Más de 150 personas se interesan al día en Ontinyent por el proceso de regularización de inmigrantes

El proceso extraordinario que regularización de personas inmigrantes ha causado que los Ayuntamientos de las capitales comarcales hayan decidido destinar recursos y personal especializado para atender a todos los interesados en los trámites. Así, desde el Ayuntamiento de Ontinyent confirman que una más de 150 personas de media se han interesado por los trámites a realizar en los últimos días.

Paula Soler, concejal de Servicios Sociales, explicó ayer el procedimiento iniciado desde el consistorio: "Ya vimos la semana pasada, cuando se inició todo el proceso al publicarse el Real Decreto y las modificaciones, que había mucho desconocimiento. No hablo solo de las personas beneficiarías, sino también en la administración. A estas alturas desde el Ministerio todavía no se nos ha convocado a ninguna reunión ni se nos ha dado un simple directorio o un PDF explicativo sobre lo que hay de hacer desde las administraciones locales, que son las que estamos atendiendo los ciudadanos".

"Lo que hicimos desde el Ayuntamiento fue recabar toda esta información para poderla trasladar a las personas migrantes que puedan beneficiarse de este proceso de regularización. De ahí la importancia de la charla que hicimos el pasado viernes. Si hiciera falta haríamos otra. Lo que queremos es que las personas beneficiarias tengan toda la información de cómo poder tramitar la documentación que tienen que recabar y, sobre todo, cuáles son los requisitos para poder entrar dentro del proceso de regularización", prosiguió Soler.

Desde el departamento de Servicios Sociales concretaron que "solo hay tres requisitos y al cumplir uno de los tres se puede entrar en el proceso de regularización. Uno es haber trabajado o estar en una búsqueda activa de trabajo, es decir, estar inscrito en Labora. El otro es tener menores a tu cargo y vivir con ellos o con mayores de 18 años con una discapacidad o con tus padres. Y si no cumples ninguno de estos requisitos, el tercero es tener un informe de vulnerabilidad, que es el trámite que hace Servicios Sociales. Es decir, a Servicios Sociales solo se tiene que ir si no cumples uno de los otros dos requisitos, es decir, si vives solo, no tienes personas a tu cargo y no estás en una búsqueda activa de trabajo, Servicios Sociales te hace el informe de vulnerabilidad y si te empadronaste más de cinco meses antes de enero del 2026 o puedes demostrar la residencia efectiva de más de cinco meses, ya cumples el requisito".

"Pero, hay mucha desinformación. Nosotros lo que queríamos era que toda la gente tuviera la información. Queríamos era que los técnicos de Servicios Sociales, en este caso la trabajadora social y la asesora jurídica dieran toda la información al público asistente en la charla. Y, sobre todo, queríamos dar tranquilidad. Hay tres meses y el proceso finaliza el 30 de junio. Creo que estas personas se merecen tener toda la información y poderlo hacerlo todo con tiempo. Pueden ir a las oficinas de Correos, porque hoy se abre la presentación presencial, pero la presentación de la documentación de manera presencial solo se puede hacer en oficinas de Correos o en Tesorería y Seguridad Social de municipios de más de 50.000 habitantes. Todavía no han habilitado, por ejemplo, la oficina de correos de Ontinyent. Es decir, actualmente, la oficina más próxima que tienen para presentarlo es la de Alcoy", añadió Soler.

"Esto es muy importante que la gente lo sepa, porque de manera telemática está abierto desde el 16 de abril. Estas personas, de manera telemática, deben tener un certificado electrónico que está ligado a uno número de DNI que, evidentemente, las personas no tienen. De manera telemática, lo pueden presentar a través de un abogado o de una asesoría, pero esto, evidentemente, tiene un coste. Nosotros teníamos que trasladar esta información. Nosotros lo que estamos haciendo es atender a estas personas poniendo al alcance de ellas nuestro personal para informarles, asesorarles y hacerles los trámites que dependen de la administración local, que en este caso es el certificado de empadronamiento colectivo o individual que necesitan y, si cumplen el criterio del informe de vulnerabilidad, podérselo hacer desde Servicios Sociales", comentó.

"Pero nosotros podemos llegar hasta aquí. El siguiente paso es presentar la documentación y que les contesten, porque esto creo que también es importante, que ya no solo las personas beneficiarias lo sepan, sino toda la ciudadanía. En un proceso de regularización normal, que no es este, que es el extraordinario, tardan al contestar entre 6 y 8 meses, un trámite normal. En este, tienen 3 meses para contestar. Yo quiero pensar que se pondrán las pilas desde el Ministerio, desde el Gobierno central. Entonces, la administración tiene que responder a estas personas, porque en 3 meses tienen que darles una respuesta. Si no hay respuesta, se toma como silencio administrativo y está desestimado. Entonces, yo quiero pensar que el Gobierno central va a ponerse a las pilas en este proceso de regularización extraordinario. Todo esto para los ayuntamientos supone una carga extra, pero nosotros, como siempre ante cualquier situación extraordinaria, hemos dado respuesta y vamos a continuar haciéndolo. Yo estoy muy indignada en este tema, porque o pagan o tienen que irse en Alcoi o València a poderlo hacer de manera presencial. Cuando es un trámite totalmente gratuito".

"Tendrían que haber habilitado todas las oficinas de Correos de todos los municipios, municipios como Ontinyent, como Albaida, Xàtiva, que tienen oficinas de Correos, pero no tenemos más de 50.000 habitantes. Yo creo que tendría que haberse hecho mejor este proceso, que es tan extraordinario, haberlo articulado mejor. Y no solo por las administraciones locales, que es que tenemos que hacer la parte de la documentación que nos corresponde, pero también donde presentarlo. No solo es la gente que está empadronada, porque no podemos hablar de un dato exacto. Ni el mismo gobierno sabe el dato exacto, porque ellos hablan de un medio millón de personas, que es un dato que no tienen ellos, es un dato que le han dado las entidades del tercer sector que están trabajando con estos colectivos. No hay un dato real de cuánta gente va a ser. Y nosotros lo que tenemos que hacer, las administraciones, es darles respuesta", concluyó Soler.

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