La Generalitat se desentiende del monasterio de Santa Clara y devuelve a Xàtiva la parte donde iba el Palacio de Justicia

En abril de 2022, la Generalitat Valenciana asumió la cesión gratuita de una parte del antiguo Real Monasterio de Santa Clara de manos del Ayuntamiento de Xàtiva por un periodo no inferior a 50 años, con la condición de que esta histórica joya patrimonial del siglo XIV emplazada en pleno corazón de la ciudad se destinara a la construcción de la nueva sede judicial.

Cuatro años y un cambio de gobierno más tarde, la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ha iniciado el procedimiento para la reversión del céntrico inmueble recayente a la Avenida Selgas. El edificio, que cumple 25 años abandonado tras la marcha de las monjas clarisas que lo habitaban, vuelve así a quedar en buena medida condenado al limbo de la indefinición después de que la Conselleria de Justicia haya decidido retirar la inversión de 25 millones de euros que había proyectada para transformarlo en Palacio de Justicia.

Hace unos días, el director general de Patrimonio de la Generalitat, Joaquín Woodward, firmó un escrito en el que se ordena devolver el antiguo convento al consistorio -que lo compró en 2019 a un banco por 2,2 millones-, invocando un "cambio sustancial en la finalidad que motivó la cesión gratuita del inmueble" que ha puesto de manifiesto "la innecesariedad" del mismo por parte de la Conselleria de Justicia.

Desde la administración autonómica argumentan ahora que el edificio es "inviable" para albergar los juzgados del partido judicial de Xàtiva, apoyándose en los cambios introducidos con la entrada en vigor de la Ley de eficiencia de la Justicia. Según la conselleria, el complejo "carece de las características necesarias e indispensables" para alojar el fin que tenía previsto.

Aunque el Ayuntamiento de Xàtiva concedió a la Conselleria de Justicia la licencia de obras para iniciar los trabajos previos de demolición y arqueología en enero de 2025, la administración autonómica no llegó a ejecutar ninguna intervención ni modificación sobre el monasterio hasta que, un año después, anunció su cambio de criterio respecto a Santa Clara. Los minuciosos proyectos redactados para la actuación han quedado guardados en el cajón, junto con casi ocho años de trámites convertidos ahora en papel mojado.

El 16 de marzo de 2026, la Subdirección General de Transformación y Calidad del Servicio Público de Justicia redactó un nuevo informe de necesidades para la sede judicial de Xàtiva que invalidó todo el trabajo previo "al objeto de adecuar las necesidades a las exigencias organizativas, funcionales y de calidad del servicio público establecidas en la Ley Orgánica 1/2025". El 1 de abril, la Directora General de Justicia instó a revisar la adscripción del antiguo convento a la Generalitat a la vista de "las necesidades reales y actuales del servicio".

Aunque el vicepresidente segundo del Consell, José Luis Díez, trasladó al ayuntamiento la voluntad de buscar una dotación alternativa para Santa Clara, por el momento nada ha trascendido de esta promesa, que parece alejarse con la reversión iniciada ahora por la administración autonómica.

El consistorio ve una decisión "política"

El ayuntamiento cuestionó que el edificio no pudiera adaptarse a las necesidades de la nueva ley, indicando la importante ampliación de la superficie construida respecto a la actual sede judicial del Palau d'Alarcó (de 3.000 m2 a más de 5.000 m2), con la previsión de habilitar nuevos juzgados y la posibilidad de crecimiento de las instalaciones. El gobierno municipal también pidió estudios técnicos detallados que justificaran una decisión que califican de política.

La parcela de Santa Clara es actualmente la única en Xàtiva que cumple con la calificación urbanística requirida para albergar el Palacio de Justicia. La conselleria está buscando un nuevo emplazamiento fuera del núcleo urbano, alegando que se requieren cerca de 7.000 m2 construidos para materializar el proyecto. Sin embargo, el nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent, situado en la avenida de Llombo, contará con una superficie construida de aproximadamente 4.662,80 metros cuadrados, según las últimas informaciones de la Generalitat.

En 2019, el consistorio de Xàtiva desplegó un gran esfuerzo económico para comprar a un banco por 2,2 millones de euros el convento de Santa Clara, posteriormente cedido de forma gratuita a la Generalitat por un periodo de cincuenta años.

Al emblemático edificio le crecen los enanos. El Consell también ha cancelado el convenio para financiar las obras del Centre Raimon y ha reclamado al ayuntamiento la devolución de los 400.000 euros que había invertido hasta la fecha en una serie de trabajos previos. Presidencia asegura que va a presentar un nuevo convenio, pero se niega a vincular la rehabilitación del antiguo convento al complejo cultural que albergará el legado del cantautor.

La asociación Amics de la Costera ha comenzado a tejer un frente común junto a otros colectivos e instituciones para reclamar a la Generalitat que no se desentienda de la recuperación de Santa Clara.

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