El museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia no tiene bastante con el bloqueo de las obras de reforma y se enfrenta ahora también al problema de los impagos. El más acuciante en estos momentos es el de la empresa de seguridad. Según ha podido saber Levante-EMV, la Generalitat adeuda más de dos millones de euros a la firma que tiene adjudicado el servicio. Como es habitual en esta crisis de financiación de las administraciones, quienes están sufriendo ya las consecuencias son los vigilantes de la pinacoteca, que acumulan retrasos en sus nóminas, según relatan. "Sabemos que están hechos polvo y no hay derecho", manifestó un empleado del museo a este diario, en solidaridad con este personal externo.

En este caso, en descargo del San Pío V, la competencia del pago a los proveedores no recae en el museo, sino en la dirección general de Patrimonio Cultural, dependiente a su vez de la conselleria que gobierna Lola Johnson. Este departamento confirmó el pasado viernes a Levante-EMV la existencia de un impago con la empresa de seguridad, pero rechazó comentar detalle alguno. "Se trata de retrasos en los pagos y se está trabajando para solucionarlos", señalaron fuentes de Cultura y Turismo.

La deuda de dos millones de euros representa aproximadamente el monto total del contrato anual para la seguridad del museo.

Como en las leyendas negras acerca de la Administración, la búsqueda del origen del problema lleva de una ventanilla a otra: del museo a Patrimonio Cultural y de ésta a la Conselleria de Hacienda. Según los datos recabados, antes de que finalizara la anterior legislatura ya se tramitó el pago a la contratista, pero el asunto quedó encallado, al no liberarse los fondos.

Amenaza de corte de luz en 2009

La situación es similar -a menos escala- a la que afecta a las farmacias, que han decidido un cierre patronal ante los reiterados retrasos en el pago de las medicinas.

El San Pío V tampoco es la primera ocasión que es víctima de los morosos sistemas de pago de la Generalitat. En el verano de 2009, Patrimonio recibió una notificación de la suministradora eléctrica en la que le apremiaba al pago de una deuda superior al millón de euros bajo amenaza de cortar la luz. En el caso actual, los empleados de seguridad consultados por este periódico lamentan que los responsables del museo no se impliquen en la solución del problema.

Por su parte, la delegación en Valencia de la empresa contratista declinó realizar cualquier comentario sobre la situación.