La condena por un plan urbanístico de 2004 infla en 800.000 euros la deuda de Montaverner
El ayuntamiento concertará un préstamo para devolver el dinero avanzado por una empresa para la urbanización de un sector industrial que no se llegó a ejecutar

Naves en el polígono industrial de Montaverner, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA
El Ayuntamiento de Montaverner concertará un préstamo para hacer frente a una sentencia judicial que condena al consistorio a pagar a una empresa por la urbanización de un sector industrial que no se llegó a materializar. El ayuntamiento celebraba este viernes por la tarde una sesión plenaria extraordinaria y urgente con un único punto del día, tratar el procedimiento judicial y aprobar la solicitud de la operación de crédito para cumplir con la sentencia. El alcalde, Jorge Boluda, ha afirmado en declaraciones a este diario que “la sentencia es firme y hay que pagar. Hay que dar cuenta ya ante el pleno porque hay que contestar al juzgado”.
La sentencia del TSJ-CV es de 2024, cuando el tribunal condenó al ayuntamiento a pagar 500.000 euros más los intereses correspondientes a la mercantil Viveros Cambra SAT por el dinero anticipado para la urbanización del sector industrial 8 del polígono La Cava, un proyecto urbanístico de 2004 que no se llegó a ejecutar. El ayuntamiento recurrió la sentencia en un intento de defender los intereses del ayuntamiento y minimizar los perjuicios para el municipio, pero el juzgado ha ratificado la sentencia, que ya es firme, según avanza Boluda, quien señala que la cuantía que tendrá que abonar el ayuntamiento, con los intereses incluidos, “rondará los 800.000 euros y el crédito se solicitará aproximadamente por ese importe. Hemos intentado por todos los medios defender los intereses municipales, pero se tiene que pagar”.
Boluda explica que el “conflicto” con la mercantil surgió por la urbanización del sector 8 del polígono industrial La Cava de Montaverner. “La empresa Viveros Cambra avanzó un dinero para la urbanización de ese sector, una urbanización que no se llegó a realizar, pero el dinero no se devolvió a la empresa. No se ejecutó el sector y había que retornar el dinero, pero el ayuntamiento no lo hizo”. El alcalde manifiesta que “el problema es una patata caliente que nos encontramos cuando llegamos nosotros. El conflicto viene de años antes, pero ahora nos lo encontramos nosotros y ya no tenemos más remedio que pagar”. El primer edil reconoce que los 800.000 euros suponen el 20% del presupuesto municipal y el consistorio no tiene recursos económicos para hacer frente a ese pago, por lo que hay que concertar un préstamo que “empeñará a la población. Nosotros no endeudamos, es un problema que estaba ahí. El sector 8 del polígono comenzó mal desde el principio y la empresa municipal quebró”.
El alcalde se refiere al proyecto urbanístico de ese sector del polígono iniciado en 2004, que se adjudicó por gestión directa a la empresa pública Innovem, de capital 100% municipal, creada durante la etapa del gobierno socialista. La empresa fue un nido de problemas para el Ayuntamiento de Montaverner, con varias condenas económicas derivadas de planes urbanísticos frustrados. Tras la crisis inmobiliaria, Innovem entró en quiebra y se declaró en concurso de acreedores en 2013, dejando varios compromisos incumplidos. Uno de ellos, el del sector 8 del polígono para cuya urbanización Viveros Cambra SAT adelantó un dinero. Tras no ejecutarse el proyecto y el ayuntamiento no devolver los fondos, la empresa demandó al consistorio. Una demanda que fue inicialmente desestimada en primera instancia por el juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 9 de València. La mercantil recurrió ante el TSJ-CV, que reconoció el derecho de la sociedad agraria de transformación (SAT) de recuperar los 500.000 euros que aportó en concepto de anticipo por las cuotas correspondientes a la urbanización del sector industrial 8.
El alcalde de Montaverner explica que el préstamo “intentaremos alargarlo todo lo que podamos y buscaremos un interés bajo para no perjudicar al pueblo. Vamos a ver la forma de cumplir la sentencia con un préstamo que no impida el funcionamiento del ayuntamiento”, concluye Boluda.
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