Prisión para un vecino de Montaverner implicado en una red que estafó 100 millones con inversiones online en 30 países

La Audiencia Nacional ha denegado la petición de libertad formulada por un vecino de Montaverner que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza por su presunta implicación en una red criminal internacional a gran escala desarticulada en octubre de 2025 a la que la Policía Nacional atribuyó el supuesto blanqueo de más de 102 millones de euros procedentes de estafas de inversión online.

La operación, desarrollada de manera conjunta por varios países, se saldó con 6 detenidos y se inició a raíz de una información trasladada a las autoridades españolas por la Fiscalía de la República de Lituania a raíz de las denuncias de estafa presentadas por 34 ciudadanos de al menos 30 países, relacionadas con inversiones en criptomonedas que luego resultaron fraudulentas.

La organización criminal había creado un entramado de sociedades ficticias y plataformas fraudulentas de inversión para captar víctimas en todo el mundo. Las pesquisas revelaron que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante “chiringuitos financieros”, causando graves perjuicios a miles de víctimas en más de treinta países europeos y canalizando el dinero a cuentas lituanas. El modus operandi consistía en captar inversores mediante páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.

Según informó la Policía, la organización criminal contaba con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidad, carecían de actividad económica real y solo servían como receptoras del capital obtenido fraudulentamente. Una vez que la organización criminal recibía los fondos, eran inmediatamente fraccionados y enviados a exchanges de criptomonedas reales donde eran convertidos a criptoactivos –BTC y USDT- y remitidos a direcciones opacas controladas por la propia organización.

La defensa del vecino de la Vall d'Albaida presentó un recurso contra su entrada en prisión alegando que este no mantenía ninguna relación con el núcleo ejecutor del fraude y que nunca había tenido contacto con los clientes. Además, defendió que había colaborado de manera efectiva en la investigación policial y judicial, facilitando los ordenadores y dispositivos y todas las claves de acceso necesarios para acceder a la información contenida en los mismos y en las cuentas de correo.

El recurrente argumentó que no iba a eludir la acción de la justicia y que tenía un firme arraigo familiar, social y laboral en España, por su residencia en Montaverner desde hace 6 años junto a su esposa y sus hijos, de los que ejercía como sostén económico, indicando además que asumía el préstamo hipotecario contraído para la adquisición de su vivienda. El encausado indicó igualmente que carecía de antecedentes penales y planteó que se le aplicaran medidas menos gravosas que la prisión, como la fijación de domiclio, la realización de comparecencias periódicas o la retirada de pasaporte.

Riesgo de fuga

Sin embargo, la investigación sitúa al acusado con carácter indiciario como uno de los operadores de la cuenta bancaria que canalizó 57,6 millones de euros procedentes en su mayoría de fraudes de inversión de toda Europa. El recurrente también figura ligado a una sociedad que recibió en una cuenta 24,3 millones de 23 países, de los que 3,8 procedían de cuentas bancarias españolas, habiendo formulado denuncia ante la Policía Nacional 19 de los transferentes, con un total denunciado de 1,17 millones.

Según razona en su auto la sala de la Audiencia Nacional, "los indicios son múltiples y relevantes, suficientes para mantener la prisión provisional". Las alegaciones del acusado, según las cuales este se limitó a una prestación de servicios para verificar la identidad de los inversores y el origen de los fondos que pretendían invertir, en la creencia de que la actividad era totalmente lícita, "chocan con la realidad extraída de la documentación y demás elementos obtenidos mediante la investigación", la cual todavía no ha concluido.

La causa está abierta por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. El pronunciamiento judicial apela a la elevada penalidad asociada a estas infracciones, el número de perjudicados y el importe global del perjuicio para hacer hincapié en el "elevado riesgo de fuga", pese al arraigo personal y familiar del investigado en España, un riesgo que se ve incrementado por la posibilidad de que este "cuente con medios personales o materiales propios o de la organización para facilitar su ocultación".

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