El Consell aprueba la tercera planta solar en Agullent con 9.000 paneles y una inversión de 2,9 millones
El parque fotovoltaico proyectado en la partida de Buenos Aires, al que se oponen el ayuntamiento y negocios turísticos de la localidad, obliga a expropiar 6.481 m2 de parcelas y caminos para ejecutar la línea subterránea de evacuación de la energía, declarada de utilidad pública por la Generalitat

Una instalación fotovoltaica montada sobre suelo no urbanizable en el término municipal de Catal. / Miguel Vilaplana.

La Conselleria de Industria e Innovación ha otorgado a la empresa Besolar Energy, SL, filial de la multinacional suiza EBL, la autorización administrativa previa para la instalación de una planta solar conformada por 8.932 paneles fotovoltaicos que ocuparían una extensión de 103.580 metros cuadrados de suelo rústico a los pies de la sierra de Agullent, a medio camino entre esta localidad y la vecina Benissoda, en las partidas de Buenos Aires y la Palmera.
Se trata de la tercera instalación de este tipo a la que el Consell concede los permisos en los últimos meses en Agullent, después de haber autorizado el parque solar del Catalí, promovido también por Besolar Energy, SL con 9.400 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de 99.000 m2, y el de la Mayansa, participado por la compañía gallega EiDF y compuesto por 17.784 paneles, que ocupará 12 hectáreas en la parte de la población que linda con Ontinyent. En total, las tres plantas ocuparán 323.000 m2.
El proyecto de Buenos Aires -al que la administración autonómica acaba de dar luz verde- contempla una inversión de 2,9 millones de euros y se asentará sobre terrenos de cultivos, principalmente cítricos, a 500 metros del núcleo urbano de Agullent y a 720 m del de Benissoda. La actuación, que obtuvo el pronunciamiento ambiental favorable hace casi dos años, incluye una línea subterránea para la evacuación de la energía de 3,3 kilómetros de longitud que seguirá el trazado de los caminos interiores y viales preexistentes hasta un centro de transformación.
Durante el primer periodo de exposición pública se presentó una queja de un negocio turístico rural que mostró su oposición a la central fotovoltaica, advirtiendo de que la instalación "restringiría que se pudiera llevar a cabo no solo la actividad existente, si no que terminaría con los atractivos turísticos del pueblo en su totalidad, y alejaría al turista definitivamente". El dueño de la explotación turística ubicada a menos de 80 metros de la planta generadora teme que la misma pueda crear "graves impactos paisajísticos, ambientales y socioeconómicos en su negocio". También apuntó que "en ningún momento se ha garantizado una participación vecinal real ni acceso transparente a la información sobre el proyecto".
El Ayuntamiento de Agullent, que rechaza las tres plantas solar proyectadas en su término, alegó que la línea subterránea proyectada no puede transcurrir por los caminos municipales -tal como se prevé- en virtud de la normativa local, a tiempo que advirtió de que la actuación "afectará a proyectos de urbanización futuros y a tramos considerados de bienes del Patrimonio Cultural Valenciano". El promotor respondió a las alegaciones defendiendo que el proyecto "ha seguido los trámites previstos por el ordenamiento jurídico".
Utilidad pública de la línea subterránea
La empresa ha introducido algunos cambios no sustanciales respecto a su propuesta inicial que reducen la ocupación, la potencia y el impacto paisajístico y territorial, ajustándose a los condicionantes impuestos por los distintos órganos competentes. La potencia instalada se ha reducido de 4,515 MW a 4,29 MW. También se han reordenado internamente los módulos y se han eliminado paneles en determinadas subparcelas con arbolado o relieve significativo, en cumplimiento de las medidas establecidas en el informe de impacto ambiental de la Generalitat.
Besolar Energy, SL ha acreditado la capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto y ha justificado que dispone de los terrenos donde se va a implantar la instalación.
La resolución recién emitida por la dirección general de Industria, Energía y Minas declara la utilidad pública de los tramos de la línea subterránea de evacuación de 20 kv autorizada, que obliga a expropiar 6.481 metros cuadrados de ocho parcelas y caminos públicos. Cinco fincas pertenecen al Ayuntamiento de Agullent y una a la parroquia de San Bartolomé Apóstol.
El promotor dispone de un máximo de 11 meses para solicitar la autorización definitiva de explotación de la central.
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