Veinte condenados por la trama que blanqueó dinero en Xàtiva con la compra de una gasolinera

El Tribunal Supremo ha puesto el punto final al caso de la trama internacional que defraudó 23 millones de euros con el IVA de hidrocarburos y metales preciosos y que extendió sus tentáculos hasta Xàtiva con una operación destinada a "transformar" los beneficios ilícitos. El procedimiento deja 20 personas condenadas a diferentes penas de prisión que, sumadas aritméticamente, alcanzan los 33 años y cinco meses de cárcel, además de multas millonarias y decomisos. El alto tribunal ha rechazado los recursos de casación planteados contra la sentencia de la Audiencia Nacional, una resolución frente a la que ya no cabe recurso.

El caso tiene una conexión directa con la capital de la Costera. Entre los hechos declarados probados figura que dos de los responsables cerraron por unos 150.000 euros la compra de un solar en Xàtiva en el que había construida una gasolinera cerrada. La operación aparece incluida en la sentencia en el apartado dedicado al blanqueo de los fondos defraudados mediante la adquisición y abanderamiento de estaciones de servicio.

Las condenas de cárcel se reparten entre una veintena de acusados por delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, con distinto grado de participación en cada caso. Aunque todos ellos fueron absueltos del delito de pertenencia a organización criminal después de que el Ministerio Fiscal retirara esa acusación, sí fueron condenados por el resto de conductas delictivas que se les atribuían.

Las penas más elevadas se corresponden con quien la sentencia sitúa al frente del entramado, condenado a cuatro años de prisión en total por falsedad documental, dos delitos contra la Hacienda Pública —correspondientes a 2015 y 2016— y blanqueo de capitales. Otros dos acusados acumularon tres años y diez meses cada uno por esos mismos tipos delictivos.

A ellos se añaden varios participantes con condenas que alcanzan, al sumarse las distintas penas impuestas a cada uno, dos años de prisión, además de otros acusados con condenas inferiores. El fallo llega hasta veinte personas físicas condenadas y posteriormente establece también las sanciones a las sociedades Ital Refining y Meridium Petroleum.

Un fraude de más de 23 millones

El mecanismo ideado por los acusados tenía como objetivo reducir drásticamente el IVA que debían ingresar por la venta de gasóleo y gasolina. Las sociedades Ital Refining y Meridium Petroleum utilizaban una compleja operativa de supuestas compraventas de metales preciosos para generar cuotas de IVA deducibles. La mercancía formaba parte, en realidad, de un circuito ficticio articulado mediante numerosas empresas españolas y portuguesas.

La Agencia Tributaria cifró las cuotas de IVA no ingresadas por Ital Refining en 2,45 millones de euros en 2015 y 19,54 millones en 2016. A ello se añadieron otros 718.711 euros correspondientes a Meridium Petroleum. En conjunto, las cantidades defraudadas de esos ejercicios superan los 22,7 millones de euross.

Xàtiva, en la expansión de las gasolineras

La aparición de Xàtiva se produce cuando los responsables trataron de transformar parte de los fondos mediante inversiones en negocios aparentemente legales. A través de la marca Face Petroleum emprendieron una política de adquisición de estaciones de servicio.

Después de la compra de una gasolinera en Castelló, la sentencia recoge que cerraron por unos 150.000 euros la compra de un solar con una estación de servicio cerrada en Xàtiva. Cuando la estación de servicio fue incautada por las autoridades judiciales, su valor se había duplicado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido no admitir los recursos de casación presentados por Meridium Petroleum, varios de los condenados y distintas sociedades vinculadas a la operativa, entre ellas Ital Refining, Face Petroleum y Deval Petroleum. La resolución confirma así, en lo recurrido, la sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que había mantenido sustancialmente las condenas de primera instancia. El Supremo impone además las costas a los recurrentes y especifica que contra su sentencia no cabe recurso.

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