La votación popular promovida por el PP de l'Alcúdia de Crespins para cambiar el nombre del IES Isabel-Clara Simó acaba en la Agencia de Protección de Datos

En 2020, el Consell del Botànic autorizó la creación del Instituto de Educación Secundaria (IES) de l'Alcúdia de Crespins como centro autónomo del IES Sivera Font de Canals, del que hasta entonces había dependido. El nuevo centro educativo fue bautizado con el nombre de Isabel-Clara SImó, la influyente escritora, filósofa y periodista que había fallecido poco antes.

Seis años más tarde, el gobierno municipal de l'Alcúdia de Crespins, en manos del PP, ha activado el procedimiento para cumplir con uno de los puntos de su programa electoral: borrar el nombre de la autora alcoiana de los rótulos del instituto y cambiar su denominación por una nueva "de acuerdo con la toponimía local" que "represente los valores y la identidad del pueblo". Según argumentan desde el ejecutivo que preside Javier Sicluna, el nombre inicial generó "malestar entre la ciudadanía" al haberse decidido "de manera unilateral".

Este jueves, el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha puesto en marcha una "votación popular" para "conocer las preferencias de los vecinos" sobre el nuevo nombre del IES "de acuerdo con la toponimia local". Para votar, basta con acceder a un enlace e identificarse con el DNI. La corporación local ha planteado cuatro propuestas predefinidas para que la población seleccione la que prefiere: IES L'Alcúdia de Crespins, IES Malrec, IES Campet, IES Riu Nou o IES Riu Sants.

Cada vecino empadronado solo puede votar por una opción. El plazo para participar acaba el 31 de agosto. En septiembre, el equipo de gobierno de l'Alcúdia de Crespins presentará los resultados, someterá el asunto en pleno municipal y trasladará la decisión al Consejo Escolar del centro, según el ejecutivo el "último órgano encargado de efectuar el cambio de nombre".

El lanzamiento de la encuesta vecinal se ha visto envuelto por la polémica política. Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha formulado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos tras cuestionar la legalidad de un procedimiento que se ha impulsado sin que haya constancia de la aprobación de unas bases o un reglamento previo que le dé cobertura normativa. Desde la oposición creen que se puede haber vulnerado la normativa de protección de datos, al haberse facilitado a una empresa informática externa los números de identidad de los vecinos empadronados en la población para confeccionar la encuesta. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, se pide al citado organismo estatal que inicie una investigación sobre el tratamiento de datos personales efectuado por el Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins en relación con esta encuesta, así como que se verifique si la recogida obligatoria del DNI cumple los principios de necesidad, proporcionalidad y minimización de datos exigidos por la ley y que, si se aprecian infracciones, "se adopten las medidas correctoras oportunas y, si procede, se incoe el correspondiente procedimiento sancionador o de advertencia prevista en la normativa aplicable a las administraciones públicas".

Desde el gobierno municipal del PP niegan cualquier tipo de irregularidad y aseguran que la web "cuenta con todos los requisitos y parámetros técnicos de protección de datos".

La coalición valencianista también ha presentado una instancia en el ayuntamiento en la que también advierte de la "falta de competencia" de la corporación local para "decidir libremente" el nombre de un instituto público. "La denominación oficial suele corresponder a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, aunque el Consejo Escolar y el Ayuntamiento pueden emitir propuestas o informes. Si la encuesta se presenta como una decisión vinculante, podría inducir a error", recalca el escrito.

"Incumplimiento del deber de información"

En segundo lugar, Compromís recuerda que la recogida del DNI "exige una base jurídica para el tratamiento", así como información previa sobre la protección de datos, una identificación del responsable del tratamiento, una finalidad concreta y la concreción de un plazo de conservación de los datos, junto con información al usuario sobre los derechos de acceso, rectificación o supresión. "Si esa información no aparece antes de introducir el DNI, podría existir un incumplimiento del deber de información del artículo 13 del RGPD", incide la formación encabezada por Pepe Garrigós, que tampoco ve "suficientes garantías democráticas" en la votación.

"Habría que comprobar quién puede votar, si el censo está verificado, cómo se evita la suplantación de identidad, quién controla el recuento y si existe un reglamento que regule la consulta. Sin estas garantías, la encuesta puede tener escasa fiabilidad", sostienen las mismas fuentes.

Compromís por L'Alcúdia de Crespins considera que la votación impulsada por el Ayuntamiento para elegir el nombre del instituto "genera importantes dudas". "Antes de pedir el DNI a la ciudadanía, el gobierno municipal tendría que explicar: "¿Qué norma regula esta consulta? ¿Quién ha autorizado el tratamiento de los datos personales? ¿Dónde está la información sobre protección de datos? ¿El resultado será vinculante o simplemente orientativo? ¿Quién garantiza la transparencia del proceso? La participación ciudadana tiene que realizarse con todas las garantías legales y de protección de datos, no mediante procedimientos que generan dudas sobre su validez", apostilla la formación.

Este diario ha contactado con el alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, para conocer la versión del gobierno municipal respecto a las críticas de Compromís, pero éste ha declinado contestar.