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La presentación de la Associació Valenciana d'Usuaris de la Sanitat reunió a numerosas plataformas ciudadanas. Xema Toribio, portavoz de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants y coordinador de Psicólogos Sin Fronteras, destacó que desde el 1 de septiembre "las personas irregulares no tienen derecho a la sanidad salvo en caso de emergencia y de parto. Es un ataque a los Derechos Humanos, a la sanidad y al derecho a la vida". Toribio advirtió que "desde la entidad que representa se va a hacer un seguimiento y si se produce una desatención, denunciaremos a la conselleria. La nueva ley ha generado un gran desconcierto entre los inmigrantes, un colectivo muy vulnerable y desinformado".
Matías Alonso, de la Comisión Cívica por el Retorno del Hospital La Fe a Campanar, afirmó que "el Partido Popular siempre ha sabido lo que quería hacer con la sanidad pública, por eso de las promesas sobre los futuros usos de La Fe de Campanar no hay nada. Un barrio entero, toda la zona norte de Valencia que afecta a 340.000 ciudadanos, ha sido víctima de un abuso de confianza". Alonso recordó los movimientos especulativos de terrenos en Malilla, donde está el nuevo hospital, las 500 camas menos y su mala comunicación. En cambio, "a la Fe de Campanar llegan cinco líneas de la EMT, una de metro y tiene al lado la estación de autobuses".
Doménech Bernat, de Facua-Consumidores en Acción, críticó al gobierno al querer ilegalizar su organización por lanzar una campaña contra la privatización de la sanidad. "Ahora son los inmigrantes irregulares, pero mañana serán los parados de larga duración los que serán excluidos de la sanidad pública", anunció Bernat. También participaron la Asociación para la salud integral del enfermo mental (Asiem), Plataforma por la sanidad pública en Xirivella, AVV d'Orriols-Rascanya y Asociación de personas en situación de Dependencia y Cuidadores (Avadec), entre otras.
