La Associació d'Arxivers Valencians denunció ayer que el reciente decreto sobre el Estatuto de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica excluye a los archivos públicos y a sus responsables de la gestión y custodia de los documentos electrónicos de las administraciones públicas valencianas, que queda como competencia del nuevo órgano.
La asociación destacó en un comunicado que no es un "tema baladí" porque "lo que figura en el articulado del citado estatuto prácticamente divide la gestión de documentos en dos compartimentos estancos, por una parte la de los electrónicos y por otra la del papel, que quedará bajo los archivos 'tradicionales".
Sin embargo, los archiveros subrayan que son ellos son los que se tienen que ocupar de la custodia y gestión de los documentos, sean electrónicos o no, porque son los competentes en materia de gestión de documentos según la ley de Archivos de la Generalitat.
"Los archivos públicos tienen entre sus competencias garantizar nuestra memoria social y los derechos de los ciudadanos", dijo la asociación, para la que no se hubiera llegado a esta situación si el Consejo Asesor de Archivos, renovado en 2010, funcionara.
