Xàtiva y Ontinyent tramitan más de 1.100 informes de vulnerabilidad en el proceso de regularización de migrantes

El plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes concluyó este martes con más de un millón de solicitudes, un dato que excede de forma notable las previsiones iniciales del Gobierno. Como suele ocurrir, en los núcleos rurales y en municipios más pequeños, los demandantes lo han tenido más difícil que en las grandes ciudades para completar el papeleo requerido. Y los ayuntamientos y las entidades solidarias locales han terminado asumiendo gran parte de la temida burocracia.

Aunque por el momento se desconoce el dato concreto de peticiones disgregado por municipios, en el ámbito de la Costera y la Vall d'Albaida los consistorios de Xàtiva y Ontinyent han tramitado hasta la fecha un total de 1.115 solicitudes de informes de vulnerabilidad, un certificado clave que debía ser validado y sellado por los servicios sociales municipales o las entidades colaboradoras. Este trámite solo lo debían presentar aquellas personas que ni son solicitantes de asilo, ni tienen hijos menores a cargo y que tampoco pueden acreditar un contrato laboral (o similar), pero la falta de instrucciones claras al comienzo del procedimiento de regularización generó un caos considerable en algunas administraciones locales por el aluvión de atenciones.

La cifra de peticiones de informes de vulnerabilidad registradas es muy similar en las dos capitales comarcales: en el Ayuntamiento de Xàtiva -que tras las colas del primer día tuvo que habilitar un punto específico de atención en la Ludotecla de Borja- se han contabilizado 551, mientras que en Ontinyent se han cuantificado un total de 564.

Uno de los colectivos sociales más veteranos de la zona en la ayuda a migrantes sin papeles es la Associació Valenciana de Solidaritat con África (AVSA) con sede en Xàtiva, que fue reconocida como entidad colaboradora un mes después del inicio del proceso de regularización y, en este tiempo, ha podido tramitar directamente alrededor de medio centenar de solicitudes de informes de vulnerabilidad (a falta de datos definitivos) de personas residentes en la Costera.

Su coordinador, Joan Bou, se muestra "satisfecho" con la evolución del procedimiento, aunque reconoce que comenzó "mal", con unos primeros días "muy complicados" porque el aluvión de peticiones y la excesiva y farragosa burocracia "nos pilló con el pie cambiado". Bou apunta a las múltiples trabas que han tenido que superar los demandantes y los propios colectivos que les ayudan y subraya que Avsa ha atendido "a muchas personas", a tiempo que destaca la rápida y eficaz respuesta del consistorio de Xàtiva. "Cuando la administración estatal se dio cuenta de que no podía atender todo el volumen pidió el apoyo de las asociaciones sociales, pero nos reconocieron como entidad colaboradora cuando ya llevábamos un mes o más del proceso, a pesar de que estábamos preparados. Aún así, desde el principio hemos hecho todo lo que hemos podido, abriendo las puertas de nuestra sede, ayudando en todos los trámites, combatiendo bulos y organizando charlas masivas como la que tuvo lugar en el CCX", detalla el coordinador del colectivo arraigado en Xàtiva.

Bou, con una dilatada experiencia en el campo de la solidaridad, cree que en este ámbito geográfico "no habrá quedado mucha gente fuera" de poder tramitar su solicitud por cuestión plazos, como lo prueba el hecho de que se ha ido viendo un descenso progresivo de las peticiones respecto a los primeros días. Eso sí, puntualiza que "falta ver cuándo y cómo se contesta" al millón de demandantes y si sus expedientes se resuelven favorablemente, puesto que ha habido no pocos obstáculos durante el procedimiento.

Impulsar la integración

De este séptimo proceso extraordinario de regularización, Bou considera que debería extraerse una lección: "es necesario atender con más realismo, porque desde la administración parece haber un desconocimiento del día a día de la calle. Todo es muy complicado por la burocracia y no puede ser que la documentación no se pueda presentar en la oficina de Correos o en la comisaría de Policía de Xàtiva y la gente se tenga que desplazar a Alzira, teniendo en cuenta que los afectados son migrantes que desconocen el funcionamiento de la administración o la lengua", señala.

Pese a los inconvenientes, el coordinador de Avsa defiende que este ha sido "un paso absolutamente necesario que beneficia a las personas migrantes, pero también al conjunto de la sociedad, porque ayuda a conseguir recursos económicos, a prevenir actitudes racistas y conflictos y a impulsar la integración y la convivencia". "No es que estas personas hayan venido a robarnos, sino que estaban malviviendo gracias a las ONG y a la Iglesia. Muchos ya estaban trabajando de manera irregular. Ahora hay que ponerse las pilas y tener en cuenta que los derechos que adquieren van asociados a unas obligaciones. Y también es muy importante solucionar el problema de la vivienda, porque tendrán papeles, pero no un sitio donde vivir", incide Bou.

A juicio de este, tanto los migrantes como la población autóctona tienen que hacer un esfuerzo para fomentar la integración, algo en lo que trabaja desde hace tiempo Avsa. "Hay un miedo mutuo por el desconocimiento. Xàtiva es muy solidaria, pero podemos hacer mucho más. Colectivos como las fallas, las entidades deportivas o las bandas deberían abrir sus puertas y buscar incluir a estas personas", apostilla.

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