El laberinto de los residuos de cinco comarcas: el bloqueo de la planta de Llanera acaba en el Consell Jurídic
El Consorcio ha pedido al organismo que se pronuncie sobre la posible modificación o rescisión del contrato con la concesionaria ante la falta de consenso sobre la reactivación del proyecto inicial, que la Comisión Técnica concluye como viable

Unos trabajadores, dentro de la planta de residuos de Algímia. / Daniel Tortajada

El Consorcio de Residuos (COR) que gestiona las basuras de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora se ha encomendado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para tratar de desenmarañar el gran ovillo en el que se ha convertido la construcción de las instalaciones pendientes para tratar los desechos generados en las cinco comarcas.
A pesar de las gestiones desplegadas para tratar de desencallar el proyecto de la planta de residuos de Llanera de Ranes, paralizado hace una década, el ayuntamiento de esta localidad de la Costera mantiene su oposición a la implantación de la infraestructura, lo que abocaría o bien a la rescisión del macrocontrato inicial suscrito con la empresa concesionaria del servicio o bien a alcanzar un acuerdo por unanimidad de todos los representantes municipales integrados en el Consorcio para instalar la citada planta en Llanera.
A la vista de que el consenso en torno a esta cuestión no se ve para nada factible en la actual coyuntura, el COR decidió remitir varias preguntas al Consell Jurídic Consultiu para que esta entidad emita el correspondiente informe y se pronuncie sobre la "posible modificación de contrato" o sobre la rescisión del mismo. Así se desprende de la información que el presidente del Consorcio facilitó a los miembros de la junta de gobierno del organismo en la sesión celebrada a finales de abril. El acta con el contenido de dicha reunión se ha hecho pública recientemente.
La problemática abrió un debate entre los asistentes, que preguntaron cómo anteriormente (en la legislatura pasada) había sido posible modificar la ubicación de la planta, un procedimiento en virtud del cual el Consorcio solicitó a todos los ayuntamientos que propusieran emplazamientos alternativos para albergar diversas instalaciones sustitutorias de la planta de Llanera.
Litigios en los tribunales
El secretario del COR recordó a los presentes que todas las modificaciones anteriores del proyecto aprobadas por la asamblea de la entidad han sido recurridas por la concesionaria. El técnico informó de que la última sentencia judicial firme en torno a este conflicto estimó parcialmente lo recurrido por la empresa contratista. "En estas sentencias se informa de que el Consorcio, como administración pública, tiene el poder de autoorganización y puede modificar el proyecto de gestión como crea conveniente, pero en lo relacionado con la modificación del contrato, se estará lo que marque la ley de contratos. El cambio de ubicación de la planta supone una modificación sustancial del contrato y, por lo tanto, implica la rescisión", detalló el secretario, según la transcripción de la reunión.
En este punto, la gerente del COR informó de que en la última reunión de la Comisión Técnica constituida para desbloquear la cuestión de las instalaciones de tratamiento, se puso encima de la mesa que todos los informes técnicos "son favorables a la instalación de la planta de Llanera" y que tan solo hacía falta "el acuerdo de los representantes del Consorcio" para continuar con el proceso. De este modo, la Comisión Técnica concluyó que ya no debía volver a reunirse hasta que se hubiera tomado alguna decisión respecto a la disyuntiva de si continuar o rescindir el contrato.
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