible, y el gobierno de Jorge Rodríguez no puede mirar hacia otro lado. Las trabajadoras empiezan a sufrir las consecuencias físicas y mentales de esta situación, y también hay un malestar creciente de las familias, que acaba llegando a las trabajadoras, para ser la cara visible del servicio. Esto es profundamente injusto, y muy serio, puesto que se trata de un servicio muy sensible, orientado a personas mayores, dependientes y vulnerables. El Ayuntamiento de Ontinyent contrató la empresa adjudicataria y no puede desentenderse de los conflictos e incumplimientos existentes, puesto que no son cuestiones internas de funcionamiento, sino aspectos que afectan a la calidad del servicio, a los derechos de las personas trabajadoras y al cumplimiento de los pliegos de cláusulas”, ha apuntado M. Àngels Moreno.

Por su parte, el portavoz, Nico Calabuig ha subrayado que “además de denunciar públicamente la situación, un hecho que también les está costando mucho a las trabajadoras, desde Compromís per Ontinyent hemos registrado dos escritos dirigidos en el gobierno municipal. En el primero pedimos que se aplique la actividad inspectora por parte del Ayuntamiento de Ontinyent ante los incumplimientos señalados, y que una vez comprobados estos se haga efectivo, si fuera necesario, el régimen sancionador”. “En el segundo escrito solicitamos todas las actas y documentación relacionada con las reuniones de seguimiento semanales con la empresa, y el resto de gestiones hechas por los Servicios Sociales municipales para supervisar de forma continua el cumplimiento de los pliegos de cláusulas y las medidas de calidad y control a cumplir por la empresa. También pedimos toda la documentación escrita respecto al contacto con la empresa, con las personas coordinadoras y con las personas trabajadoras, desde el inicio del servicio en septiembre. Así mismo, hemos pedido copia del contrato firmado con la empresa adjudicataria”, ha explicado el portavoz.

Nico Calabuig ha concluido apuntando que “hace más de un año avisamos que privatizar la Ayuda a Domicilio tendría un impacto negativo claro para el servicio y sus trabajadoras. Solo con trabajadoras municipales queda garantizado un servicio con vocación pública, y no centrado en el beneficio económico. El gobierno de Jorge Rodríguez está privatizando servicios y son las personas dependientes, sus familias y las trabajadoras del servicio quien pagan las consecuencias”.

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