­Con los platós al ralentí, un futuro desconocido, ya que se habla de una próxima privatización, y la realidad del sector cinematográfico español en el aire, lo único cierto y tangible es la situación financiera del complejo cinematográfico de Alicante, Ciudad de la Luz, cuyas deudas ascienden a 180 millones de euros.

El faraónico proyecto impulsado en su día por expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana,—su coste rondó los 300 millones de euros y para su construcción trajo de Estados Unidos a un arquitecto especializado en estudios de cine—, dentro de esa filosofía personal de brillar costara lo que costara y que su breve sucesor, José Luis Olivas, aspiraba a convertir sus alrededores en un paraíso de apartamentos y hoteles, se encuentra sumido en una crisis financiera tan exagerada que pinta su futuro más negro que el celuloide de un rollo de película.

Las cuentas del complejo, que cada año destina cerca de un millón de euros a nóminas de su reducido personal y que tiene en el juzgado varios pleitos, el principal con la sociedad externa que gestionaba los estudios y que fue despedida, muestra una situación complicada de prever.

Así lo revela la propia auditoría de la Sindicatura de Cuentas que estima en 115 millones las deudas a largo plazo con asociaciones y empresas del grupo, once millones más de deuda a corto plazo, 54 millones a corto plazo y 8 millones a pequeños acreedores. Además, según el informe realizado sobre las cuentas de 2010, período que Ciudad de la Luz tenía como responsable a Elsa Martínez, persona de estrecha vinculación con el exconseller de Economía, Gerardo Camps, y cesada hace unos meses, el complejo tuvo en 2010 un déficit añadido de 28 millones de euros, una cantidad muy parecida a la que obtuvieron los estudios de Alicante un año antes.

«Mientras Ciudad de la Luz no genere excedentes económicos que permita su autofinanciación, el proceso de descapitalización continuado exigirá de crecientes aportaciones del socio único—la Generalitat en este caso— y de capitales ajenos para la continuación de la actividad», advierte el informe que cuestiona también el contenido de algunos contratos y convenios suscritos por los estudios de Alicante.

La fiscalización añade, además, que en en el balance de las cuentas de Ciudad de la Luz «existe una desproporción significativa» entre los ingresos y los gastos» y que este hecho ha provocado, un déficit de fondo de maniobra de 68 millones de euros, cantidad que le faltaría para poder afrontar pagos. Aún se desconocen las cuentas de 2011, pero visto el panorama.

Lo bien cierto es que Ciudad de la Luz nunca ha tenido un peso específico en su sector ni ha logrado despegar desde su puesta en marcha como era lo deseado. Ha sido un pozo sin fondo de engullir millones.

Sentó un mal precedente cuando decidió subvencionar a las productoras que acudieran a rodar en sus instalaciones, algo que fue incluso cuestionado por la Unión Europa tras una serie de denuncias de otros estudios que lo consideraban competencia desleal y mala práctica.

Aportaciones a algunas películas fue puesto en duda también por los propios auditores de la Generalitat. Sin ir más lejos, la película Manolete recibió una subvención de la Generalitat de 4,7 millones. La película permanece en el olvido, sólo es posible acceder a ella a través del vídeo, aún tiene pleitos pendientes y, lo peor, nunca llegó a estrenarse

¿Dónde estaba el consejo de administración?

¿Dónde estaba el consejo de administración de Ciudad de la Luz? ¿Quién supervisaba las decisiones de su dirección o daba el visto bueno a los acuerdos?

Son preguntas que deja en el aire el informe, pero una de ellas sí la denuncia claramente la Sindicatura de Cuentas y casi la contesta al desvelar que durante 2010 sólo se produjo una reunión de su máximo órgano de gestión, cuando los estatutos obligan a una reunión al menos cada tres meses. Las actas lo ponen de manifiesto, viene a subrayar la Sindicatura sobre el complejo vinculado a Grandes Proyectos, entonces en manos de Gerardo Camps.

Por no hacer referencia a otro asunto dudoso: el contrato por 3,5 millones que firmó Ciudad de la Luz con la productora de Gerardo Herrero omitiendo los principios de publicidad y concurrencia. El acuerdo establecía el rodaje en el complejo de Alicante de entre cuatro a ocho obras anuales, cuando la competencia en este tipo de convenios estaba desde 2009 en manos del Instituto Valenciano del Audiovisual (IVAC). Según la Sindicatura, en 2009 y 2010 se modificaron varias veces los contratos para adaptarlos a las convocatorias del IVAC.