Xàtiva exige al Consell que paralice la compra de terrenos para la sede judicial tras suspender la reversión del convento de Santa Clara

El Ayuntamiento de Xàtiva ha pedido formalmente a la Generalitat que deje "sin efecto" cualquier actuación encaminada a la adquisición de una nueva parcela para albergar la sede judicial de esta ciudad.

A través de un escrito de alegaciones remitido este martes a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, el alcalde Roger Cerdà recuerda que el pasado 6 de julio el director general de Patrimonio de este departamento autonómico, Antonio Joaquín Woodward, dictó una resolución por la que suspendió cautelarmente el proceso de reversión del antiguo monasterio de Santa Clara, que fue cedido gratuitamente hace cuatro años por el consistorio a la Generalitat para construir el nuevo Palacio de Justicia.

Esta decisión se adoptó después de que la corporación municipal setabense formulara un requerimiento para advertir de su intención de acudir a la vía contencioso-administrativa si el Consell continuaba adelante con su intención de desprenderse del inmueble, al entender que esta medida podría causar "perjuicios de imposible o difícil reparación" a la ciudad. Woodward solicitó a la Conselleria de Justicia un informe para que se pronunciara sobre la reclamación formulada por el consistorio setabense, antes de poder resolver el requerimiento "con pleno conocimiento de los antecedentes y circunstancias concurrentes". El alto cargo recalcó que, en tanto no se produzca la aceptación de la reversión por parte de la administración municipal, el edificio consta adscrito a la Conselleria de Justicia como bien de dominio público.

En su última comunicación, el alcalde de Xàtiva muestra sus sospechas sobre la posibilidad de que ese dictamen del director general de Patrimonio sea "un acto simulado, puramente formal pero carente de trascendencia jurídica, que no alcanza a esconder el propósito verdadero de la conselleria, que es dejar sin efecto la cesión del Real Monasterio de Santa Clara y abandonar la prestación de que este sirva para acomodar la sede judicial en el modo en que inicialmente fue planteada".

Cerdà sostiene que la conselleria "persiste en actuar en contra de sus anteriores pronunciamientos, apartándose nuevamente de su criterio y prosiguiendo con la reversión del inmueble en cuestión, cuando su idoneidad fue declarada de forma expresa y quedó acreditada en todas las actuaciones que dieron lugar a la incorporación de aquel patrimonio a la Generalitat Valenciana". A juicio del primer edil, esta actitud "supone una flagrante vulneración de los principios de buena fe, respeto a los pactos y confianza legítima", después de que en enero de este año la consellera Nuria Martínez anunciara la paralización del proyecto que se había gestado en Santa Clara para buscar un nuevo emplazamiento a la sede judicial fuera del núcleo urbano.

A mediados de junio, Justicia inició un procedimiento con el objetivo de adquirir una parcela destinada a este fin, una operación en la que el Consell está dispuesto a gastarse 2,6 millones de euros ya incluidos en los presupuestos autonómicos. Para el alcalde de Xàtiva, sin embargo, estas actuaciones "van frontalmente en contra" del acuerdo de suspensión del acuerdo de reversión dictado por el director de Patrimonio y -agrega- "muestran con palmaria claridad que la voluntad verdadera de la Generalitat no es otra que la de abandonar por completo el proyecto inicialmente planteado respecto a la sede judicial".

Roger Cerdà insiste en señalar "una clara muestra de la quiebra de la voluntad comprometida" en los actos previos de la Generalitat, a tiempo que apunta a una "vulneración de la doctrina de los actos propios, del principio de confianza legítima y de lealtad institucional". "La decisión de suspender cautelarmente el acuerdo de reversión del monasterio de Santa Clara no puede ir seguida del anuncio de la adquisición de una parcela con idéntico fin", mantiene en su escrito.

Para concluir, el alcalde pide a la conselleria que resuelva expresamente la reclamación previa formulada por el Ayuntamiento de Xàtiva al amparo del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y "anule el acuerdo de reversión del Real Monasterio de Santa Clara, prosiguiendo la ejecución de las obligaciones asumidas con el fin de habilitar dicho inmueble para que sirva al fin inicialmente pretendido".

El plazo para presentar ofertas de parcelas candidatas a albergar los nuevos juzgados de Xàtiva se cerró a principios de julio. De momento, no ha trascendido información al respecto. Este diario preguntó a la Conselleria de Justicia hace dos semanas por el resultado del concurso público, pero no ha obtenido respuesta.

Patrimonio pide la opinión de Justicia

El procedimiento de reversión de una parte del histórico inmueble recayente a la Avenida Selgas se inició el 1 junio, cuando el director general de Patrimonio firmó una resolución por la que ordenaba devolver el uso del antiguo convento al consistorio setabense que había sido cedido a la Generalitat por un periodo no inferior a 50 años, con la condición de que el edificio se destinara a la construcción del nuevo Palacio de Justicia. En su escrito, Woodward invocó el cambio de criterio adoptado por la Conselleria de Justicia, que ha decidido cancelar la inversión de 25 millones de euros prevista en el monasterio para buscar otra parcela en la ciudad para levantar la largamente reivindicada infraestructura judicial.

Antes de que pueda procederse a dar de baja el inmueble del Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Xàtiva debería acordar la aceptación de su reversión. Sin embargo, el 29 de junio, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, formalizó ante Patrimonio una reclamación previa a la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

En dicho escrito, el primer edil solicitó a la Generalitat la anulación de la resolución dictada para la reversión de Santa Clara e instó a que se prosiga "en la ejecución de las obligaciones asumidas en su momento para que el inmueble sirva al fin expresado y pueda albergar las instalaciones de la nueva sede judicial de Xàtiva, con todo cuanto además resulte procedente en Derecho". El alcalde, por otra parte, apeló al artículo 117 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para pedir la suspensión del acto "por entender que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación".

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