Ontinyent pone coto a las casas en bajos y a los pisos colaborativos ante los casos de infraviviendas

La escasez de vivienda asequible y la especulación que anida en el mercado inmobiliario han allanado el terreno a la proliferación de nuevas fórmulas que buscan exprimir el beneficio económico aprovechándose de la necesidad habitacional para ofertar espacios minúsculos que, a menudo, son difícilmente compatibles con llevar una vida digna.

La aparición de posibles situaciones de infravivienda en antiguos bajos comerciales vacíos, junto con el surgimiento de otros modelos colaborativos para compartir residencia asociados a la mayor demanda de pisos por parte de los estudiantes del campus universitario, han conducido al Ayuntamiento de Ontinyent a tomar cartas en el asunto.

En el pleno municipal de este jueves 26 de febrero se aprobó el inicio del procedimiento para modificar el Plan General con el objetivo de adaptar la normativa vigente (de hace casi 20 años) a las nuevas formas de habitar, como son las residencias de estudiantes y las viviendas compartidas.

Los cambios introducidos en el planeamiento -de momento sometidos a información pública- ponen por primera vez coto a las viviendas acondicionadas en plantas bajas, un fenómeno que hasta ahora se topaba con un vacío regulatorio en la localidad. La nueva ordenación fija una serie de condiciones concretas, como una fachada mínima, la posibilidad de edificar en la profundidad de la parcela respetando los patios interiores y garantizando una adecuada iluminación y ventilación, el acceso directo desde el espacio público o la necesidad de habiliar un máximo de cinco habitaciones por vivienda.

Además, las casas en bajos deberán tener una superficie máxima construida de 150 metros cuadrados y una mínima de 45 m². "Con esta regulación ponemos fin a situaciones de precariedad y establecemos un marco que asegura viviendas en planta baja con estándares óptimos de habitabilidad y de confort para las personas”, resumió el regidor de Territorio, Óscar Borrell, en el pleno.

El edil advirtió de la necesidad de "ajustarse a una realidad social que ha evolucionado en este tiempo". “Hace dos décadas, fórmulas como la vivienda colaborativa tenían un carácter residual; hoy son una realidad creciente que necesita una regulación, así como también las residencias universitarias, y más en una ciudad con un campus propio que no para de crecer”, dijo Borrell.

La extensa propuesta de modificación puntual del Plan General -que contiene 13 artículos- no incrementa la edificabilidad global ni el aprovechamiento urbanístico del suelo urbano de Ontinyent, sino que trata de ordenar mejor los usos y mejora los estándares dotacionales, a la vez que permite dar respuesta a futuras inversiones estratégicas para la ciudad, como la construcción de la futura Facultad de Veterinaria, con una inversión prevista de 75 millones de euros. Los cambios también alcanzan aspectos como los usos generales y terciarios, los usos dotacionales, los parámetros urbanísticos, aparcamientos, retrocesos, segregaciones y las condiciones de uso.

La nueva regulación se adapta a la ley autonómica sobre viviendas colaborativas y compartidas para marcar límites a las residencias de estudiantes, que deberán tener una capacidad mínima de 20 estudiantes, con habitaciones dobles de 14 m² como mínimo, y la obligación de disponer de espacios comunes a razón de 2,5 m² por estudiante, destinados en sala de estudio, cuarto de estar, biblioteca o zonas de juegos. "Lo que buscamos es garantizar unas condiciones dignas y de calidad, tanto en los espacios privados como en los comunes, puesto que es importante asegurar que se desarrollan con criterios de habitabilidad y confort”, apostilla el regidor de Territorio.

La oposición pide un debate "sosegado y amplio" sobre el Plan General

En el pleno de este jueves, los grupos de la oposición valoraron positivamente algunos puntos de la modificación del Plan General, pero introdujeron matices y echaron en falta una revisión más global y dialogada de la normativa urbanística municipal. El portavoz del PSPV, José Antonio Martínez, recordó que el Plan General se aprobó en 2007 y "ya tiene cierta edad". A su juicio, las medidas promovidas por el equipo de gobierno "no tienen el calado suficiente". "La situación precisa de una revisión del Plan General para adaptarlo a las necesidades reales y a las actividades productivas", indicó Martínez.

El portavoz de Vox, Andrés Navalón, reconoció la necesidad de los cambios en algunos parámetros, pero se opuso a algunas medidas porque, a su juicio, "pueden perjudicar a las actividades económicas", generando "una rigidez excesiva para los empresarios". "Nos preocupa que determinadas activdiades puedan quedar excluidas en zonas residenciales. Habría que evitar que esta norma se convierta en una barrera a la libertad de empresa", dijo el regidor de Vox.

El PP se abstuvo en la votación. Aunque los populares también valoraron como "positiva" la regulación de la conversión de bajos en viviendas, echaron en falta "un debate más sosegado", apuntaron a la premura de tiempo para revisar la documentación y pidieron "una previsión más decidida de zonas concretas destinadas a aparcamiento". El portavoz de este partido, Rafa Soriano, pidió "abordar esta problemática con más profundidad". Soriano recordó la gran cantidad de modificaciones del Plan General que se han ido aprobando y consideró que "ha llegado el momento de una revisión integral".

El portavoz de Compromís, Nico Calabuig, coincidió en reclamar "un proceso más sosegado, colaborativo y participativo" antes de aprobar los cambios. "Una modificación de este alcance del Plan General requiere de un proceso de participación mucho más amplio y abierto que un periodo de exposición pública de 45 días", indicó Calabuig.

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