El CVC recibió ayer la visita de representantes de los grupos parlamentarios para explicar su postura sobre la reforma legal que pretende reducir a la mitad la composición de esta y otras entidades consultivas. Acudieron diputados de PSPV, EU y Compromís, pero no del PP. El presidente del CVC, Santiago Grisolía, explicó que estaban invitados, pero que habían justificado su ausencia porque "están de acuerdo con lo que se propone".
Si lo que se vio ayer en el CVC sirve como anticipo de lo que sucederá en las Corts, el Gobierno de Alberto Fabra lo va a tener más que difícil para sacar adelante la reforma de las entidades consultivas. Este cambio necesita de mayoría cualificada (tres quintos de la Cámara) para ser aprobado y los tres grupos de la oposición manifestaron ayer su desacuerdo total con la Generalitat.
Antonio Torres (PSPV) dijo que el PP "se ha aprovechado de la indignación generalizada para romper consensos de hace años" y rechazó el argumento de la austeridad como motivo para el recorte. Para ahorrar, aconsejó reducir asesores y altos directivos de empresas públicas. Por su parte, Esther López (EU) anunció una enmienda a la totalidad sobre la propuesta del Consell, que calificó de "cortina de humo" destinada a disminuir "la pluralidad". Enric Morera (Compromís) invitó a recortar en "altos cargos, enchufados y cocineros" para ahorrar, pero no en "autogobierno o bienestar". a. g.valencia
La arqueología fue la protagonista del pleno de ayer del Consell Valencià de Cultura (CVC). La institución dio luz verde a la declaración como bien de interés cultural (BIC) del yacimiento del Monastil de Elda, pero, sobre todo, aprobó por unanimidad un informe que denuncia la precaria situación actual de la arqueología valenciana después de la "explosión" de los últimos veinte años.
Igual que se pinchó la burbuja inmobiliaria sucedió con la arqueológica. De estar en marcha hasta 800 excavaciones simultáneamente en el territorio valenciano y de faltar profesionales, se ha pasado a una "paralización en seco" de la actividad, al mismo ritmo que se detenía la obra pública, el urbanismo y la construcción privada.
Pero no ha sido solo responsabilidad de la arqueología "de salvamento" -los estudios necesarios para edificar en centros y enclaves históricos-, sino también de la "programada". Esta depende de la inversión pública y el documento del CVC subraya que la partida para excavaciones arqueológicas lleva dos años eliminada de los presupuestos de la Generalitat, de forma que la responsabilidad se ha trasladado oficiosamente a diputaciones y universidades.
El órgano consultivo subraya que cada intervención arqueológica produce de 200 a 300 cajas de material histórico y que el parón en la inversión ha provocado así que "miles de cajas" permanezcan hoy sin catalogar.
Al mismo tiempo, denuncia, que "hay muchos yacimientos desatendidos" por falta de presupuestos. Estos, añade, deberían ser al menos protegidos "para volver a ellos en el momento que sea posible". Cita los de la Serreta, Llíria, Sagunt, la Vila Joiosa, El Campello o la villa romana de Lucentum (Alicante), entre otros. "Es un buen momento para protegerlos o se deteriorarán", afirma.
Para la elaboración del informe han sido fundamentales las consideraciones de la catedrática Carmen Aranegui y del director del Museo de Arqueología de Alicante (MARQ), Manuel Olcina, que comparecieron ante la comisión de Legado Histórico del CVC.
El documento concluye con la recomendación a la Generalitat para recupere la partida de investigación arqueológica y pide que se busque una solución para evitar el deterioro de las excavaciones paradas. Asimismo, invita a impulsar la arqueología subacuática, hoy en día "totalmente parada" y a gestionar subvenciones internacionales para relanzar la actividad en general.
Por otra parte, el presidente del CVC, Santiago Grisolía, comunicó que ha escrito a Carles Santos para recordarle el "deber" de participar en las reuniones y trabajos del órgano. Santos -consejero por el PSPV- no aparece desde que tomó posesión.
