Justicia para los Cabida: Un empresario de Ontinyent logra anular las condenas de cinco familiares

Conocido popularmente en Ontinyent como "Pepe El Ferrer", José Antonio Cabida inició en los años 80 del siglo pasado un complicado periplo por archivos militares y boletines oficiales con la misión de limpiar el nombre de su padre Antonio, oficial y comisario del Ejército de la República durante la Guerra Civil que, una vez acabada la contienda, fue víctima de la represión y las torturas del régimen franquista, acusado de un supuesto delito de celebración de matrimonio ilegal.

Aunque Pepe falleció en 2022 sin poder recoger los frutos de su incansable y exhaustiva labor de investigación, su hijo, el empresario ontinyentí José Cabida, tomó el relevo con determinación tras su pérdida. Hace dos años, como publicó Levante-EMV, consiguió que el Gobierno de España rehabilitara la figura de su abuelo: todas las condenas y sanciones que se dictaron contra él fueron declaradas nulas e ilegítimas bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática, al estar motivadas por razones políticas e ideológicas.

Pero la herida que la Guerra Civil abrió en la familia Cabida no se circunscribió a la tragedia personal sufrida por un solo individuo. Si quería cerrarla, José Cabida tenía que devolver la dignidad a toda una estirpe marcada por unas fuertes convicciones. De algún u otro modo, otros cuatro hermanos de Antonio sufrieron en sus carnes una persecución similar a la de este. Ochenta años después, el empresario ha conseguido que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática emita para todos ellos las correspondientes Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal. Así es como han quedado formalmente anuladas todas las penas impuestas por la dictadura a los cinco hermanos Cabida Soriano tras 40 años de lucha de sus descendientes para hacer justicia y restaurar el honor de la familia.

Todos ellos se implicaron activamente en combatir el alzamiento de las tropas golpistas capitaneadas por Franco contra la democracia republicana que había sido instaurada por las urnas. Concluida la guerra, fueron capturados y acusados (salvo Antonio) de un mismo delito: "adhesión a la rebelión".

Una estirpe de fuertes convicciones

Emilio Cabida Soriano fue comisario político de la República. Natural de La Haba (Badajoz) y de profesión campesino, estuvo afiliado al Socorro Rojo Internacional y perteneció al 170 Batallón del Ejército Republicano. Según la información detallada por José Cabida, en febrero de 1944, el Consejo de Guerra Permanente número 1 de Madrid le condenó a 30 años de reclusión mayor por el delito de "adhesión a la rebelión". Estuvo preso en la cárcel Provincial de Madrid y formó parte de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Obtuvo la libertad condicional el 23 de enero de 1946 y salió de prisión el día 30 del mismo mes. Fue indultado el 9 de agosto de 1946, en aplicación de un decreto de perdón del régimen franquista para los condenados por rebelión militar.

Menos suerte corrió Hilario Cabida Soriano, un peón caminero natural de Casas del Monte (Cáceres) y vecino de Jabaloyas (Teruel) que fue fusilado en noviembre de 1939 a los 39 años de edad. Hilario perteneció a la CNT y a las milicias confederales. Detenido por la Guardia Civil y condenado a la pena de muerte, acabó enterrado en una fosa en el Cementerio de Puertollano.

Julián Cabida Soriano fue oficial del Ejército de la República con 26 años, Capitán de Infantería y Comisario Político. De profesión campesino, era natural de Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba) y fue detenido en 1939. Tras ser encarcelado en la prisión Tabacalera y en la colonia Penitenciaria de Santoña-Dueso (Santander) por un supuesto delito de rebelión, le condenaron a 30 años de reclusión mayor, de los que llegó a cumplir 23 años. Hasta febrero 1962 no le fue concedida la libertad definitiva.

Francisco Cabida Soriano, natural de Las Herencias (Toledo) fue Capitán de Infantería del ejército de la República con 38 años. El día 17 de febrero de 1938, a los 38 años de edad, falleció en la localidad de Flix (Tarragona) en una acción de guerra. Recibió sepultura en Sueca. Durante la dictadura franquista, estuvo incluido en el Fichero Político-Social, lo que constituye un acto de persecución por motivos políticos o ideológicos.

Las resoluciones firmadas por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaran nulas las condenas de la dictadura a todos los hermanos, al considerarse ilegales los tribunales que los juzgaron, sin ninguna garantía.

Un resultado costoso pero "gratificante"

«El proceso ha durado décadas, pero el resultado es gratificante. He podido culminar el camino que inició mi padre y poner punto y final a este capítulo familiar», señala el empresario José Cabida tras recibir la documentación que restituye el honor de sus antepasados.

Para los descendientes de los represaliados, estas declaraciones "no son solo papeles oficiales": son el fin de una sombra que pesaba como una losa sobre su apellido. "La justicia llega tarde para los protagonistas, pero a tiempo para que las futuras generaciones de ontinyentís conozcan la verdad de su historia", apostilla José Cabida.

Después de más de 50 años de obstáculos burocráticos y una incesante investigación en archivos militares, la familia Cabida ha logrado la rehabilitación institucional de su memoria.

Suscríbete para seguir leyendo