El fiasco de las VPO de Blasco en l'Alcúdia de Crespins: 41 pisos sin uso salen a subasta tras años de abandono y okupación

Corría el mes de mayo de 2006 y la economía del ladrillo iba viento en popa. El entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, escenificó en l'Alcúdia de Crespins la puesta en marcha del plan de vivienda pública "más ambicioso de España", que iba a suponer la construcción de más de 26.000 VPO en la Comunitat Valenciana.

El político, posteriormente encarcelado por la corrupción del caso Cooperación, puso en esta localidad de la Costera la primera piedra de una espléndida promoción de 73 viviendas protegidas que se levantó en la céntrica Avinguda de la Pau con una inversión de más de 4 millones de euros a través de la empresa de capital mixto Iniciatives i Promocions de Viviendes Valencianes, constituida por el antiguo Ivvsa -una entidad pública- de la mano del grupo constructor privado Llanera, SL.

Cuando están a punto de cumplirse 20 años de aquel anuncio, 41 de las viviendas del llamado Edificio Vilanova van a salir subasta pública por mandato judicial tras el procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por la Sareb -el banco malo creado para quedarse los activos tóxicos de la crisis de 2008- contra la empresa propietaria del bloque, que -como informó este diario hace unos meses- se ha convertido en un nido de problemas de convivencia por la presencia de okupas. Y es que los pisos en cuestión han permanecido mucho tiempo vacíos, bloqueados y sin salir al mercado.

Según consta en las escrituras de las propiedades, a las que ha tenido acceso este diario, los pisos obtuvieron la calificación provisional de viviendas de nueva construcción de protección pública, en virtud de la resolución dictada en 2006 por el servicio territorial de Vivienda de la Dirección General de Vivienda de la Generalitat. La documentación también hace hincapié en que, en aplicación de la normativa en vigor por aquel entonces, los propietarios de los inmuebles no podían transmitir ni ceder su uso durante el plazo de diez años desde la fecha de la formalización de las escrituras, que fueron suscritas en 2011 por la mercantil Iniciatives i Promocions de Viviendes Valencianes. Desde entonces han pasado 15 años. Los hermanos Martínez Gallego, antiguos responsables de la extinta Llanera -que quebró tras el estallido de la burbuja inmobiliaria- cesaron como administradores solidarios de esta empresa mixta en 2022.

Los pisos se hipotecaron inicialmente a favor de Bancaja, para posteriormente pasar a manos de otra entidad hoy desaparecida, Bankia. En lo peor de la crisis financiera, acabaron siendo absorbidos en 2012 por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), que reclamó por vía judicial a la empresa propietaria del bloque una deuda no satisfecha de 2,4 millones de euros por el préstamo.

En febrero de 2025, el juzgado de primera instancia e instrucción nº4 de Xàtiva anunció a través de un edicto la venta en pública subasta de las 41 fincas embargadas, que se venden por separado con sus correspondientes garajes, divididas en lotes. El proceso se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Estado, aunque todavía no se ha abierto el plazo para presentar pujas.

El valor inicial de los pisos subastados oscila entre los 90.850 euros -el más barato- y los 117.000 euros -el más caro- aunque la mayoría rondan los 100.000 euros. En conjunto, el precio de todas las viviendas incluidas en el procedimiento supera ligeramente los 3 millones de euros.

"Calvario" para los vecinos

En la documentación de la subasta se hace constar que "las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos si el remate se adjudicara a su favor". También se señala que, en caso de que los inmuebles subastados se encuentren ocupados, "la Administración de justicia acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en los mismos".

El pasado verano, algunas familias que residen legalmente en el edificio de la Avinguda de la Pau denunciaron el "calvario" que sufrían por los problemas de convivencia asociados a personas que habían ocupado viviendas y que "invaden" zonas comunes, ponen pegamento en cerraduras o profieren insultos y amenazas. "Tenemos niños y miedo a salir al patio o a que pase algo peor. Estamos hartos de la situación", expusieron. Los residentes afectados ascendían a 14.

En un pleno municipal celebrado en agosto de 2025, la regidora de Urbanismo reveló que el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins estaba indagando para intentar averiguar a qué empresa correspondía la titularidad de los inmuebles vacíos del bloque con el objetivo de resolver el problema de la ocupación y "evitar que vaya a más". La edil avanzó que la intención del consistorio era presionar para intentar que esos pisos salieran a la venta "a un precio competitivo y asequible" para la ciudadanía, con la idea de aumentar el parque de viviendas del municipio.

Una parcela de 2.784 m2

Cuando se anunció la construcción del edificio a través de la iniciativa mixta, en 2006, el conseller Rafael Blasco subrayó que para generar VPO resultaba necesario «intervenir» en el mercado del suelo «de una manera eficiente» y para ello, según el titular de Vivienda, había que contar «con el respaldo de la iniciativa privada», que permitiría dar «soluciones prácticas a las necesidades de los ciudadanos», apostilló el conseller Blasco. Una filosofía similar guía el actual Plan Vive promovido bajo la administración de Carlos Mazón.

La parcela pública donde se ejecutó el bloque de VPO en l'Alcúdia de Crespins posee 2.784 metros cuadrados de superficie. El conjunto está formado por 73 viviendas protegidas en planta baja y 4 alturas, de 2 y 3 dormitorios y áticos. La actuación se completó con dos sótanos destinados a 83 aparcamientos y 73 trasteros, uno para cada vivienda. Entonces se anunció que las viviendas serían sorteadas por la conselleria entre los peticionarios, a un precio aproximado de 97.000 euros. «Esperamos que cuando acabe el edificio sea del agrado de todos los vecinos y puedan comprobar las calidades de Llanera Inmobiliaria y del IVVSA», comentaron desde la conselleria.

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