El grito de auxilio de una madre del Palomar ante las crisis psicóticas de su hijo: "Mi vida corre peligro y nadie toma una decisión"

"A lo mejor mañana estoy muerta". Chelo Alberola resume con esta escalofriante frase su desesperación después de meses y meses llamando a puertas administrativas, judiciales y sanitarias. Sus palabras suenan crudas, pero arrastran tras de sí la pesada carga de quien ha estado lidiando durante quince años con el imparable proceso de deterioro mental de un hijo con un trastorno esquizoafectivo que ha requerido una veintena de ingresos en Psiquiatría por episodios maníacos y psicóticos, varios de ellos con sintomatología "muy severa".

El relato de la madre ha adquirido una nueva dimensión este mes de agosto. Esta profesora de Física y Química de 61 años regresó el sábado de un viaje y encontró su vivienda del Palomar (la Vall d'Albaida) completamente alterada: la reja de acceso a la parcela y la puerta de entrada se encontraban abiertas, el frigorífico estaba desconectado de la luz y "lleno de gusanos" y las cámaras de vigilancia y varias llaves aparecieron rotas o partidas y dejadas en fila para que fueran vistas. También desapareció abundante documentación muy personal de la casa, como las declaraciones de la renta de lo últimos 12 años, además de dos ordenadores portátiles, tarjetas sanitarias, escrituras de viviendas, una libreta donde apuntaba todas sus contraseñas o la llave de un BMW, entre otras pertenencias. En el banco le advirtieron de una entrada fraudulenta en una de sus cuentas, que está bloqueada.

En su denuncia ante la Guardia Civil, Chelo declara que su hijo -que tiene 34 años y reside en una vivienda contigua a la suya en la misma propiedad- lleva meses causando daños en la casa. Relata también amenazas de muerte proferidas a ella y su marido el domingo. No es la primera vez, y ha pedido una orden de alejamiento contra su vástago. "Mi vida corre peligro y yo lo que quiero es salvarla y que a mi hijo lo encierren donde toca", indica a Levante-EMV, después de lamentar que las distintas administraciones «se pasan la pelota» sin que llegue una solución definitiva.

El impacto de estas últimas semanas ha terminado alcanzando también a la salud de la madre. Ese mismo 23 de agosto, la profesora acudió al Centro de Salud de Albaida por una crisis de ansiedad. «Hay semanas que las paso solo con burocracia», ahonda Alberola. Su sensación es que lleva demasiado tiempo intentando conseguir una respuesta en vano.

Providencia del juzgado en junio

A instancias de la mujer, el Tribunal de Instancia de Ontinyent tramita desde 2025 un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo para el hijo, con una discapacidad del 66%. Después de la vista, cuyo retraso motivó un escrito de la mujer ante el Consejo General del Poder Judicial, una providencia fechada el 17 de junio de 2026 acordó trasladar las actuaciones y toda la documentación al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS). La jueza consideró que, dadas las circunstancias y la conflictividad familiar, el organismo público podía postularse como curador representativo y/o asistencial.

La resolución establecía expresamente que el IVASS debía presentar sus alegaciones «a la mayor brevedad posible» y, en todo caso, en un plazo de cinco días. Más de dos meses después de aquella providencia, sin embargo, todavía no se ha materializado una medida de apoyo que cambie la situación cotidiana de Chelo y su hijo. Según su relato, después de volver a ponerse en contacto con todas las instituciones implicadas, recibió como explicación que durante agosto el procedimiento se encontraba pendiente. El caso sigue en un limbo.

Más allá del enfrentamiento familiar, hay una persona con una enfermedad mental grave que tampoco consigue mantener una estabilidad prolongada. Su madre asegura que su estado "ha empeorado mucho en los dos últimos dos años" y ha tenido que dejar la carrera que cursaba por sus continuos ingresos hospitalarios. Los últimos informes de la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ponen el foco en sus reiterados episodios psicóticos, acompañados de alucinaciones auditivias e ideas delirantes y megalomaníacas y concluyen que este necesita «ayuda, supervisión y apoyo», además de advertir de un «elevado riesgo de reagudización». Los informes no se limitan a describir la enfermedad, sino que la psiquiatra planteó una salida asistencial: contactar con servicios sociales para tramitar un piso tutelado y solicitar un tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) con el objetivo de reducir las recaídas y los nuevos ingresos y favorecer una vida más adaptada.

Otro informe reciente de Salud Mental refleja que se había iniciado incluso un seguimiento domiciliario, pero que no había sido posible establecer una intervención terapéutica efectiva. Ante la persistencia de los síntomas, la falta de adherencia y la resistencia del paciente al tratamiento, junto con los episodios descritos en el entorno familiar, el psiquiatra recomendaba una intervención de «mayor intensidad terapéutica» y, ante nuevos problemas de conducta, el traslado al Hospital de Xàtiva para una valoración psiquiátrica urgente, observación y reinicio del tratamiento.

Pero Alberola lamenta que esa sucesión de ingresos temporales tampoco ha conseguido mitigar el problema. «Pasan tres semanas y vuelve», resume sobre un ciclo de descompensación, ingreso, mejoría y nueva recaída que, insiste, se ha repetido durante años. También cuestiona la falta de seguimiento por parte de los Servicios Sociales de la zona, cuyo papel, a su juicio, ha "demorado el procedimiento".

Chelo cuenta que pasa buena parte de su tiempo haciendo gestiones y que ahora debe regresar a su trabajo en el instituto. Habla del miedo a quedarse sola en casa, de no atreverse a enfrentarse directamente con su hijo y de una convivencia que se ha vuelto imposible. También destaca, en contraste, el apoyo recibido de profesionales concretos, especialmente de la trabajadora social del hospital o la psiquiatra que ha atendido a su hijo, así como la implicación del alcalde de El Palomar.

La madre no entiende que, después de años de ingresos y existiendo ya una resolución judicial para establecer apoyos, siga recayendo sobre la familia la responsabilidad de afrontar cada nueva crisis. «No se está haciendo nada», lamenta. Su reclamación se dirige a conseguir que la administración asuma de forma estable una situación que no puede manejar sola.

Mientras llega esa decisión, Chelo continúa viviendo en El Palomar con la misma rutina que ha impuesto el miedo: mirar antes de abandonar la casa, no salir nunca junto a su marido para no dejar la vivienda desprotegida y esperar que el siguiente trámite administrativo no llegue demasiado tarde.