El PSPV de Ontinyent vota en contra de la ordenanza de residuos y pide un modelo "más participativo, flexible y adaptado a los barrios"

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ontinyent ha votado en contra de la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Residuos porque considera que, aunque comparte los objetivos de sostenibilidad y economía circular que establece la normativa europea, estatal y autonómica, "el gobierno de Ens Uneix ha gestionado este proceso desde la imposición y no desde el diálogo".

Los socialistas recalcan que las obligaciones de separar residuos no son una decisión de ningún gobierno municipal, sino una exigencia derivada de la normativa europea y desarrollada por la Ley estatal 7/2022 y la Ley valenciana 5/2022. "La cuestión no es si hay que reciclar; la cuestión es cómo se implanta un sistema para que sea útil, eficaz y asumido por la ciudadanía", señala el portavoz del Grupo socialista municipal, José Antonio Martínez.

Desde el PSPV recuerdan que ya votaron en contra de la adjudicación del nuevo contrato de residuos en noviembre de 2024 y también de las sucesivas ordenanzas fiscales que han provocado un importante incremento de la tasa de basura.

"En solo tres años hemos pasado de pagar 48 euros en 2023 a 136 euros en 2026. Es una subida desorbitada que los vecinos y vecinas están asumiendo sin percibir una mejora proporcional del servicio", sostiene Martínez.

El Grupo Socialista ve "especialmente preocupante" que la ordenanza "deje numerosas cuestiones esenciales pendientes de futuras instrucciones de la alcaldía", lo que, a su juicio, "genera inseguridad jurídica y deja demasiadas decisiones importantes sin concretar".

Entre otros aspectos, los socialistas cuestionan la falta de respuestas sobre situaciones cotidianas que preocupan a la ciudadanía: dónde deberán depositarse los residuos en calles estrechas, qué ocurrirá durante actos multitudinarios como las Fiestas de Moros y Cristianos, cómo se gestionará la recogida en determinadas zonas residenciales o cómo se adaptarán los edificios ya consolidados a las nuevas exigencias previstas en la ordenanza.

Además, el PSPV también muestra dudas sobre el régimen sancionador y el sistema de control de los contenedores cerrados. "No es coherente aprobar una ordenanza que contempla sanciones mientras, al mismo tiempo, desde el gobierno municipal se afirma públicamente que no las habrá. Ese mensaje contradictorio solo genera más confusión entre los vecinos", explica el portavoz municipal de la formación.

Los socialistas también piden aclaraciones sobre el uso de cámaras de videovigilancia en las áreas cerradas de contenedores, su cobertura legal y su eficacia real para perseguir las conductas incívicas que se producen fuera de los recintos.

Para el Grupo Socialista, el principal error del gobierno municipal ha sido optar por "un único modelo rígido para toda la ciudad", sin adaptarlo a la diversidad urbanística de Ontinyent ni a las diferentes realidades de los barrios. "Gobernar también es saber escuchar. Cuando una decisión genera tanto debate en las calles, en los comercios, en los bares y entre las familias, lo mínimo exigible es abrir espacios de participación real y estar dispuesto a rectificar aquello que no funciona", continúan.

Desde el PSPV apuestan "por un sistema flexible, adaptado a cada barrio, con bonificaciones que premien a quienes reciclan correctamente, con mecanismos de pago por generación cuando sean viables, con una mejor educación ambiental y con una implantación progresiva consensuada con la ciudadanía".

Finalmente, los socialistas cuestionan que un contrato de más de 37,5 millones de euros para los próximos doce años haya quedado condicionado por una subvención europea que apenas representa aproximadamente el 3,5% de su coste total, y consideran que una decisión de esta trascendencia "debería haber contado con un consenso mucho más amplio".

Ens Uneix pregunta al PSPV si era partidario de renunciar a 1 millón

Por su parte, Ens Uneix ha mostrado su "sorpresa" por que el PSPV "critique un modelo que viene condicionado por el cumplimiento de la normativa vigente y por los requisitos de una subvención europea de 1 millón de euros que el Ayuntamiento consiguió para mejorar el servicio de recogida de residuos". "Cuando los socialistas afirman que un contrato de 37,5 millones no tenía que estar condicionado por una ayuda que representa el 3,5% de su importe, hay que preguntarles claramente: ¿están diciendo que eran partidarios de renunciar a un millón de euros para Ontinyent? Porque esto es lo que implican sus declaraciones", ahondan desde la formación municipalista.

"El gobierno de Ontinyent ha hecho lo que corresponde: aprovechar todos los recursos disponibles para modernizar el servicio, cumplir la legislación y evitar que la ciudad perdiera una subvención histórica. Quien propone renunciar a un millón de euros es quien tendría que explicarse ante la ciudadanía", zanjan las mismas fuentes.

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