La subasta judicial de la masía Buenavista de Ontinyent se cierra con una puja máxima por un tercio de su valor

La subasta judicial de la Masía Buenavista de Ontinyent se cerró el pasado jueves 19 de marzo con una puja máxima de 200.000 euros, un importe que apenas cubre una tercera parte del valor de tasación de la finca, ubicada en la partida de la Solana y conformada por una vivienda de tipología rural rodeada de una hectárea de terreno con varias edificaciones construidas y una zona natural de pinar.

Como informó este diario, el bien salió a licitación pública a finales de febrero con un precio de salida de 580.000 euros, a raíz de un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por el Banco Santander contra la propietaria, la empresa con sede en Rotglà i Corberà Dachorsan, SL, por una deuda de 394.500 euros de principal sumados a cerca de 100.000 euros de intereses y costas por impago de la hipoteca.

En la masía funcionó un efímero negocio de restauración conocido como "Buena Vista", la última actividad conocida en la parcela. En 2012, Dachorsan y otra empresa (Innovaciones Volans) firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Ontinyent para promover los cambios urbanísticos necesarios en la finca con el objetivo de implantar un Centro de Día y una Residencia con 120 habitaciones y capacidad para 180 personas en los terrenos. Las mercantiles se comprometían a urbanizar los alrededores y a gestionar los permisos y las licencias de obras. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse.

Para llevarlo a cabo, se iniciaron los trámites para modificar el plan parcial de la zona y unificar unas parcelas. El grupo inversor terminó abandonando la idea, en el peor momento de la crisis financiera.

La subasta judicial de la Masía Buenavista no está cerrada. Según indican fuentes conocedoras del proceso, se encuentra pendiente de que se decida si el remate se adjudica finalmente a la oferta más alta recabada. El letrado de la Administración de Justicia responsable de la subasta puede denegar esa autorización en los casos en los que la cantidad ofrecida por el mejor postor no supera el 50% del valor de tasación o, siendo inferior a este porcentaje, tampoco llega a cubrir la cantidad reclamada por el acreedor en la ejecución hipotecaria, como ocurre aquí.

En estos casos, según el decreto de la subasta, el letrado debe escuchar a las partes y resolver sobre la adjudicación del bien a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación exigida, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la subasta de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el banco. Otra posibilidad que se abre es que la entidad financiera pida la adjudicación del inmueble por el 70% del valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.

Garantía de 29.000 euros

Los interesados en la adquisición de la masía debían abonar una garantía de 29.000 euros para poder participar en el proceso de compraventa. Si el ejecutante no hace uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor pastor siempre que la cantidad que haya ofrecido cumpla los requisitos mínimos.

El desenlace del proceso recuerda a otro reciente también en Ontinyent: en junio de 2025, la subasta de la histórica masía de la nobleza de la Torre de Marcos se cerró con una puja máxima de 133.387 euros, una quinta parte del valor de tasación de la antigua mansión, cifrado en 743.80 euros. El complejo subastado, que fue propiedad de la duquesa de Almodóvar y el Conde de Carlet y que se asienta sobre una antigua alquería del siglo XI con varios elementos históricos, estaba compuesto por un edificio de 1.200 metros cuadrados construidos junto con una extensión aledaña de 12 hectáreas de terrenos de secano y una pinada.

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