Un acto de desagravio por Sant Feliu en Xàtiva

Hoy seguimos la historia de la pasada quincena, y haremos público el deseo de María Pérez, de conseguir que algún día, la afrenta cometida contra su esposo, el doctor Ernesto Sanz, director del hospital de la Seu de Xàtiva desde 1923 hasta 1939, pudiera ser desagraviada después de ser mancillado su honor por las falsas acusaciones que le llevaron a ser encausado en un juicio sumarísimo por el ejército de ocupación franquista, nunca celebrado ante la muerte de Ernesto, cuya deteriorada salud no pudo soportar aquella eterna espera. Tras su óbito, la causa fue archivada y su buen nombre quedó manchado para siempre, al no publicarse jamás un veredicto de inocencia, ni permitirse nunca la publicación del sumario, hasta el día de hoy.

Acabada la guerra, Ernesto Sanz fue cesado de su puesto como director del centro médico. La razón: haber sido militarizado por la República con el grado de teniente. Inhabilitado para la sanidad pública, se retiró a su consulta privada de la Alameda. Con su fama y prestigio, trabajo no le iba a faltar hasta que, a las pocas semanas, la Guardia Civil se presentó en su casa para detenerlo. Tres médicos y un farmacéutico habían presentado cargos contra él, por realizar actividades a “favor de las hordas marxistas”.

Presentaron declaraciones juradas con sello de Arriba España y Viva Franco, por las que se le acusaba de que en el balneario de Cestona, durante las vacaciones de Ernesto, interrumpidas por el golpe de estado, calificado por los declarantes como “el inicio del glorioso Movimiento Nacional”, uno de los testimonios que veraneaba por la zona afirmaba haberlo visto exhibiendo pistolas, colaborando con los rojos y denunciando a personas de derechas.

Otro testificó que su rápido regreso a Xàtiva fue debido a su deseo de convertir su centro médico en hospital de guerra, y a ser designado como comisario de sanidad por el Comité. Otro que había orquestado la persecución de otros médicos derechistas y ordenado la incautación de material médico de sus consultas privadas, para instalarlas en el hospital de sangre en que se había convertido el de la Seu, y se chivaban todos, por si no era suficiente aquello, de que se había afiliado al partido comunista y había llegado a ser oficial médico del ejército republicano.

El principio de presunción de inocencia parece que se transformó en el de culpabilidad. Y Ernesto fue encarcelado sin más en la prisión del Espanyoleto, a la espera de la toma de declaración. En su defensa alegó no haber desarrollado jamás actividades contra la “causa nacional”, y que los cargos desempeñados en la retaguardia le fueron impuestos y aceptados por miedo a las represalias. Argumentó que era imposible que en Cestona denunciara a simpatizantes del Alzamiento Nacional, porque allí no conocía a nadie. Que partió para Xàtiva, no por motivos políticos, sino para atender a la familia y volver a la dirección del hospital. Que fue el Comité, y no él, el que dio la orden de la incautación de material médico, y que nunca había estado afiliado al partido comunista. Más bien había sido militante del Partido Autonomista-centro/derecha-, y del sindicato médico de la UGT.

Siguiendo las directrices del estado de guerra, se recibió la orden de que Ernesto había de permanecer en prisión. Tras tres meses de encierro, sufrió una angina de pecho que le llevó a ser ingresado en el hospital de la Seo, para ser atendido debidamente. Restablecida la salud, vuelve a presidio, a la espera de juicio, y su proceso continúa con la ratificación de acusaciones y defensa, con careos incluidos. Nadie se desdice de lo afirmado. Y la salud de Ernesto se deterioró a pasos agigantados, viendo como íntimos amigos se habían convertido en crueles enemigos.

Nueve testimonios a favor del médico

María consiguió reunir nueve testimonios favorables para demostrar que Ernesto era un patriota católico y de pensamiento conservador, que nunca tuvo simpatías por el Frente Popular. Entre todos ellos destaca la defensa del general franquista Miguel Abriat, defenestrado hoy del callejero de la Llosa de Ranes, y que por entonces era jefe de las fuerzas de ocupación de Girona, y en su declaración manifestó su relación con él en los tiempos en que era Delegado Gubernativo en Xàtiva de la dictadura de Primo de Rivera, donde afirma que Ernesto, a pesar de ser republicano, siempre apoyó y difundió los valores tradicionales irradiados por aquella dictadura militar a través de la revista Unión Cultural, de la que fuera Sanz director, y asistió con él a muchas procesiones religiosas y a los actos de la comunión de enfermos del hospital que tenía a su cargo.

El resto de testimonios declararon que siempre fue un buen médico, preocupado por sus enfermos, protector de sus enfermeras, las Hermanas de la Caridad, que prestaron servicio en el hospital. O que fue incapaz de hacer daño, ni delatar a nadie por su condición de derechista. O que bajo el mandato de José Medina Maravall, asesinado por los rojos, hizo campaña en favor de la derecha y en contra del Frente Popular, y que, a pesar de las prohibiciones de manifestaciones religiosas en lugares públicos, permitió el culto y la impartición de sacramentos en el hospital y los establecimientos benéficos.

Además, María aportó declaraciones de la Directora Superiora de las Dominicas certificando que sus hijos iban a un colegio católico, de las Hermanas de los Ancianos desamparados, del capellán del hospital de la Seo, y de un montón de falangistas que certificaban el buen trato recibido a su paso por el hospital de sangre número 1. Certificados sobre su pertenencia a la cofradía de la Santísima Virgen de la Seo o la Cruz de Beneficencia al mérito civil por su actuación durante la catástrofe ferroviaria de Ontinyent en 1922, o del director del balneario de Cestona, jurando que su cliente, el señor Sanz, no había denunciado a nadie, ni portaba pistolas, ni había lanzado soflamas antifranquistas durante su estancia.

Con toda la documentación recabada quedó constituido el Consejo de Guerra Permanente para dictar sentencia en el sumarísimo de urgencia 15475, donde el fiscal pedía entre 6 y 12 años, en la que se argumentaba que no se había podido probar ninguna de las acusaciones presentadas por los vecinos, pero sí que era imputable por “auxilio a la rebelión”, siguiendo la ley de responsabilidades políticas de 1939, por su pertenencia al partido republicano autonomista y haber sido oficial con la República. La defensa pedía la completa absolución.

Tras dos años de trámites burocráticos, Ernesto murió en prisión. No llegó al día del juicio. Su viuda pidió una sentencia de sobreseimiento y la devolución de todos los documentos emitidos en su defensa “con el fin de reivindicar la memoria de mi difunto esposo”. No consiguió ninguna de las dos cosas. Así, hoy, ante el patrón de Xàtiva reivindicamos, en nombre de María, la memoria de este buen cristiano con este acto de desagravio para restituir su honor, mancillado por los bulos y las mentiras.