Sentencia
Condenan a uno de los okupas de Cerdà por amenazar a una vecina
El juzgado impune una multa al acusado y le prohíbe aproximarse a un radio de 200 metros de la denunciante, una mujer de edad avanzada que ha tenido que alterar sus rutinas por el miedo

El bloque de adosados de Cerdà donde se denunciaron problemas de convivencia por ocupaciones ilegales. / Perales Iborra

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Xàtiva ha condenado por un delito leve de amenazas a uno de los ocupantes ilegales de los adosados abandonados de Cerdà que durante años han sido un foco de conflictos vecinales en esta pequeña población de la Costera con menos de 400 habitantes.
En abril de 2025, una residente de la zona recibió graves amenazas por escrito y presentó una denuncia ante la Guardia Civil contra una pareja de okupas de la calle Josep Segrelles, ambos de nacionalidad española. El pasado 31 de marzo se celebró el juicio. La sentencia absuelve a la mujer por falta de pruebas, pero impone al hombre, R.C.M., una pena de 45 días de multa a razón de 6 euros diarios (270 euros de sanción).
Al margen de esta pequeña sanción, el juzgado también ha prohibido al acusado aproximarse a la vecina denunciante a un radio de 200 metros. No puede transitar ni permanecer por la calle por la que la persona protegida reside ni acudir a los lugares que esta frecuente. Igualmente, el fallo impide al condenado comunicarse con la perjudicada por cualquier medio (ya sea postal, telefónico, telegráfico, telemático o vía SMS), a tiempo que le impone el pago de las costas del procedimiento judicial.
En la práctica, este pronunciamiento -que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial- implica la imposibilidad de R.C.M. de permanecer en la casa okupada en la que reside ilegalmente en la actualidad. El juzgado ve justificada la orden de alejamiento decretada atendiendo a la edad avanzada de la perjudicada, así como al hecho de que esta, como consecuencia de las amenazas recibidas, ha tenido que alterar sus rutinas para evitar encontrarse con el denunciado, al sentirse desvalida. La mujer expresó el temor que sentía a que el acusado atentara contra su integridad física, una circunstancia que puede acrecentarse ahora que ha sido condenado.
Problemas recurrentes
En septiembre de 2025, este diario se hizo eco de la inquietud de los vecinos de la zona por la sucesión de amenazas de muerte, intimidaciones, alborotos, fiestas nocturnas y hasta algún conato de agresión que se habían registrado en el bloque de adosados de la calle Josep Segrelles de Cerdà a raíz de la ocupación ilegal de tres viviendas. Los problemas llegaron a empujar varios propietarios a deshacerse de sus inmuebles y a marcharse de la finca por miedo.
Recientemente, el Ayuntamiento de Cerdà ha adquirido dos de las casas que estaban a la venta gracias a una subvención estatal, con la intención de ponerlas en alquiler a un precio asequible y así atraer a nuevas familias y jóvenes a la localidad y paliar la despoblación. Al mismo tiempo, con la operación el consistorio pretende atajar el foco de ocupación ilegal y mejorar la seguridad y la convivencia en la zona.
En una de las viviendas del bloque se refugió como okupa Ángel C.S., el hombre recientemente condenado a tres años de cárcel por atropellar a un niño de 7 años y darse a la fuga en València. Tras ser detenido, de nuevo fue declarado en búsqueda y captura en julio de 2025 y se emitió otra orden de detención contra él al no presentarse ante el tribunal que debía juzgarlo por otro caso de agresión, coacciones y amenazas.
El hombre y la mujer denunciados por amenazas fueron los primeros en okupar los adosados de Cerdà e inicialmente se presentaron al resto de propietarios como inquilinos que estaban de alquiler. Además de engancharse ilegalmente a la luz y el agua potable, coleccionan diferentes antecedentes policiales.
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