17 de agosto de 2012
17.08.2012

La empresa de las visitas guiadas a los museos de Valencia debe varias nóminas

El empresario atribuye el problema a la anulación de casi 25.000 visitas de escolares y confía en salvar el proyecto

17.08.2012 | 03:28

Disbauxes i Naumàquies SL, la empresa que gestiona las visitas guiadas y la atención didáctica en siete museos de Valencia -la Lonja, el centro arqueológico de l'Almoina, Museu d'Història, Museo de la Ciudad, Cripta de San Vicente, Museo de Ciencias Naturales y Palacio Real (Viveros)-, mantiene deudas desde hace varios meses con los empleados de este servicio (11), que han llevado a estos a trasladar la situación a la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Generalitat, que celebró un acto de conciliación el pasado 2 de julio, al que la empresa no se presentó. De los 11 profesionales que se ocupaban del servicio cuando este fue adjudicado a la citada firma en noviembre de 2010, la mayoría ha optado por rescindir su contrato a causa de los impagos. Las plazas han sido cubiertas por otros, de forma que las actividades no se han resentido ni están en peligro, asegura la empresa.
De acuerdo con la documentación en el SMAC, los impagos se inician en noviembre de 2011 y en mayo la deuda alcanzaba cantidades de 5.000 a 7.000 euros (brutos) a buena parte de los denunciantes.
El administrador de la firma, Evarist Caselles, afirmó a Levante-EMV que ha resarcido parte de esas nóminas y que, aunque existen retrasos, "voy pagando y la voluntad es pagar y continuar con el proyecto". Calcula el monto total de la deuda en 34.000 euros y las mensualidades impagadas en tres, cifras que algunos empleados elevan considerablemente.
Caselles atribuye especialmente "la falta de liquidez" a la decisión de los consejos escolares a partir de principios de 2012 de anular actividades como respuesta a los recortes. Desde entonces, asegura, se han cancelado 24.445 visitas de alumnos previstas. No obstante, los problemas con el personal se retrotraen a unos meses antes de ese momento.
El empresario niega cualquier responsabilidad del ayuntamiento, que no paga nada por el servicio (al contrario, la adjudicataria le ha de abonar el 8 % de los ingresos por las visitas). Los empleados consideran, sin embargo, que tiene una responsabilidad subsidiaria ante "el drama" que algunos de quienes trabajan en sus dependencias viven.

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