Radiotelevisió Valenciana (RTVV) decidió el pasado 28 de agosto modificar el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado un año antes y salvar a 186 técnicos del despido para "evitar el fundido a negro". Ese día emitió un comunicado en el que defendía que la decisión cumple "estrictamente con la legalidad y contó con el asesoramiento de Garrigues", el despacho contratado -por 125.000 euros- para el apoyo y la defensa judicial del ERE. El propio vicepresidente del Consell, José Císcar, invitó poco después a los periodistas a pedir a la directora de RTVV, Rosa Vidal, el informe jurídico en cuestión. La respuesta de un portavoz del ente público fue que no había uno, sino varios, y que no se podían airear porque estaban sub iudice.

El enigma en torno al respaldo jurídico a la decisión sobre la repesca de los 186 técnicos no ha hecho sino crecer. A día de hoy, queda ya claro que no hay un dictamen como tal.

Sí hay, no obstante, un escrito jurídico del despacho Garrigues enviado a Vidal el 30 de julio, un día antes de que el consejo de administración aprobara que los 186 empleados se quedaran en la empresa en forma de prórroga del ERE. Pero, en contra de lo que cabría pensar, este bufete no da carta blanca a la directora de RTVV para alterar las cifras de despedidos, sino que advierte de las consecuencias que la medida puede acarrear.

Así, el documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, subraya el "riesgo que puede conllevar el que el procedimiento de despido colectivo no sea ejecutado en los términos negociados durante el periodo de consultas". Esto es, tal como fue comunicado a la Autoridad Laboral el 22 de agosto de 2012, tras el mes obligatorio de diálogo con el comité de empresa y que se zanjó sin acuerdo con los trabajadores.

El problema de variar estos téminos -suponían 1.198 despidos- "es que implica asumir unos riesgos elevados de que los tribunales acaben anulando el ERE", añade en otro momento el escrito de Garrigues, de varios puntos y páginas de extensión.

E insiste, refiriéndose en concreto al órgano judicial que ha de resolver los recursos contra el ERE de RTVV: "Debemos recordar que el riesgo jurídico de no ejecutar el despido colectivo en tales términos es que el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia valenciana) pueda declarar la nulidad de todo el despido colectivo".

El principal argumento que los juristas del despacho asesor esgrimen son las sentencias previas de la Audiencia Nacional (de 20 y 21 de junio de este año) contra el despido colectivo realizado en otra entidad de la Generalitat, Vaersa. En ambos casos, el ERE fue declarado nulo, recuerda Garrigues, y "sus razonamientos son plenamente aplicables".

Los juristas externos alertan así a Rosa Vidal de la posibilidad de que el TSJ se acogiera a la doctrina sentada en estas resoluciones de la Audiencia Nacional "y declarara la nulidad del proceso sin tomar en consideración ninguna de las circunstancias concurrentes". Estas son la falta de técnicos para mantener las emisiones al haberse retrasado los concursos para la privatización de algunas áreas.

La filosofía de las sentencias citadas de la Audiencia Nacional es que "medidas no debatidas en el periodo de consultas plantean interrogantes sobre la buena fe negociadora de la empresa", según apunta Garrigues.

Un día después de esta opinión jurídica, el consejo de administración de RTVV presidido por Vidal aprobaba rescatar a 186 técnicos incluidos en ERE para garantizar las emisiones. Entonces, la repesca se planteó como temporal (hasta el 31 de diciembre) y condicionada a una consulta a la "autoridad laboral".

Esta, representada por el director general de Empleo de la Generalitat, Rafael Miró, respondió días después -y tras consulta a la Inspección de Trabajo- que no le correspondía pronunciarse. La dirección de RTVV decidió entonces dar carácter definitivo a la "desafectación" de 186 trabajadores del ERE.

Fuentes de RTVV aseguraron ayer a este diario que han existido "muchas consultas" y "distintos informes" antes de la determinación final, que se adoptó "en consenso" con Garrigues, con cuyos representantes se mantuvieron "varias reuniones".

Según ha podido saber este diario, Vidal ha utilizado dos informes técnicos sobre las necesidades de personal, uno realizado internamente y otro por la Universidad Politécnica. Sobre el propio, el bufete asesor advirtió que "podría ser interpretado como una revisión del modelo [de televisión]" planteado en el ERE.