Nueva denuncia contra el okupa de Cerdà que amenazó a una vecina de avanzada edad por incumplir la orden de alejamiento

La situación que desde hace meses mantiene en vilo a varios vecinos de Cerdà ha vuelto a dar un giro. La mujer de 69 años que logró que un juzgado impusiera a un inquilino que ocupa una vivienda contigua a la suya una orden de alejamiento de 200 metros por un delito de amenazas ha presentado una nueva denuncia ante la Guardia Civil al considerar que el investigado está incumpliendo de forma reiterada la medida cautelar.

Según la declaración formal que prestó la vecina este 13 de julio en el puesto de la Benemérita de Canals, a la que ha tenido acceso este periódico, R.C.M. continúa residiendo en la misma casa, a una distancia de apenas 20 metros de la suya, en la calle Josep Segrelles de Cerdà, y lo ve con frecuencia paseando por las inmediaciones de su domicilio.

La mujer explica que el investigado no se dirige a ella cuando coinciden, pero afirma que continúa transitando por la zona donde ella reside y suele pasear, pese a la sentencia dictada hace dos meses que le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros, permanecer en la calle donde vive y acudir a los lugares que frecuenta durante un periodo de medio año.

Fotografías aportadas como prueba

En la denuncia presentada ante la Guardia Civil, la víctima manifiesta que dispone de fotografías realizadas por su marido en las que, según afirma, se observa al investigado caminando por la calle Josep Segrelles y, en otra ocasión, paseando con un perro por la plaza del Llaurador, un lugar donde la denunciante acostumbra a reunirse con amigos y situado, según su declaración, a menos de 100 metros de su vivienda.

El atestado también recoge que la mujer asegura escuchar al investigado por las noches, lo que confirma que éste continúa viviendo en la casa colindante. La denunciante afirma que cada vez que se cruza con él se altera y se pone muy nerviosa, circunstancia que también hizo constar en su declaración.

Tras recoger la comparecencia, la Guardia Civil acordó iniciar nuevas diligencias para investigar un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar, al amparo del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Un conflicto que se prolonga desde hace meses

El caso mantiene una importante repercusión en esta pequeña localidad de la Costera por la prolongada disputa entre ambas partes y por la situación de la vivienda donde reside el investigado.

Según indican fuentes vecinales, el procedimiento civil relacionado con el desalojo del inmueble okupado continúa sin resolverse definitivamente y arrastra una prolongada demora, antes de ejecutarse el desahucio en los juzgados de Xàtiva, mientras la vecina denuncia el "riesgo" al que se enfrenta.

Los residentes consideran que esta circunstancia está provocando una situación de convivencia muy complicada para la mujer, que asegura sentirse desprotegida pese a la existencia de una resolución judicial favorable a sus intereses.

Los vecinos reclaman medidas urgentes

A raíz de esta nueva denuncia, los vecinos afectado han reclamado públicamente a las autoridades judicilaes y policiales que se adopten medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la orden judicial. Entre sus peticiones figuran que el quebrantamiento de la prohibición de alejamiento conlleve "medidas penales severas para frenar el acoso y la convivencia forzosa", que se valore la adopción de medidas cautelares si así lo estiman los órganos judiciales competentes y que se desbloquee y agilice el procedimiento civil relativo a la vivienda okupada.

Los vecinos sostienen que la situación "no puede prolongarse indefinidamente" y piden una respuesta que permita poner fin a un conflicto que, aseguran, afecta tanto a la víctima como a la convivencia en el municipio.

Además de la orden de alejamiento, la sentencia impuso al condenado por amenazas una pena de 45 días de multa a razón de 6 euros diarios (270 euros de sanción). La resolución especificó que el hombre no puede transitar ni permanecer por la calle por la que la persona protegida reside ni acudir a los lugares que esta frecuente. Igualmente, el fallo impide al condenado comunicarse con la perjudicada por cualquier medio (ya sea postal, telefónico, telegráfico, telemático o vía SMS).