El caso del joven del Palomar con crisis psicóticas sigue atascado en el juzgado dos meses después pese a las alertas de la madre

La solución que desde hace meses reclama de manera desesperada y con urgencia Chelo Alberola ante la imposibilidad de lidiar con los habituales episodios psicóticos de su hijo de 34 años en El Palomar permanece bloqueada a la espera de una nueva resolución judicial que se ha demorado al ser agosto un mes inhábil para la Administración de Justicia.

Como ayer informó Levante-EMV, a mediados de junio el Tribunal de Instancia de Ontinyent dictó una providencia para trasladar las actuaciones y toda la documentación del caso al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass ) a raíz del procedimiento de medidas de apoyo iniciado por la madre en 2025. La jueza consideró que, dadas las circunstancias y la conflictividad familiar, el organismo público podía postularse como curador representativo y/o asistencial, una medida legal de apoyo destinada a asistir a una persona mayor de edad que necesita ayuda para ejercer su capacidad jurídica en actos concretos de su vida.

La resolución establecía expresamente que, "dada la naturaleza del procedimiento", el Ivass debía presentar sus alegaciones «a la mayor brevedad posible» y, en todo caso, en un plazo de cinco días, antes de pronunciarse el Ministerio Fiscal y el resto de partes. Terminado ese trámite, los autos debían quedar vistos para que el tribunal dictara «la resolución que proceda en derecho». Más de dos meses después de dicha comunicación, desde el organismo dependiente de la Conselleria de Servicios Sociales aclaran que todavía no pueden ejercer la función de curatela, a la espera de una nueva resolución judicial que se prevé para este mes de septiembre. Una vez emitida, todavía habrá que esperar a un nuevo plazo para formular las alegaciones que correspondan. En el primer término, el Ivass no las formuló.

El procedimiento ha adquirido especial urgencia para la familia después de los últimos episodios registrados este mes de agosto en El Palomar, donde el hombre diagnosticado de trastorno esquizoafectivo reside en una vivienda contigua a la de su madre y el marido de esta. Al volver de un viaje, Chelo interpuso una denuncia ante la Guardia Civil -no es la primera- al encontrar su vivienda violentada, con daños en los accesos y los sistemas de vigilancia y con numerosa documentación, claves personales y efectos personales desaparecidos. También ha elevado a los agentes las amenazas de muerte que asegura haber recibido de su hijo y ha pedido una orden de alejamiento para este. Igualmente, ayer remitió un nuevo escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGJP) para suplicar "una respuesta judicial urgente" ante el "grave deterioro" del estado mental de su hijo, que le hace temer por su vida.

En el relato aportado por la madre se detallan además otros episodios ocurridos durante los últimos meses, desde desperfectos en la vivienda y los vehículos hasta cortes de suministros. La situación ha llevado a Chelo y su marido a evitar salir simultáneamente de casa para no dejar la vivienda sola.

Necesidad de apoyo

El calendario judicial contrasta con el deterioro de la situación descrito por los especialistas psiquiátricos que atienden al paciente, que advierten de la necesidad de supervisión, apoyo y una intervención terapéutica más intensa por su«elevado riesgo de reagudización». Desde que comenzó su seguimiento, el joven encadena una veintena de ingresos psiquiátricos. En junio, además, la psiquiatra del hospital planteó la necesidad de tramitarle un piso tutelado. La dificultad para encontrar plazas en centros residenciales es otro de los escollos que retrasan este tipo de procedimientos.

La familia ha recurrido durante este tiempo al sistema sanitario, a Servicios Sociales, a la Guardia Civil y al juzgado a la espera aún de una salida que permita compatibilizar dos objetivos: proteger el entorno familiar y conseguir para el paciente una atención estable que reduzca el ciclo de descompensaciones, ingresos y recaídas.

Antes del último episodio grave de agosto, la madre ya había trasladado por escrito al Ivass el pasado 23 de julio la urgencia de la situación y el empeoramiento que, según advertía, estaba experimentando su hijo mientras avanzaba el procedimiento de provisión de medidas de apoyo. En aquella comunicación señalaba que, después de contactar con el organismo el día anterior, se le había informado de que todavía no se había asignado ningún profesional al expediente, pese a que el juzgado había solicitado que se actuara con carácter urgente.

Chelo Alberola advertía entonces de que el estado de su hijo se había deteriorado respecto al descrito en los informes psiquiátricos incorporados al procedimiento. Explicaba que no había acudido el 14 de julio a recibir la medicación antipsicótica inyectable que tenía pautada y relacionaba este hecho con una posible descompensación clínica. Entre los episodios recientes relataba daños en las cámaras de seguridad de la vivienda, la colocación de un tornillo en una rueda del vehículo familiar y una llamada a la Guardia Civil con manifestaciones que atribuía a su proceso psicótico.

En el escrito, Alberola alertaba de una “escalada” de la conducta y recordaba que en episodios anteriores se habían producido amenazas contra la familia. Por ello pedía al Ivass que impulsara «con la máxima celeridad» la tramitación, trasladara las nuevas circunstancias al Ministerio Fiscal y al juzgado y adoptara las actuaciones que correspondieran dentro de sus competencias. La madre acompañó su petición de la providencia judicial y de informes de los psiquiatras responsables del seguimiento de su hijo.

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