Un error judicial retrasa el desalojo del okupa de Cerdà con una orden de alejamiento por amenazar a una vecina

Han pasado dos meses desde que el tribunal de instancia de Xàtiva impuso a un okupa de la calle Josep Segrelles de Cerdà una orden de alejamiento respecto a la vecina de avanzada edad a la que había proferido graves amenazas por escrito. A día de hoy, sin embargo, R.C.M. continúa residiendo ilegalmente en el mismo adosado y quebrantando la distancia de exclusión con la residente que le denunció.

Así lo han denunciado los vecinos colindantes, que han vuelto a alzar la voz ante una situación que califican de "insostenible". Se sienten desprotegidos después de que en septiembre de 2025 hicieran público el clima de "intimidación y miedo" derivado de la ocupación ilegal de un bloque de adosados a cargo de un grupo de personas con antecedentes policiales. La aparente solución judicial conocida en mayo de 2026 se ha convertido en un laberinto burocrático que mantiene al agresor en las calles del municipio.

La sentencia del juzgado castigó al okupa con una multa de 270 euros y una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la víctima. Dado que el inmueble ocupado se encuentra a una distancia muy inferior, esta medida forzaba, en la práctica, el desalojo inmediato del condenado para evitar incurrir en un delito penal.

Sin embargo, la alarma saltó a principios de junio, cuando los vecinos comprobaron que el condenado seguía paseando por Cerdà e ignorando la resolución. Al requerir la intervención de la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad informaron a los afectados de que la orden de alejamiento contra R.C.M. no constaba como activa en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), por lo que éstos se veían imposibilitados para proceder a su detención.

Después de personarse en la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Xàtiva para esclarecer la situación, los vecinos constataron una grave omisión: el fallo original de la sentencia contenía un "error material manifiesto", puesto que no especificaba la duración temporal de la prohibición de aproximación a la víctima. Una circunstancia que convertía la orden de alejamiento en inejecutable a efectos policiales.

Subsanación judicial y situación actual

Para corregir esta deficiencia, la magistrada dictó un auto de aclaración con fecha de 29 de mayo de 2026. En este nuevo pronunciamiento, se integró legalmente el plazo omitido, fijando la orden de alejamiento y comunicación sobre R.C.M. en un periodo de seis meses y haciendo saber que contra esta resolución no cabía recurso alguno.

El auto de rectificación fue recibido y firmado por la propia vecina afectada y denunciante el 17 de junio, mientras que el okupa R.C.M. lo recibió formalmente el 18 de junio de 2026, según indican fuentes judiciales.

A fecha de hoy, y a pesar de que la orden ya es plenamente ejecutiva tras subsanarse el error y notificarse formalmente al condenado, el okupa no ha abandonado el adosado de la calle Josep Segrelles. Los vecinos denuncian que siguen viviendo "bajo un miedo constante" y exigen "una respuesta policial y judicial coordinada y contundente para que la orden se ejecute de manera efectiva y se devuelva la tranquilidad definitiva a esta vecina y al resto del vecindario".

El bloque en el que reside el condenado junto a su pareja -ambos de nacionalidad española- ha sido durante años han sido un foco de conflictos vecinales en Cerdà, una pequeña población de la Costera con menos de 400 habitantes. La sentencia consideró justificada la orden de alejamiento decretada atendiendo a la edad avanzada de la perjudicada, así como al hecho de que esta, como consecuencia de las amenazas recibidas, tuvo que alterar sus rutinas para evitar encontrarse con el denunciado, al sentirse desvalida. La mujer expresó el temor que sentía a que el acusado atentara contra su integridad física, una circunstancia que puede acrecentarse ahora que ha sido condenado.

Problemas recurrentes

En septiembre de 2025, este diario se hizo eco de la inquietud de los vecinos de la zona por la sucesión de amenazas de muerte, intimidaciones, alborotos, fiestas nocturnas y hasta algún conato de agresión que se habían registrado en el bloque de adosados de la calle Josep Segrelles de Cerdà a raíz de la ocupación ilegal de tres viviendas. Los problemas llegaron a empujar varios propietarios a deshacerse de sus inmuebles y a marcharse de la finca por miedo.

Recientemente, el Ayuntamiento de Cerdà ha adquirido dos de las casas que estaban a la venta gracias a una subvención estatal, con la intención de ponerlas en alquiler a un precio asequible y así atraer a nuevas familias y jóvenes a la localidad y paliar la despoblación. Al mismo tiempo, con la operación el consistorio pretende atajar el foco de ocupación ilegal y mejorar la seguridad y la convivencia en la zona.

En una de las viviendas del bloque se refugió como okupa Ángel C.S., el hombre recientemente condenado a tres años de cárcel por atropellar a un niño de 7 años y darse a la fuga en València. Tras ser detenido, de nuevo fue declarado en búsqueda y captura en julio de 2025 y se emitió otra orden de detención contra él al no presentarse ante el tribunal que debía juzgarlo por otro caso de agresión, coacciones y amenazas.

El hombre y la mujer denunciados por amenazas fueron los primeros en okupar los adosados de Cerdà e inicialmente se presentaron al resto de propietarios como inquilinos que estaban de alquiler. Además de engancharse ilegalmente a la luz y el agua potable, coleccionan diferentes antecedentes policiales.