Restringen las actividades recreativas en la presa de Escalona y prohíben la navegación

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha modificado las condiciones de uso de la presa de Escalona y, desde hace unos días, los usuarios de este embalse se han encontrado con la prohibición de realizar algunas actividades recreativas, entre ellas la navegación. Así lo han denunciado los ayuntamientos de Navarrés y Quesa, en cuyos términos se emplaza la presa y que han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que la CHJ no les ha notificado el cambio de usos del paraje y piden explicaciones sobre la nueva situación de Escalona.

En la presa operan algunas empresas dedicadas a actividades recreativas en el embalse, que se han visto afectadas por la modificación. Ello ha motivado algunas quejas sobre la actuación de los dos consistorios, que han emitido el bando municipal para aclarar la situación. Exponen que ninguno de los dos consistorios “han recibido ninguna notificación oficial por parte de la Confederación Hidrográfica comunicando la prohibición de la navegación en la presa, ni resolución administrativa alguna que motive y justifique dicho cambio de criterio”. Las dos administraciones locales apuntan que la presa de Escalona habría sido incluida en una guía o relación de embalses no navegables y que, por ello, se habría procedido a la modificación de usos, prohibiendo la navegación. Pero desde Navarrés y Quesa manifiestan que este cambio no ha sido justificado, por lo que piden a la CHJ que aporte la documentación que pudiera justificar esos nuevos criterios. Afirman que la modificación realizada se ha ejecutado “sin que se haya hecho pública una resolución debidamente motivada que explique las razones técnicas, ambientales o jurídicas que sustentan esta decisión”. Además, señalan que se ha prohibido la navegación, pero se siguen permitiendo otras actividades con elementos flotantes de pequeñas dimensiones, inferiores a 1,5 metros, como patos acuáticos y similares, lo que “genera aún más dudas sobre el alcance real de las restricciones impuestas”.

Los ayuntamientos de Navarrés y Quesa también han detallado el trabajo que han realizado estos años para que la presa de Escalona reporte beneficios a los vecinos y vecinas de ambas localidades, que acogen la infraestructura. Comenzaron en 2011, con la reclamación de que la CHJ tribute por el embalse. Una solicitud avalada por la justicia. Así, exponen que desde hace quince años han defendido en los tribunales el derecho de ambos pueblos a percibir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la presa, “de acuerdo con la ponencia de valores aprobada por la Dirección General del Catastro en el año 2008”. Señalan que “la justicia ha sido clara: hemos obtenido seis sentencias favorables que reconocen este derecho y la obligación tributaria correspondiente” y añaden que en estos quince años, la CHJ “no ha logrado sostener jurídicamente ninguna causa que justificara la no tributación de estas instalaciones”. Las reclamaciones siguieron en 2015 con la autorización para la navegación y la instalación de un pantalán en Escalona, una autorización que fue concedida por la CHJ. Pero ahora, lamentan, “nos encontramos con una modificación del uso asignado a la presa que podría suponerles consecuencias económicas favorables al afectar a las obligaciones tributarias que mantienen con nuestros municipios”.

Navarrés y Quesa defienden la transparencia en las gestiones y tramitaciones realizadas con el organismo de cuenca sobre Escalona y aseguran que las empresas implicadas en las actividades en el embalse “han sido conocedoras de las actuaciones realizadas y de los pronunciamientos que se han ido produciendo a lo largo de estos años, pues nuestros ayuntamientos han trasladado puntualmente la información de la que disponían en cada momento”. Ahora, censuran que la modificación llevada a cabo se ha producido a sus espaldas, sin informarles de los cambios.

Defensa intereses

Los consistorios de Navarrés y Quesa afirman que “entendemos la preocupación de quienes desarrollan su actividad económica en este entorno y compartimos el interés por el futuro de este espacio”. Añaden que los vecinos “tienen derecho a conocer por qué se toma esta decisión, cuáles son los informes que la respaldan y por qué no se ha comunicado oficialmente a las administraciones directamente afectadas”, y piden a la CHJ que responda a todo ello. “La transparencia es una obligación. Lo que no se ha conseguido en los tribunales durante más de una década no puede pretender conseguirse mediante cambios de criterio adoptados sin la debida explicación pública. Los ayuntamientos de Navarrés y Quesa seguiremos defendiendo los intereses de nuestros municipios, de nuestros vecinos y de nuestro territorio con firmeza, responsabilidad y respeto a la legalidad”, concluyen en el comunicado conjunto.

“Decisión injusta”

Las empresas que operan en la presa de Escalona, ofreciendo actividades recreativas en el espacio, lamentan la decisión. La principal mercantil, que ofrecía actividades con kayaks, afirma que es la prohibición de la navegación es una decisión “injusta”. El gerente, a través de sus redes sociales, lamenta que “se deniega la navegación” y se pregunta “cómo es posible que estas cosas puedan pasar, cuál es el motivo. No lo sé”. Asegura que cierra el negocio “no porque quiera, me veo obligado a cerrar” y evidencia que la modificación de usos perjudica a “la gente que emprendemos y a una zona despoblada”. Señala que la prohibición también lo ha obligado a “romper un contrato” con una empresa que le aseguraba una oportunidad de seguir trabajando con actividades para unos 5.000 niños y niñas este año.

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