El trasvase Júcar–Vinalopó y el papel clave de la Costera

El trasvase Júcar–Vinalopó no siempre se planteó como hoy se conoce.

Desde su inicio, se barajaron tres posibles trazados: uno por la costa, otro mixto que combinaba costa e interior —aproximadamente hasta la zona de Dénia antes de adentrarse— y un tercero completamente por el interior, atravesando la comarca de La Costera.

Finalmente, se optó por esta última opción, principalmente por ser el recorrido más corto y el más sencillo de ejecutar desde el punto de vista técnico y económico, aunque también es el más exigente desde el punto de vista energético, al obligar a elevar el agua de forma continua.

El objetivo del trasvase es llevar agua al Vinalopó para sostener su sistema agrícola.

En esta zona, el cultivo más relevante es la uva de mesa, que requiere un aporte constante de agua para mantener su producción, su tamaño y su valor en el mercado.

Durante años, este modelo se ha apoyado en el uso intensivo de acuíferos subterráneos, que han ido descendiendo progresivamente hasta quedar muy mermados en muchas áreas.

En este contexto, distintas instituciones y partidos han planteado una idea de base: quien obtiene el beneficio debería asumir también el coste o el perjuicio. Es decir, si el agua se destina al Vinalopó, las infraestructuras necesarias para hacerla llegar —incluidas las macroplantas solares— deberían ubicarse en el territorio que se beneficia de ese recurso.

Sin embargo, el planteamiento actual es distinto. El trazado elegido implica que el agua atraviese La Costera, donde se ubican las infraestructuras necesarias para hacer funcionar el sistema.

Es en municipios como Moixent, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà, donde se prevé la instalación de tres de las cuatro macroplantas solares, ocupando grandes superficies de terreno y generando una transformación significativa del entorno, con efectos sobre el paisaje, el uso del suelo y la proyección territorial de la comarca, incluyendo su dimensión rural y turística.

Por ello, distintas voces ya apuestan por un cambio en la forma de entender este proyecto, planteando incluso que el propio nombre del trasvase refleje la realidad territorial del mismo, pasando a denominarse trasvase Júcar–La Costera–Vinalopó, reconociendo así el papel imprescindible que juega la comarca en el sistema.

En este contexto, y en caso de que el proyecto continúe adelante en los términos actualmente previstos —es decir, atravesando y afectando directamente a La Costera con la instalación de tres macroplantas solares—, el mínimo exigible desde una perspectiva de justicia territorial y social es que la comarca participe también del beneficio.

Esto implica, en primer lugar, que una parte del agua que atraviesa La Costera tenga utilidad real en ella. Para que esto no sea simbólico, sino funcional, el volumen debería situarse en un rango aproximado de entre el 20% y el 25% del total. Esto permitiría, entre otras cosas, dar una segunda vida al río Cànyoles, mediante la inyección de agua en su tramo alto, en el entorno de Moixent (a entre 400 y 500 metros de altitud).

Desde ahí, el agua descendería de forma natural a lo largo de toda la comarca, pasando por Vallada, Montesa, Canals, l’Alcúdia de Crespins, Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, Vallés y Xàtiva, hasta zonas situadas en torno a los 50–100 metros de altitud, recuperando su función como eje natural del territorio.

Por un uso agrícola real del agua

Esto no solo tendría un impacto positivo a nivel paisajístico, sino que permitiría también un uso agrícola real del agua en distintos puntos de la comarca. Además, supondría una oportunidad para reforzar el valor ambiental, turístico y territorial de La Costera, contribuyendo a generar una fuente de riqueza que, al menos en parte, compensaría el impacto derivado de la instalación de las macroplantas solares.

Por otro lado, en relación con la energía, los municipios directamente afectados por estas infraestructuras —Moixent, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà— deberían poder disponer de entre un 10% y un 15% de la energía generada en su término municipal, ya sea para autoconsumo o para su comercialización.

Esto supondría una compensación directa por el uso del suelo y por el impacto asumido, alineada con principios de equilibrio y justicia territorial.

En definitiva, el trasvase Júcar–Vinalopó no es solo una infraestructura hidráulica, sino un proyecto que redefine el territorio por el que pasa. Y en ese proceso, la cuestión central es cómo se reparten los costes y los beneficios entre los distintos territorios implicados.