La macroplanta del trasvase en Llanera avanza con la evaluación ambiental pese al rechazo social

La macrocentral fotovoltaica promovida por la sociedad estatal Acuamed y financiada con fondos europeos en terrenos de Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà continúa adelante en la tramitación de los permisos pese al amplio rechazo social concitado en la Costera, donde ayuntamientos, mancomunidad, asociaciones ecologistas y un frente vecinal han manifestado su oposición al proyecto, orientado a nutrir de energía a la estación de bombeo del trasvase ubicada en Llanera.

La actuación, presupuestada en 34,2 millones de euros, se ha adentrado esta misma semana en la fase de evaluación de impacto ambiental, que corre a cargo del Ministerio de Transición Ecológica. De momento, los documentos aportados no son accesibles. El anteproyecto de la macroplanta solar, con 19,50 megavatios (MW) de potencia instalada, salió a información pública en febrero de 2025 y contemplaba la instalación de 34.216 paneles solares repartidos en diferentes islas en el límite entre los dos pueblos afectados. Para materializarla sería necesaria la ocupación de alrededor de 70 hectáreas de terrenos de tipología rústica que se expropiarían a sus propietarios.

La movilización vecinal despertada por la iniciativa recopiló cerca de medio millar de firmas en contra del parque fotovoltaico en la fase de entrega de alegaciones.

En una reciente respuesta parlamentaria, el Ministerio de Transición Ecológica defendió la necesidad de la instalación para "garantizar la operatividad" del trasvase, una "infraestructura clave para el suministro de agua a los regantes del Vinalopó". El objetivo: reducir y estabilizar los costes energéticos y, con ellos, las tarifas a los usuarios.

La planta fotovoltaica está diseñada para que, mediante la modalidad de autoconsumo, aporte la energía que precisan los grupos motor-bomba tanto para su funcionamiento como para su arranque. Actualmente, al no haberse alcanzado los volúmenes autorizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el régimen de funcionamiento de la estación de bombeo de Llanera de Ranes es de ocho horas diarias, motivo por el cual a futuro se ha previsto la utilización de todas las horas con radiación solar.

Frente a las alternativas planteadas para alimentar dicha estación con otras fuentes de energía, desde el Gobierno se argumentó que no existen plantas fotovoltaicas con las autorizaciones y aprobaciones necesarias a una distancia adecuada. La competencia para conceder los permisos definitivos de la central de Llanera correspondería a la Generalitat.

Las alegaciones pusieron especialmente el foco en la pérdida de grandes extensiones de terrenos de regadío cultivables, básicos para la economía rural y la captura de carbono, puesto que aproximadamente el 10% del terreno agrario actualmente disponible en Llanera se vería afectado. Los campos fotovoltaicos se situarían a menos de 100 metros de 14 casetas y viviendas diseminadas de la zona (más una que tendría que ser expropiada) cuyos titulares temen ver "degradado su territorio". También se encuentran próximos a zonas de protección arqueológica y, según advierten las entidades ecologistas, afectarían "directa o indirectamente a zonas de suelo no urbanizable de protección paisajística".

El estudio de impacto ambiental presentado por Acuamed identificó un total de 33 impactos negativos derivados de la implantación del parque fotovoltaico de Llanera, de los cuales cinco tienen la catalogación de «severos», mientras que el resto se consideran «moderados». Los más importantes tienen que ver con la presencia física de las placas solares y otras estructuras propias de la instalación, junto con la barrera visual que se generará, la pérdida de calidad visual en la zona y la fragmentación y el deterioro de la percepción del paisaje durante la fase de explotación. 

Junto a esta actuación, Acuamed promueve otra macroplanta solar para abastecer a la estación de bombeo de Moixent, cuyo anteproyecto salió hace poco a información pública. Esta infraestructura, diseñada con 40.000 paneles fotovoltaicos, costaría 47 millones y obligaría a expropiar 850.000 m2 de suelo. También ha generado una amplia batería de alegaciones.

Actuaciones de mitigación

Para mitigar las afecciones previstas, el documento plantea una serie de actuaciones, como la restauración de la cubierta vegetal, el control del riesgo de incendios o el mantenimiento de áreas de vegetación natural dentro del perímetro de la planta como refugio de animales. También se deberá llevar un control del ruido durante la fase de construcción, se restaurará el Barranc de Brull, afectado por las obras, y se llevarán a cabo prospecciones para detectar la presencia de especies de flora y fauna protegidas, amenazadas o de interés.

Igualmente, se instalarán refugios para insectos, bebederos para animales y nidos para quirópteros, junto con la plantación de árboles, y se llevarán cabo excavaciones arqueológicas y un seguimiento en todas las acciones que supongan movimientos de tierra, dado que cerca hay zonas de protección arqueológica. El conjunto de medidas protectoras contempladas se presupuesta en 300.000 euros. El estudio concluyó que la central fotovoltaica es viable desde el punto de vista ambiental porque los impactos señalados «no son significativos» si se aplican las acciones de mitigación. El informe también destaca el ahorro de C02 con la planta.

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