La madre del Palomar que espera ayuda para su hijo denuncia un intento de agresión

La angustiosa situación que vive Chelo Alberola en El Palomar registró este viernes una peligrosa escalada después de Levante-EMV informara del retraso del procedimiento con el que esta profesora trata de conseguir medidas estables de apoyo para su hijo de 34 años como consecuencia del deterioro de su estado mental, acompañado de habituales e imprevisibles episodios psicóticos.

La madre del joven volvió a pedir auxilio ayer al 112 después que su hijo intentara acceder a la fuerza a su vivienda mientras ella y su marido permanecían en el interior. «Mi hijo está intentando atacarnos a mi marido y a mí. He llamado a urgencias pero no sé si llegarán a tiempo. Quiero que quede por escrito», comunicó Chelo en pleno episodio en el canal de avisos del Ayuntamiento del Palomar.

Según su relato, el joven -que reside en una casa aledaña a la suya- comenzó a golpear el ventanal y la entrada principal de la vivienda con una maza, mientras el marido de Chelo grababa la escena. Ante la imposibilidad de acceder por esa puerta, según explica la madre, dejó la maza junto a un bote de cloroformo en una mesa exterior y se dirigió hacia la parte posterior de la casa para intentar entrar por otro acceso.

A la llamada de auxilio acudieron seis guardias civiles, que se llevaron al joven al cuartel tras lo ocurrido. Éste no mostró resistencia. La madre interpuso una nueva denuncia y espera una llamada del juzgado de guardia hoy.

El ataque de violencia se produjo apenas unas horas después de que la profesora denunciara nuevos daños en su vivienda y en los dos vehículos familiares, cuyas ruedas aparecieron rajadas. Su marido encontró además un cuchillo sobre el techo de uno de los coches, que la familia considera que pudo ser utilizado para provocar los desperfectos.

Durante las horas anteriores también habían aparecido grandes piedras junto a la verja de acceso a la parcela, de forma que dificultaban su apertura. Chelo denunció igualmente la desconexión del suministro eléctrico y un intento de inutilizar la cerradura de la puerta principal.

Una sucesión de incidentes mientras sigue pendiente una solución

Los hechos se suman a varias semanas de episodios que Chelo Alberola viene poniendo en conocimiento de la Guardia Civil, los servicios sanitarios, el juzgado y el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass). La mujer lleva meses reclamando medidas estables de apoyo para su hijo, cuyo estado, según los informes médicos incorporados al procedimiento y el relato familiar, ha sufrido un importante deterioro.

A mediados de junio, el Tribunal de Instancia de Ontinyent dictó una providencia por la que trasladó las actuaciones al Ivass y planteó que el organismo autonómico pudiera asumir funciones como curador representativo o asistencial. La resolución reclamaba que las alegaciones se presentaran «a la mayor brevedad posible» y establecía inicialmente un plazo de cinco días. Sin embargo, más de dos meses después el procedimiento continúa pendiente. Desde el Ivass indicaron esta semana a Levante-EMV que todavía no pueden ejercer la función de curatela hasta que exista una nueva resolución judicial, prevista en principio para septiembre.

Los últimos incidentes llevaron a Alberola a contactar de nuevo este viernes con el Ivass. Según explica, el organismo le comunicó que existe una técnica jurídica vinculada al expediente, aunque todavía «no han aceptado el caso». Tras relatar la gravedad de lo ocurrido, asegura que le indicaron que la situación sería trasladada a la coordinadora responsable de la sección de Tutelas para estudiar qué actuaciones pueden adoptarse.

Petición urgente al CGPJ

La madre ha remitido además un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para solicitar una «respuesta judicial urgente» ante el agravamiento de la situación y el temor que asegura sentir por su seguridad. También ha vuelto a dirigirse al juzgado y al Ivass para incorporar los últimos hechos al expediente y reclamar que se acelere una intervención. Chelo había solicitado previamente una orden de alejamiento para su hijo y ha denunciado amenazas de muerte, daños en la vivienda, anteriores desperfectos en vehículos, cortes de suministros y ataques a los sistemas de vigilancia.

Los informes médicos incorporados al procedimiento habían advertido de la necesidad de supervisión, apoyo y una intervención terapéutica más intensa, así como de un «elevado riesgo de reagudización». El joven acumula alrededor de una veintena de ingresos psiquiátricos y una de las especialistas que lo atienden planteó en junio la conveniencia de tramitarle una plaza en un piso tutelado.

La familia insiste en que su reclamación persigue dos objetivos simultáneos: proteger su propia seguridad y conseguir una atención estable para el joven. El intento de acceder ahora a la vivienda por dos entradas distintas mientras la familia esperaba la llegada del 112 añade un nuevo episodio a un caso cuya respuesta judicial y administrativa definitiva continúa pendiente.