Xàtiva pone coto a la actividad junto a la ermita de Sant Josep tras recuperar los terrenos que se inscribió la Iglesia

El convenio que a principios de noviembre firmaron el Ayuntamiento de Xàtiva y la Colegiata de Santa María para devolver a la titularidad pública los terrenos aledaños a la ermita de Sant Josep dejó automáticamente en un limbo la licencia de apertura con la que operaba el restaurante situado entre el templo y el Bellveret, en la subida del castillo.

Dicho permiso concedía al negocio un aforo inicial de 40 personas en el interior del local, 22 en la terraza cubierta y 78 personas en la terraza al aire libre anexa al establecimiento, que ahora es de dominio municipal.

Como consecuencia de este cambio, el 10 de noviembre de 2025 se requirió a la titular de la actividad para que adecuara la licencia a la nueva realidad jurídica, mediante la correspondiente modificación del proyecto de actividad y la solicitud de la oportuna autorización. Cuatro días más tarde, la empresa gestora del negocio solicitó permiso para la terraza.

Pasados otros cuatro días, el ingeniero técnico municipal emitió un informe en el que advirtió de que el cambio de titularidad del espacio donde se desarrollaba parte de la actividad al aire libre, junto con la reducción del aforo y la incidencia en las condiciones de seguridad, evacuación y accesibilidad, constituía "una modificación sustancial de la licencia", de acuerdo con la normativa aplicable, que hacía necesaria la obtención de una nueva licencia de apertura, al entenderse que la actividad actualmente desarrollada "no coincide con la inicialmente declarada ni puede entenderse amparada por la declaración responsable presentada en fecha 11 de agosto de 2020, al haberse alterado elementos esenciales de su configuración". El escrito también puso "especial atención" en "el valor histórico, cultural y arqueológico" de los terrenos en cuestión.

Con posterioridad, un nuevo informe de los servicios técnicos municipales certificó que la alteración de la titularidad del suelo, como anexo al establecimiento, conllevaba una modificación sustancial de la licencia de apertura, reforzando la misma tesis. El documento también reflejó la máxima ocupación de la vía pública que podría autorizarse en la terraza de Sant Josep, señalando como "no compatible" la instalación de veladores o pérgolas. "Tampoco se permitirían actividades accesorias con música, ni el estacionamiento de vehículos tipo food-truck", apuntó el técnico firmante.

Además de albergar estos elementos en los últimos tiempos, en los terrenos se han celebrado actuaciones musicales que fueron motivo de queja por parte de la asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu.

A modo de respuesta, la empresa presentó un anexo al proyecto de actividad firmado por un ingeniero industrial que defendía que la modificación de la actividad no era "sustancial". Sin embargo, los técnicos insistieron en que ni se había presentado la correspondiente declaración responsable ni se había justificado la adecuación de la actividad para disponer de terraza o instalación en vía pública una vez superado el plazo concedido, por lo que recomendaron al ayuntamiento la adopción de una medida de policía consistente en suspender la autorización de la actividad del restaurante por "carecer de título habilitante válido".

Esta propuesta fue aprobada en la junta de gobierno del 9 de marzo. En el acuerdo público también constan diversas quejas y denuncias "por el elevado ruido y molestias" en la zona, así como de diferentes "intervenciones policiales". De hecho, se han elevado a la conselleria actas por infracción como consecuencia del desarrollo "de una actividad sin permiso" y, según los informes municipales, "se excede de forma exagerada el marco de la licencia con que cuenta el establecimiento".

El restaurante solicitó al ayuntamiento poder instalar ambientación musical y desarrollar actividades fuera del ámbito de su licencia, como la de salón de banquetes en un espacio público.

La resolución municipal del 9 de marzo justificó la medida de policía adoptada en "el ejercicio de una actividad de forma reiterada en el tiempo sin la preceptiva licencia de la actividad", así como en el "serio riesgo en materia de orden público y de seguridad ciudadana", al tratarse de un espacio "con una elevada concurrencia de personas (superándose el aforo autorizado), tomando en especial consideración que hay una falta total de control de la seguridad por llevarse a cabo sin haber cumplido con los requisitos legalmente exigidos". Y todo ello -remata el expediente- en un entorno protegido, "con los riesgos que estas circunstancias suponen".

Alegaciones de la empresa

El 24 de marzo, la empresa presentó una serie de alegaciones frente a esta decisión. En su escrito, la interesada invocó la "ajenidad" del cambio de titularidad del suelo, la "vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica" por parte del consistorio y la "desproporción de la medida", junto con la posible responsabilidad patrimonial de la administración local, para acabar apelando a su derecho de continuar la actividad en las condiciones inicialmente autorizadas.

Con fecha 30 de marzo de 2026, el ingeniero técnico municipal se ratificó en la existencia de una modificación sustancial y en la carencia de título habilitante para el ejercicio de la actividad en las condiciones actuales Según el técnico, además, "no se acredita que la modificación del establecimiento mantenga las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad para la no discriminación de los usuarios en silla de ruedas".

Los servicios técnicos y jurídicos municipales desestimaron las alegaciones de la mercantil y consideraron "acreditado que la actividad se desarrolla en condiciones distintas de las inicialmente declaradas, sin que conste presentada ninguna nueva declaración responsable que ampare estas modificaciones". El 27 de abril, la junta de gobierno acordó la suspensión inmediata del ejercicio de la actividad, "al carecer actualmente de título habilitante válido, hasta su completa adecuación a la normativa vigente mediante la presentación de una nueva declaración responsable", a tiempo que ordenó a la Policía Local "la realización de las actuaciones de inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente resolución".

Este diario se puso en contacto con el negocio hostelero para conocer su punto de vista tras la medida de policía adoptada por el ayuntamiento. Desde el establecimiento indicaron que estaban en trámites para solventar el conflicto, aunque no han contestado a la petición de información realizada el pasado 7 de abril.

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