La Generalitat paraliza de forma cautelar la reversión del monasterio de Santa Clara en Xàtiva ante la amenaza de un contencioso
El ayuntamiento setabense formuló una reclamación advirtiendo de los "perjuicios de imposible o difícil reparación" que puede causar la decisión tras la cancelación del proyecto del Palacio de Justicia en el monasterio, cedido gratuitamente a la Generalitat
El director general de Patrimonio pide un informe a la Conselleria de Justicia antes de resolver el procedimiento de devolución del inmueble

Anuncio del Palacio de Justicia en la parte de Santa Clara que recae a la Avenida Selgas de Xàtiva. / Perales Iborra

La dirección general de Patrimonio de la Generalitat ha suspendido de manera cautelar la decisión de la Conselleria de Justicia de revertir la cesión gratuita del monasterio de Santa Clara después de que el Ayuntamiento de Xàtiva haya formulado un requerimiento para advertir de su intención de acudir a la vía contencioso-administrativa si la medida continúa adelante, al entender que su ejecución podría causar "perjuicios de imposible o difícil reparación".
El procedimiento de reversión de una parte del histórico inmueble recayente a la Avenida Selgas se inició el 1 junio, cuando el director general de Patrimonio, Antonio Joaquín Woodward, firmó una resolución por la que ordenaba devolver el uso del antiguo convento al consistorio setabense cuatro años después de que se acordara su cesión a la Generalitat por un periodo no inferior a 50 años, con la condición de que el edificio se destinara a la construcción del nuevo Palacio de Justicia. En su escrito, Woodward invocó el cambio de criterio adoptado por la Conselleria de Justicia, que ha decidido cancelar la inversión de 25 millones de euros prevista en el monasterio para buscar otra parcela en la ciudad -a su juicio -más adecuada- para levantar la largamente reivindicada infraestructura judicial.
Antes de que pueda procederse a dar de baja el inmueble del Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Xàtiva debería acordar la aceptación de su reversión. Sin embargo, el 29 de junio, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, formalizó ante Patrimonio una reclamación previa a la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
En dicho escrito, el primer edil solicitó a la Generalitat la anulación de la resolución dictada para la reversión de Santa Clara e instó a que se prosiga "en la ejecución de las obligaciones asumidas en su momento para que el inmueble sirva al fin expresado y pueda albergar las instalaciones de la nueva sede judicial de Xàtiva, con todo cuanto además resulte procedente en Derecho". El alcalde, por otra parte, apeló al artículo 117 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para pedir la suspensión del acto "por entender que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación".
Patrimonio pide la opinión de Justicia
En una nueva comunicación suscrita por el director general de Patrimonio este lunes 6 de julio, Woodward recalca que en tanto no se produzca la aceptación de la reversión por parte de la administración municipal, el edificio consta adscrito a la Conselleria de Justicia como bien de dominio público. De este modo, al alto cargo ha dado traslado del escrito del Ayuntamiento de Xàtiva al citado departamento autonómico que dirige Nurtia Martínez para que el mismo emita un informe y "formule las alegaciones, consideraciones y argumentos que estime oportunos" en relación con la reclamación formulada por el consistorio setabense, antes de poder resolver el requerimiento "con pleno conocimiento de los antecedentes y circunstancias concurrentes".
En ese sentido, Patrimonio justifica la suspensión cautelar del procedimiento de reversión de Santa Clara ante los posibles daños de los que advierte el Ayuntamiento de Xàtiva.
Este pronunciamiento coincide con la fecha límite que puso la Conselleria de Justicia para recabar ofertas de parcelas privadas candidatas a alojar los futuros juzgados del partido judicial. La Generalitat busca un solar urbano a menos de 300 metros de la ciudad, con más de 3.000 m² de superficie y compatible con la calificación de uso administrativo, por el que está dispuesta a pagar hasta 2,6 millones de euros
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