Las 41 VPO vacías de Blasco en l'Alcúdia de Crespins adeudan 121.000 € en gastos comunitarios: "La finca se cae a pedazos"

La subasta de 41 viviendas inicialmente concebidas como de protección oficial en el Edificio Vilanova de l'Alcúdia de Crespins ha sacado a la luz pública la problemática que desde hace 15 años afrontan las familias de los únicos 11 pisos que fueron adquiridos en la finca en 2011.

A los conflictos de convivencia derivados de la presencia de okupas se le suma la abultada deuda con la comunidad de vecinos arrastrada por los 41 domicilios restantes que han permanecido vacíos hasta la actualidad. En el registro de la propiedad todavía figura como propietaria de los inmuebles la empresa de capital mixto Inprova (Iniciatives i Promocions de Viviendes Valencianes, SL), impulsada por la Generalitat en los tiempos del encarcelado Rafael Blasco como conseller de Territorio, de la mano del grupo constructor privado Llanera, SL, que quebró tras la crisis de 2008.

Sin embargo, Inprova es una mercantil fantasma que hace tiempo que dejó de operar. La deuda hipotecaria de las viviendas recayó en la Sareb -el banco "malo" creado para quedarse los activos tóxicos de la crisis de 2008- que reclamó por vía judicial a la empresa propietaria del bloque una cantidad no satisfecha de 3,1 millones de euros por el préstamo hipotecario inicialmente contraído con Bancaja. Este procedimiento ha terminado con la subasta pública de las viviendas en lotes separados. El plazo para presentar ofertas termina el 30 de marzo.

La comunidad de propietarios del bloque lleva muchos años reclamando tanto a la constructora como a la Sareb los gastos comunitarios, pero hasta ahora todas las gestiones han resultado infructuosas. No han pagado ni un euro. Los vecinos han puesto el caso en manos de abogados y del administrador y están estudiando las vías legales para intentar que conste en las escrituras de los inmuebles que cada piso debe más de 3.000 euros, con tal de que el posible comprador sea conocedor de la situación. Hasta el momento, la Sareb se ha desentendido de la deuda, alegando que no ostenta la titularidad de las viviendas.

Los impagos han provocado un importante agujero en las cuentas de la comunidad, que con solo 11 propietarios se ve incapaz de asumir las reparaciones y gastos de mantenimiento que necesita una finca de sus dimensiones, con 52 domicilios. La consecuencia es un deterioro palpable del complejo residencial. "Han caído trozos de escayola y la terraza está hecha polvo. Yo vivo en el último piso y cada vez que llueve un poco lo tengo que pintar porque aparece moho. He aguantado porque no iba a decirle a diez personas que tienen que arreglar el techo porque ya lo pasamos bastante mal , pero se trata de una cuestión de la comunidad", expone Joaquín, uno de los vecinos del bloque.

"Están estrangulándonos"

"Pagamos lo que podemos y arreglamos las cosas más precisas, porque no tenemos dinero. Están estrangulándonos", lamenta el propietario, uno de los pocos que adquirieron una vivienda en el edificio de la Avinguda de la Pau en 2011. "Como vino la crisis inmobiliaria ya no se compró ninguna más. Desde casi el principio hemos estado enviando correos electrónicos y burofaxes, recordándoles que tienen 41 pisos y que deben la comunidad. Inprova se convirtió en una empresa fantasma y de repente contactabas con ellos y no había nadie", relata a Levante-EMV.

El temor de los vecinos es que un fondo buitre se quede con todos los pisos a la venta y deje la deuda sin pagar. El precio de las viviendas que han salido a subasta judicial es bastante caro -se ofertan por una media de 114.000 euros, con oscilaciones- teniendo en cuenta que tienen 15 años y que hasta ahora no han albergado ninguna actividad. Muchas ni se han abierto ni han tenido ningún cuidado en todo este tiempo. La puerta principal siempre se cierra con llave para intentar evitar la entrada de más okupas. Los vecinos han trasladado su problemática tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins.

Como avanzó este diario, Compromís ha presentado una moción para pedir a la Generalitat que compre las 41 viviendas para destinarlas a vivienda social. A juicio de Joaquín, esta sería la vía ideal para acabar con la incertidumbre y darle una salida digna a los inmuebles.

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